Madrid, España. Los ciudadanos no confían en la Justicia. En el
último barómetro del CIS sobre confianza en las instituciones, el Tribunal
Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial suspendieron con poco
más de un tres y medio. Bien porque es lenta, bien porque es costosa o
simplemente porque cada sentencia resuelve el problema con un vencedor y un
vencido, el propio presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner,
se ha sumado a las voces que piden que la Justicia se modernice para recuperar
una confianza que se les deshace con cada decisión judicial cuestionada fuera
de los tribunales.
Esa confianza es la idea en la que se basa la mediación, otra
forma de enfrentarse a los conflictos alternativa a la judicial en la que las
partes son quienes resuelven sus diferencias, con ayuda de un mediador neutral,
objetivo e imparcial, de manera confidencial y voluntaria. La mediación es ya
una realidad en Europa y en España, aunque algo tarde, empieza a soñarse. La
Directiva Europea 2008/52/CE forzó al Gobierno español a subirse a un tren que
se le escapaba y que, sin embargo, ha despertado el entusiasmo de magistrados,
abogados, notarios, trabajadores sociales, psicólogos y los propios mediadores,
que abogan por hacer el sueño realidad y por contagiar ese entusiasmo a los
legisladores, pues la voluntad de las fuerzas políticas tiene siempre la última
palabra.
Durante dos intensos días el emblemático Caixa Forum de Madrid
ha albergado a las máximas autoridades, expertos y profesionales del sector
para la celebración del III Simposio Tribunales y Mediación, de la mano del
Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España (GEMME). Entre las
promesas de los legisladores y el escepticismo de los profesionales, las
conclusiones a las que ha llegado el Simposio parecen claras: aunque en el
último vagón, se está en la vía adecuada. Quizás lo necesario sea empezar a
fijar destinos y fechas de llegada.
Una nueva «Cultura de Paz»
«La forma tradicional de enfrentarnos a los conflictos está
siendo superada por la realidad social. Hace falta otra respuesta más allá del
litigio, que sean las propias partes las que solucionen sus problemas». Son
palabras de Lourdes Arastey, presidenta de la rama española de Gemme. No hay
otra forma de entender la mediación que no sea desde la Administración de
Justicia, porque la mediación es otra forma de hacer justicia.
Desde la Asociación Española de la Mediación (Asemed) definen la
mediación como una forma de fomentar la «cultura de la paz». «El procedimiento
es más rápido, menos costoso y son las partes las que arreglan sus diferencias
por lo que su relación continúa en el futuro», apuntan a ABC.
De hecho, la mediación resulta un 76% más barata que la justicia
ordinaria y se demuestra cinco veces más rápida, según datos del Banco Mundial
elaborados a lo largo de 2012 y que dieron los organizadores del Simposio, que
añaden que los conflictos se resuelven en una media de 88 días, frente a los
548 que necesita la resolución judicial de media.
La Ley 5/2012 de Mediación civil y mercantil es el texto nacido
de la imposición europea, el reconocimiento del legislador de que la mediación
es necesaria y un marco para regularla, al menos en algunos de sus ámbitos.
Lleva un año de vigencia, pero aún no ha sido aprobado el Real Decreto que debe
desarrollarla. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en el
Simposio su aprobación «en breve», aunque se resistió a fijar fecha.
Uno de los impulsores de la mediación desde el Ministerio de
Justicia es Julio Fuentes, subdirector general de Política Legislativa. Para
él, la Ley de 2012 cumple un doble papel porque ha establecido un régimen
general flexible pero que da seguridad jurídica a la mediación. «Asegura los
efectos de la mediación ante los tribunales», indica.
La ley supondrá que siempre que un ciudadano acuda a un juzgado
por un asunto civil, sea informado por el juez de que existe la mediación como
vía alternativa para resolver dicho conflicto, explica Fuentes. Que no haya
proceso sin que se haya abierto la posibilidad de una mediación previa.
La ley acaba de echar a andar, pero la mediación española no es
tan joven. La primera escuela de mediación en España llegó en el 83, existen
profesionales con más de cuarenta años de experiencia y en el ámbito de la
mediación familiar, por ejemplo, la primera ley, aprobada en 2001, comienza ya
su adolescencia. Algunas comunidades autónomas van incluso camino de la madurez
(13 de ellas cuentan con su propia ley de mediación familiar).
La labor principal ahora es la información. La mayoría de los
ciudadanos ni siquiera conocen esta opción alternativa al pleito y mucho más
ventajosa para ellos. Y son los jueces quien en tienen en esta tarea el papel protagonista.
Quién es Mediador
Uno de los puntos calientes de la nueva legislación es regular
quién está capacitado para ejercer la mediación. Para ser mediador es necesaria
una formación específica además de un título superior, como señala Fuentes,
pero en lo que parecen no ponerse de acuerdo es en sí primará la formación o la
experiencia.
Según el modelo anglosajón, el mediador necesita una formación
eminentemente práctica y de una duración corta, de entre 40 y 50 horas, pero
ello choca con lo que se viene haciendo en España y con la apuesta del Consejo
de Estado, que determinó que eran necesarias más horas. «El problema es que se
podrían quedar fuera del mercado mediadores que ya están funcionando, y muy
bien», que no han recibido muchas horas de formación académica, pero que
cuentan con la que otorga la experiencia. Será el futuro Reglamento el que
resuelva estas cuestiones, en función de lo que permita la Directiva
comunitaria. El Decreto del Gobierno creará un Registro de Mediadores e
Instituciones de Mediación, como preveía la Ley, que recogerá la especialidad,
formación, experiencia y ámbito de actuación territorial de cada mediador.
La mediación es una profesión femenina plural. Entre quienes la
ejercen hay más «ellas» que «ellos». Sin embargo, entre quienes tienen poder de
decisión en el ámbito jurídico priman los hombres. Además del propio ministro
de Justicia, los presidentes del CGPJ, del Consejo General de la Abogacía o del
Consejo General del Notariado son todos hombres. Como en la mayoría de
profesiones, las mujeres la ejercen desde abajo, pero los hombres desde arriba.
La mediación es aplicable a muchos campos, aunque en España no
está implantada en la mayoría de ellos. Fuentes considera fundamental que el
mediador «conozca el sector en el que actúe. El mediador para todo no existe»,
señala.
¿Cuestión de ley o de
cultura?
Víctor y Emilia se divorciaron. Tras un calvario de vistas
orales y reuniones con abogados, Emilia ganó el pleito. Dos meses y medio
después, acudieron a la mediación para resolver sus diferencias. Pese a que la
sentencia determinaba vencedores y vencidos, no había resuelto el conflicto de
fondo: que Emilia y Víctor eran incapaces de comunicarse, pero solo necesitaban
a alguien que les recordara cómo hacerlo. Encontraron su propia solución a sus
problemas; llegaron a un acuerdo. No es el único caso de mediación después del
litigio. «La mediación acelera el proceso, pero sobre todo permite el control
de la solución», señala Fuentes.
En este Simposio, hubo quien, como el exministro Manuel
Pimentel, defendía que hacía falta una «cultura de la mediación», que la ley no
cambia esa cultura, sino que tendrá que ir asentándose poco a poco y calando en
la sociedad.
Pero también hubo quien, por el contrario, defendía que son las
leyes las que hacen cultura. Valiéndose de la ley antitabaco, que sirvió para
establecer nuevos hábitos para los fumadores, el notario Fernando Rodríguez
Prieto defendió que de la voluntad del legislador habría de surgir esa nueva
cultura de paz. «El impulso real a la mediación tiene que venir de las
autoridades políticas; tenemos lo que tenemos, políticos mediocres incapaces de
mirar a otros países y aprender. Esa falta de creatividad de políticos la
tenemos que suplir los profesionales con el doble de esfuerzo», sostuvo durante
su intervención en el Simposio.
Aún no hay regulación concreta y aunque el gremio espera mucho
de los Reglamentos pendientes de aprobación, también coinciden en que falta
confianza. Confianza de Gobiernos que realmente aprueben medidas que den el
impulso definitivo a esta nueva forma de resolver conflictos, no sólo porque
ayudará a desatascar juzgados, sino porque realmente es un método efectivo y
que ofrece muchas más ventajas para las partes. Confianza de los ciudadanos,
que acudan al mediador como lo hacen con su médico de cabecera: confiados en
que su formación les permitirá encontrar la cura a sus problemas.
Confianza y medidas como incluir, quizás, algunos de los campos
de actuación de la mediación dentro de la Ley de Justicia Gratuita, como ya
vienen haciendo algunas comunidades autónomas. «En Canarias, por ejemplo,
algunas asociaciones están haciendo una gran labor», señala Fuentes. El
funcionario del Ministerio de Justicia reconoce en este punto que el
asesoramiento en mediación está incluido de forma gratuita, pero no así las
diferentes sesiones, que se imparten de forma privada y que suponen un coste de
unos 60 euros cada una. Que haya mediadores de oficio, del mismo modo que hay
letrados de oficio, que permitan que personas sin recursos puedan escoger la
opción de la mediación frente a la vía judicial es sin duda otra de las ideas
que rondaron entre los expertos que se dieron cita en el Simposio, como se hace
ya en otros países vecinos.
La mediación en España es todavía una actividad privada y el
objetivo que baraja ahora el Gobierno es obligar a los juzgados a que informen
de la existencia de ésta, pero no se incluirán mediadores en los juzgados,
salvo en aquellos que ya los hay y deseen mantenerlos.
A la cola de Europa
Asemed sostiene que España va a la cola de Europa. «Francia
tiene 16 millones de habitantes más que España y tres millones menos de
procedimientos judiciales gracias a la mediación». Sin embargo, elogian la
labor de quienes, como Fuentes, la impulsan desde el Ministerio de Justicia.
«En el último año se han dado pasos muy importantes con la creación de
asociaciones que apoyan y vertebran a los mediadores», indica.
Durante las conclusiones del Simposio, la presidenta del Comité
Científico y profesora de la Universidad de Barcelona, Elena Lauroba, insistió
en que lejos de ser un congreso jurídico, en el simposio predominaron «la
puesta en común de diferentes experiencias». Buscar criterios para unificar las
prácticas que se vienen desarrollando en las distintas comunidades autónomas.
«La ley tendrá que dar una solución real» a la mediación en
España, señala el subdirector de Política Legislativa. La esperanzas están
puestas en los nuevos decretos. Mientras tanto, los profesionales siguen
apostando por la mediación y buscando las mejores cartas. Hay mucho en juego.
Abc.es. 30/10/13
