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1318. El por qué de los conflictos medioambientales y mineros en el perú y cómo prevenirlos

“Hay muchos recursos sin uso que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad […] o por la ley del perro del hortelano, que reza: ‘Si no lo hago yo, que no lo haga nadie”
 -Alan García
Presidente del Perú, 28 de octubre de 2007
Con esta frase de un ex Presidente del Perú, iniciamos un viaje de retroceso a épocas superadas, donde los encomenderos y otros conquistadores impusieron su voluntad a sangre y fuego, por la entonces codicia por el oro y la plata, que eran metales de gran valor para estos grupos.
Los habitantes de las tierras andinas o amazónicas llevan miles de años en las zonas donde se hallan, inclusive mucho mas antes de la formación del imperio Incaico, así los aguarunas- Huambisas y achuares, pueblan la Amazonía desde hace 4 mil años.
En la historia del contacto entre dos pueblos siempre existe un antes y un después, así es necesario recordar como símbolo  lo que acontecía en forma similar en todos los pueblos andinos antes de la llegada de los españoles y que todavía, pese a la represión e intentos de desaparecer se proyectan hasta el presente,  así deberíamos dimensionar el colectivo de resolución de conflictos denominado “Camachico”,  un sistema  de  asamblea   popular, en donde las mujeres  y los Hombres del Ayllu (comunidad) se reunían para debatir públicamente sus problemas políticos, económicos y sociales.... y para ser consultados .....” (1)  Un precedente de las formas preventivas y resolutivas de conflictos mediante el diálogo directo y la oralidad, donde todos escuchan a todos
Algo que demuestra la sabiduría andina y de todos los pueblos originarios de América proyectada al presente en la solución de los conflictos es el término  “chaupi” y que alude al justo medio. Pues creía el sacerdote español Holguín “que los quechuas aman la conciliación de opuestos y valoran a quien logra colocarse al centro, para conducir al todo” (2)
Frente a todo ello, la lamentable “conquista española (1531-1536) constituye un factor de ruptura en el proceso histórico de las regiones andinas. Un acontecimiento que puso fin a un largo período de desarrollo autónomo y que marcó el inicio un largo período de devastadora presencia hispánica en los Andes cuyas consecuencias aún se puede percibir en la actualidad” en la falta de responsabilidad social demostrada por las nuevas empresas americanas, inglesas, hasta chinas ( 3) siendo esto cierto, porque el medieval pensamiento del entonces Presidente de la República Alan Garcia expresado en su artículo titulado “El perro del Hortelano”: “tierras ociosas, porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de  lo  que  se  beneficiaría  también  el  comunero” (4) , es  la misma fórmula aplicada durante toda la colonia y la república con resultados nefastos de genocidio, mas empobrecimiento, contaminación de personas, tierra, fuentes de agua y aire, la misma que nunca ha resultado en nada bueno para beneficio de las comunidades. De hecho este pensamiento de Garcia se semeja al del teólogo español Juan Gines de Sepúlveda, quien en el siglo XVI Escribía en su obra “La Justa Causa de la guerra contra los indios” defensa de la guerra, conquista, servidumbre y explotación de los indios “ ...por naturaleza bárbaros, incultos e inhumanos....Imperio que les traería grandísimas utilidades”(5)
Desde aquellos tiempos hallamos esa forma de división o segregación pues en muchos casos encontramos una tenaz y persistente actitud tradicionalista que creó la conocida “imagen de las dos "repúblicas" bajo un mismo sistema colonial, una "de los españoles" y la otra "de indios". Una dualidad que aún hallamos en los dos últimos siglos republicanos” (6)
La visión de los pueblos originarios al margen de un romanticismo jusnaturalista tiene un sentido real para una verdadera praxis de respeto mutuo, pues esa visión trata de neutralizar el conflicto fomentando la hermandad entre los hombres y entre estos en relación a su madre tierra (pachamama), los lagos, ríos, especies animales y vegetales presentes sobre la misma.
La irracional explotación de tales elementos, considerados simples recursos naturales desde el punto de vista occidental por parte de minorías criollas o acriolladas que se han hecho del Poder Político en alianza con grupos económicos extranjeros desde la llamada Independencia, primero ingleses, luego norteamericanos y de otras naciones inclusive chinos, ha significado también un daño directo contra la vida, el cuerpo y la salud de las mayorías indígenas explotadas cual esclavos en el trabajo forzado en las minas y en la explotación de minerales en la colonia, originando terribles genocidios, debido al esclavismo ( expresado en el trabajo forzado en las minas a través del sistema de las  mitas), de tal modo que en 1650, cuando el Virrey Palata hace un censo, la población indígena “se había reducido a medio millón…cálculos sobre cálculos basados en regresiones sobre los censos españoles que indican la existencia de 12 millones en el esplendor del Tahuantinsuyo, antes de la conquista” (7) , a ello habría que añadir el abuso y contaminación de sus tierras por parte de estas minorías que actuando de una falsa, irreal y única “nación peruana” impuesta a todos los  demás grupos con sus propias costumbres, idiomas, danzas y lenguas, visión no compartida por muchas minorías occidentalizadas de empresarios peruanos, vinculados a empresas extranjeras, quienes no intentan comprender la visión andina de hermandad entre el hombre y su entorno.
El desconocimiento de la existencia de una identidad propia de estos grupos que habitan en terrenos que el gobierno quiere seguir entregando a la explotación foránea, así como el hecho de ignorar, sus derechos ecológicos, económicos mínimos
Argumentando que les darán empleo y que dichos territorios le pertenecen al estado, a todos los peruanos y no solamente a ellos. Una fórmula que ha  convertido ya varios territorios anteriormente poblados de diversas especies vegetales y animales en páramos yermos donde no crece una sola planta y que ha hecho de sus habitantes, pacientes incurables de hospitales de cáncer en sus diversas modalidades y de degeneración genética por el antimonio, el plomo y el cadmio.    hecho que a su vez genera conflictos ambientales relacionados a la contaminación de seres humanos y el entorno natural  y además esencialmente debemos considerar un hecho trascendental que genera el rechazo al dialogo y las desconfianza en las empresas mineras, por parte de las poblaciones andinas y que se origina en la escandalosa distribución de los beneficios y utilidades obtenidas, las mismas que en un ochenta a noventa por ciento van a parar a los bolsillos de las empresas extranjeras y al del elefantiásico y corrupto bolsillo gubernamental. De otro modo no se explica que Huancavelica, Cajamarca, Puno, Cuzco, Piura Cerro de Pasco, los departamentos más ricos en minerales, tengan niveles de pobreza que según el propio INEI  ( Instituto Nacional de Estadística e informática superen el 50%), esta pobreza afecta al 53% de toda la población rural peruana y la extrema pobreza llego en estas zonas a comprender al 19.7% de sus poblaciones, que en el caso de Puno se debe recurrir a la caridad (limosnas). (8).
Finalmente un hecho que agrava este panorama es que las empresas eludan su responsabilidad social empresarial al no implementar políticas de prevención de la contaminación o de lo contrario, habiendo producido daños ambientales, asumir el costo de descontaminar los territorios dañados. Hecho que raramente ha generado conflictos entre el gobierno peruano y estas compañías que se han retirado tranquilamente de las zonas de explotación minera agotada, luego de haber depredado llevándose intactas todas sus utilidades. Explicándose ello en las comisiones ilegales que reciben personalmente los funcionarios del estado al negociar con estas empresas.
Como recientemente se ha difundido en la IV Conferencia anticorrupción, realizada en Septiembre del 2013 por la Contraloría General de la Republica (9) donde se señala claramente que las empresas mineras y petroleras fomentan la corrupción Ha llegado pues el momento en que el rostro de la globalización se muestre en su parte humana y legal, difundiendo una verdadera cultura de la Paz, protegiendo no solo a los habitantes del país sino llegando a prevenir conflictos que ya dañaron y continuarán dañando a toda la humanidad, recordemos que el último pulmón del planeta se halla en la Amazonía
Actualmente debajo del manto falso de la unidad nacional y la igualdad de derechos entre todos los peruanos que se teoriza, en la práctica cotidiana existe una real situación de imposición de la minoría blanco – mestiza aliadas al capital de empresas mineras no socialmente responsables con relación a las mayorías nacionales indígenas o “cholificadas” ( con la mentalización de un mestizaje que supuestamente unifica), la realidad ha sido que el estado se ha alejado cada vez mas y mas de las necesidades de los peruanos del interior y que solo se preocupa de estas poblaciones cuando se trata de explotar los recursos explotables que se hallan en sus territorios. Un sistema legal y de telecomunicaciones represivo que parte por conveniencia de una interpretación anacrónica de la historia y falsas razones nacionalistas, ampara intereses económicos privados de las minorías, debajo de frases “patrióticas” y medidas sancionadoras, supuestamente “a favor de la legalidad”, atentando en realidad contra los derechos naturales de quienes son los habitantes indígenas de los territorios donde se implanta la minería o contra los de aquellos que de uno u otro modo han estado apoyando la causa indígena  Como lo manifiesta Carlos Ivan Degregori en una entrevista a la Asociación Ser.:“En el Perú hay un núcleo duro que desprecia lo rural e indígena.....siendo su mayor plasmación los artículos del Presidente García sobre el “perro del hortelano”. Es el regreso al Perú de los caucheros, donde se desprecia a los ciudadanos de los Andes y de la Amazonía” (10)
Frente a ello pensamos como preventores y resolutores de conflictos que una negociación sustentable debe partir de una real reconocimiento de derechos entre las partes componentes del mismo país, un reconocimiento mutuo de derechos y deberes por un lado y por otro lado extirpar el pensamiento y praxis racista que en forma irracional ha condenado a las masas indígenas a la pobreza y miseria. Un gobierno que encarne esa nueva voluntad de cambio y desarrollo equitativo negociando a nombre de las mayorías nacionales debe considerar que la prospección, explotación y administración de los yacimientos minerales por el inversor, debe realizarse partiendo de una real consulta previa, el aseguramiento y protección de los derechos a la vida y salud de la población, así como a un compromiso real de preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Finalmente una justa y equitativa distribución de utilidades que beneficien a los propietarios de las tierras de manera adecuada.
Citas
(1) Francisco Miro Quesada Rada “Democracia directa” editorial San Marcos 1995, p 69
(2) “400 años reformando el alma”, Antonio Zapata, Diario “La República” Lima 10/12/2008,p. 15
(3) http://www.fas.harvard.edu/~icop/manuelburga.html
(4) www.elcomercio.com.pe/.../el_sindrome_del_perro_del_hort.html -
(5) http://www.fas.harvard.edu/~icop/manuelburga.html
(6)  http://www.fas.harvard.edu/~icop/manuelburga.html
(7)Antonio Zapata “El origen de las haciendas”, en el diario “La Republica” 7/8/203 pag.5
(8) Asi van los índices de pobreza en el país , Diario “La Republica” 9/5/2013 Pag. 14
(9) Mineras y petroleras fomentan corrupción. Diario “La Primera” 29/9/2013. Pag. 25
(10 ) www.ser.org.pe
Freddy Ortiz Nishihara. Abogado conciliador, Licenciado en Administración, Capacitador principal en medios alternativos del Ministerio de Justicia del Perú, ponente internacional Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú y docente en varias universidades de Lima. Postgraduado en las universidades de Uppsala (Suecia), Escuela Latinoamericana de la universidad Complutense de Madrid, Univ. de Ciencias empresariales y sociales de Buenos Aires, PUC del Perú. Autor de " La Conciliación Extrajudicial " (editorial San Marcos 2000), " Relatos del sol naciente" (San Marcos 2000)" La Conciliación Extrajudicial en Perú" (editorial San Marcos 2003), "Conciliación Extrajudicial, Justicia Formal Y Arbitraje" (Jurista editores 2010). Director de CERECO PERU Observatorio de Paz y DDHH. Director Honorario de CERECO ESPANA en Perú. Miembro del Comité Científico de la revista MEDIATIO (Universidad de Sevilla). Miembro del Comité Científico y organizador del I y II congresos mundiales ODR.

1061. La importancia de fomentar la Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) para resolver las disputas territoriales en Indonesia

Yakarta, Indonesia. Hace ya tiempo que en Indonesia mantienen un acalorado debate sobre la falta de atención a los derechos de acceso público a los recursos forestales en las actuales modalidades de tenencia de los bosques. El papel de las comunidades locales y su acceso a los recursos naturales suele solaparse con los derechos concedidos a empresas del gobierno (estatales) y del sector privado. Hay grandes empresas que a la hora de explotar los recursos forestales han hecho caso omiso de los intereses de las comunidades que viven en los bosques y dependen de ellos para su subsistencia. Esta situación a su vez ha provocado conflictos sociales entre comunidades y dentro de una misma comunidad, entre las comunidades y el gobierno, y entre las comunidades y las empresas.
Los conflictos en torno a los recursos naturales se han hecho cada vez más frecuentes en Indonesia, desde la reforma y la aplicación de políticas de descentralización. Según informa la Agencia Nacional para la Tierra (BPN por sus siglas en indonesio), entre ella y la policía indonesia han atendido al menos 7491 conflictos relacionados con los recursos naturales. El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) registró 359 conflictos relacionados con los bosques entre enero de 1997 y junio de 2003. La mayor frecuencia de conflictos corresponde al año 2000, en que se registraron 153 casos, el 43% del total de casos registrados en esos 6 años. El porcentaje más alto, un 39%, corresponde a conflictos en bosques con plantaciones industriales, un 34% a conflictos en zonas de conservación (incluyendo bosques protegidos y parques nacionales), y un 27% a conflictos en concesiones forestales.
Sin embargo, la proliferación de conflictos relacionados con los bosques no se está abordando con métodos innovadores o alternativos de resolución de conflictos, sino que para mantener la paz en los bosques se está aplicando principalmente un enfoque represivo con mecanismos jurídicos/oficiales. Desde 2005 se han presentado infinidad de casos ante la Unidad de Respuesta Rápida de Política Forestal del Departamento Forestal (SPORC por sus siglas en indonesio), pero las disputas no son atendidas de manera eficiente y a veces en los juicios no se hace justicia.
Los conflictos por los recursos de los bosques son causados por no tener en cuenta los intereses de todas las partes implicadas: las comunidades, el gobierno y las empresas. La escalada de conflictos por los recursos naturales también se debe a la elección de mecanismos de resolución que no proporcionan un apoyo equitativo y aceptable a las partes implicadas. Si bien la opción que suelen elegir las partes con un fuerte respaldo económico y las necesarias redes de contactos es recurrir a los tribunales, los mecanismos oficiales de resolución de disputas pueden dejar a las comunidades locales en clara desventaja precisamente por esas razones. A menudo estas comunidades consideran que los procedimientos de los tribunales son muy lentos, propensos a la manipulación, largos e inevitablemente acaban con una parte ganadora y otra perdedora.
En cambio, con los mecanismos alternativos disponibles fuera de los tribunales las dos partes podrían intervenir activamente en la resolución de la disputa y acabar ambas ganando. Sin embargo, la resolución alternativa de conflictos (RAC) fuera de los tribunales sigue sin entenderse bien, todavía no ha sido aplicada sistemáticamente y aún no está disponible como forma institucionalizada de mediación. Las lecciones aprendidas en casos en los que se ha recurrido a la RAC aún no han sido sistemáticamente exploradas ni explicadas como pruebas empíricas que permitan entender mejor y fomentar su aplicación fuera de los tribunales. Para aprender más de los diversos problemas mencionados, Scale Up realizó un estudio de la aplicación de la RAC en las provincias indonesias de Riau, Jambi, Sumatra Meridional y Sumatra Occidental. Mediante entrevistas, observación y debates específicos se documentaron 24 procesos de RAC, y a continuación se exponen algunos elementos clave:
Conflictos en torno a recursos naturales
Se vio que en el origen de los conflictos en torno a los recursos naturales siempre había una o más partes compitiendo por un determinado recurso. Los problemas iniciales en las cuatro provincias examinadas en este estudio fueron:
1) El solapamiento de las políticas del gobierno y de los derechos consuetudinarios sobre los recursos naturales y su manejo
2) La falta de espacio político para aplicar una gobernanza equitativa de los recursos
3) El apoyo que el sistema oficial de tenencia de los bosques da al desarrollo de cultivos industriales y las plantaciones forestales
4) La falta de programas efectivos de desarrollo económico basados en las comunidades
La confusión en torno a los derechos consuetudinarios y de su distorsión, agravada por la mala gestión de los recursos es el resultado de:
1) El solapamiento de los derechos de propiedad sobre la tierra y los recursos de las comunidades y las empresas
2) La renuncia forzosa de las comunidades a su derecho a manejar los recursos naturales como resultado de las operaciones de las empresas
3) Las luchas por la tierra entre las comunidades
4) La falta de compensación a las comunidades locales por renunciar al manejo de sus recursos naturales
5) La expropiación de tierras una vez que se han concedido permisos para plantaciones
6) La poca tierra arable que queda a disposición de las comunidades
Estos factores son las causas subyacentes de los conflictos entre las propias comunidades, las comunidades y las empresas, y las comunidades y el gobierno.
Los conflictos por los recursos naturales en las cuatro provincias estudiadas se están intensificando. En Riau, por ejemplo, los conflictos no han dejado de aumentar durante los últimos cuatro años. En 2007 se registraron 35 conflictos en torno a los recursos naturales. En 2008 la cifra había subido a 96 casos. En 2009 se registraron 45 casos y en 2010 fueron 44. En Sumatra Occidental se identificaron 24 conflictos entre comunidades, empresas y el Gobierno entre 1997 y 2010. En 2010 el número de conflictos territoriales registrados en Jambi tan solo en el sector de las plantaciones llegó a 46, el número de conflictos entre comunidades y empresas a 31 y el de conflictos forestales a 30. La escalada del problema es confirmada por la creciente variedad de partes implicadas, desde comunidades a empresas, el gobierno y las organizaciones no gubernamentales.
El estudio de Scale Up también indicó que las perspectivas de dichas partes también influyen en la escalada y la intensificación de los conflictos en torno a los recursos naturales. Por un lado el Estado (el gobierno) piensa que la gestión de los recursos naturales debe llevarse a cabo a través de estrategias y sistemas de macro-gestión con el apoyo de potentes tecnologías a gran escala, con el fin de contribuir significativamente al desarrollo económico. Según este punto de vista, la participación de las comunidades iría dirigida a respaldar estos macro-objetivos defendidos por el Estado. Por lo tanto, cualquier acción que no contribuya a ese fin de hecho lo obstaculiza.
Desde esta perspectiva las empresas con un fuerte apoyo económico y tecnológico favorecen el macro-desarrollo rápido y eficiente. Por otro lado las comunidades y los activistas locales, como académicos y ONG, defienden que la gestión de los recursos naturales no se puede llevar a cabo sin la participación de la sociedad o sin reconocer sus propios conocimientos y usos de estos recursos. Esta perspectiva respeta, tiene en cuenta y honra los derechos de las personas a los recursos naturales y el papel de la sociedad en su gestión. Por lo tanto, hacen falta planes de gestión que protejan y aseguren los derechos de las comunidades.
La escalada de los conflictos en torno a los recursos naturales tiene consecuencias negativas para las partes implicadas y para los propios recursos, ya que los recursos disputados no reciben la debida atención y dejan de ser manejados adecuadamente. Las partes con redes establecidas, facilidad de movimiento, capital y autoridad tienen ventaja, mientras que las comunidades locales se ven sumidas en un conflicto social y sus derechos son violados. Los actos de violencia suelen provocar daños personales y materiales para ambas partes. Como consecuencia, el conflicto ya no está asociado únicamente a la lucha por la tierra y los derechos a los recursos naturales, sino también a la destrucción de vidas humanas y relaciones sociales.
Entender e institucionalizar la RAC
El estudio de Scale Up indicó que en numerosos casos se habían aplicado modalidades alternativas de solución de conflictos, y que dichas modalidades estaban basadas en deliberaciones iterativas y en la búsqueda del consenso mediante la negociación. Aunque las comunidades piensan que los mecanismos de RAC pueden restablecer las relaciones armoniosas entre las partes enfrentadas, ciertos activistas de ONG y algunos funcionarios del gobierno consideran que son arcaicos y anticuados.
A menudo las comunidades se muestran reacias o se niegan a recurrir a mecanismos judiciales oficiales, como puedan ser los tribunales, porque los procedimientos judiciales requieren un nivel elevado de recursos y conocimientos que muchas comunidades consideran que no tienen. El estudio de Scale Up mostró que a veces, cuando los procedimientos judiciales oficiales habían fracasado, las partes implicadas buscaron medios alternativos para llegar a un arreglo. El hecho de que con frecuencia los tribunales oficiales sean la primera opción refleja el desconocimiento de la RAC más que una preferencia genuina por el mecanismo oficial.
Sin embargo, si la RAC no se aplica correctamente, tampoco sirve para solucionar los conflictos. Es posible que no haya mediadores cualificados, que entiendan perfectamente en qué consiste la mediación y sepan aplicar sus conocimientos. A menudo los mediadores de las ONG se enfrentan al dilema de elegir entre la defensa de sus ideas y la mediación. Es posible que los organismos públicos que actúan como mediadores no sean conscientes del tipo o la función de mediación que más conviene en cada conflicto. Como consecuencia, la aplicación de los principios y las etapas de mediación es inadecuada. El principio que más se pasa por alto es el de la neutralidad del mediador. El mediador debe ser una persona en la que se pueda confiar, que haya sido elegida de común acuerdo por las dos partes en disputa. El abandono del principio de la neutralidad conduce inevitablemente a una mala resolución del conflicto y, en algunos casos, incluso lo agrava.
Al analizar los casos en los que se había recurrido a la RAC, Scale Up descubrió que las fuerzas que conducen al éxito de la mediación emanan del nombramiento de un mediador que haya sido elegido y aceptado por ambas partes. En los casos con un final positivo, el proceso de mediación incluye la gestión y supervisión de los acuerdos generados con la intervención de otras partes interesadas. En el caso de disputas entre comunidades, el éxito de la RAC se debe principalmente a la motivación de la comunidad para resolver la disputa mediante un proceso de deliberación. En el caso de disputas entre comunidades y empresas, el éxito de la RAC se debe al compromiso de la empresa con el proceso de mediación y a su apoyo financiero.
Beneficios de la RAC
Teniendo en cuenta los importantes puntos expuestos anteriormente, en esta sección se hacen recomendaciones para fomentar la RAC. Se podría hacer fortaleciendo el compromiso hacia la resolución de los conflictos, mejorando la capacidad y la formación de los mediadores, superando el dualismo de ganador-perdedor en favor de un resultado en el que ambas partes sean ganadoras, asegurando la validez de los resultados de los procesos de RAC y fortaleciendo la base jurídica de sus resultados.
El compromiso: los compromisos y las experiencias pasadas de las partes en disputa influyen en sus respectivos intereses. El compromiso de las comunidades está influenciado por las experiencias negativas que han tenido con las empresas y el gobierno. El gobierno tiende a aumentar su grado de compromiso con el tiempo pero no tiene claro su papel o función. El compromiso de la empresa se suele calcular en función de los beneficios que tenga como objetivo. El compromiso de las ONG con la RAC se ve debilitado por su dilema entre actuar como mediadoras, colaboradoras y/o defensoras en los procesos de RAC.
La capacidad del mediador: en la mayoría de los procesos de RAC exitosos, las partes llegaron a un acuerdo a través de la mediación de una tercera parte. Sin embargo, en muchos casos el proceso de mediación se estancó, entre otras cosas por la falta de capacidad y de preparación del mediador. El problema de la capacidad (en lo que se refiere a los conocimientos y las aptitudes del mediador) debe ser solucionado con formación y asesoramiento.
Los mecanismos duales: otro aspecto que merece la pena recalcar es la elección binaria que conlleva la resolución de disputas: la de los tribunales oficiales o la de la RAC. En general la resolución de conflictos lograda mediante procedimientos judiciales oficiales no produce resultados satisfactorios. En algunos casos se sigue simultáneamente una ruta judicial y una ruta alternativa. Cuando surge alguna confusión o ambigüedad sobre cómo proceder, el compromiso y la motivación de las partes implicadas debe ser reforzado, y ambas deben comprender y estar dispuestas a aceptar las consecuencias de su elección de mecanismo de resolución de diputas. Se les deberían explicar los incentivos y los beneficios de la RAC al principio.
La validez de los resultados: el estudio de Scale Up cuestiona la forma en que las partes evalúan y verifican la validez de la RAC. ¿El acuerdo entre las partes en disputa, alcanzado a través de mediadores, tiene validez jurídica? ¿Qué se puede hacer en los casos en los que una parte se niegue a cumplir lo acordado? ¿Qué validez tiene un acuerdo alcanzado a través de un mediador que no tiene las cualificaciones apropiadas? ¿Qué estatus tiene el acuerdo resultante si, al cabo de un tiempo, una de las partes decide llevar el caso ante un tribunal? ¿Cómo se pueden legalizar los acuerdos ante instituciones judiciales y autoridades del gobierno? Las dudas relacionadas con la validez de los acuerdos alcanzados mediante la RAC confirman lo importante que es que el gobierno y las ONG realicen esfuerzos más sistemáticos para apoyar la mediación sin el riesgo de que dichos acuerdos no sean verificados o garantizados.
La base jurídica: la base jurídica de la RAC se encuentra en la Ley número 30 de Arbitraje y Resolución Alternativa de Litigios aprobada en Indonesia en 1999. Esta base jurídica tiene que ser comunicada a las partes en disputa para convencerlas del mérito de este proceso. También se les debería proporcionar información sobre mediadores cualificados y los servicios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia (Kommas HAM). Asimismo, la intervención de las autoridades, por ejemplo el gobierno y el poder judicial, en los procesos de RAC debe ser abierta y transparente, de tal manera que las partes implicadas se sientan seguras de que la RAC es una elección adecuada para resolver sus conflictos.
Fuentes citadas:
1. Maring, Prudensius et al. Study on the understanding and practice of Alternative Dispute Resolution through the institutional mediation of conflicts over natural resources in the provinces of Riau, Jambi, South Sumatra and West Sumatera, Pekanbaru. Scale Up, 2011
2. Zazali, Ahmad. Natural Resources Conflict Resolution through Mediation Initiatives, Pekanbaru. Scale Up, 2011 (Solamente disponible en indonesio)
Ahmad Zazali. Director ejecutivo de Scale Up
Del sitio Ecoticias.com http://www.forestpeoples.org/ - ECOticias.com

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/62092/importancia-fomentar-Resolucion-Alternativa-Conflictos-RAC-resolver-disputas-territoriales-Indonesia

Tipos de Mediación



La Mediación puede ser aplicada para la solución de conflictos en diferentes materias atendiendo a necesidades específicas interviniendo en ella diferentes especialidades o de profesiones. Algunos ejemplos son:

Mediación escolar,
Mediación comunitaria,
Mediación multicultural,
Mediación judicial,
Mediación en las organizaciones o en las empresas,
Mediación en materia penal,
Mediación ecológica
Mediación familiar
Mediación tributaria,
Mediación en servicios de salud,
Mediación en materia de consumo,
Mediación en materia laboral,
Mediación efectuada por particulares,
Mediación en materia electoral,
Mediación inmobiliaria,
Entre muchas otras
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Revista Conexión Social

Universidad Autónoma de Zacatecas presenta: Panel del Día Internacional de la Paz

Mediación. Temas selectos

Cultura de Paz y Mediación

Negociación

Métodos Alternos de Solución de Conflictos de José Benito Pérez Sauceda

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Métodos Alternos de Solución de Conflictos: Justicia Alternativa y Restaurativa para una Cultura de Paz por José Benito Pérez Sauceda

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