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1326. El Mediador Concursal. Una figura introducida con la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

Madrid, España. Sumario. Siguiendo con los trabajos propuestos en torno a las modificaciones realizadas en la Ley Concursal por medio de la Ley 14/2013 de apoyo al emprendedor y su internacionalización, de 27 de septiembre, y una vez descritas las condiciones objetivos y subjetivas de la figura del Acuerdo extrajudicial de pagos, nuevo Título X de la Ley 22/2003, abordamos ahora el dedicado a esta nueva institución del mediador concursal.
1. El Mediador concursal. Un nuevo profesional en el marco económico forense español
El derecho español ha conocido importantes cambios en su ámbito económico en los últimos 30 años, desde el tributario hasta el marco mercantil. En ese contexto, el papel de los peritos y expertos en materias contables, de información y contenido financiero y patrimonial, han ocupado papeles cada vez más relevantes a la hora de resolver áreas determinantes de la justicia material. Las figuras del perito forense de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el auditor de cuentas, con su propia ley y desarrollo reglamentario, el experto independiente en el contexto del Registro Mercantil y los acuerdos de refinanciación, el administrador judicial y la vigente regulación de la administración concursal, son todas ellas figuras especificas que, de una forma u otra, cuentan con un estatuto jurídico propio, donde se regulan las condiciones y requisitos de competencia, instrucción, condiciones y experiencia, idoneidad, según el encargo a realizar, a la vez que las de capacidad, incompatibilidades y prohibiciones, la política retributiva, la responsabilidad profesional y la cobertura ante infracciones al ejercicio de las funciones asignadas y, en última instancia, la organización y explicitación de los colectivos disponibles.
Por su parte, la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ha introducido una nueva figura, la del denominado mediador concursal, que se inserta en dos coordenadas de referencia. En primer lugar es de obligada presencia ante la solicitud, por parte el interesado, deudor, de intentar un acuerdo extrajudicial pagos y, en segundo lugar, se configura a partir de una posible doble función, la del mediador especializado, dentro de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación y la del posible administrador concursal ante, en su caso, el nuevo instituto del concurso consecutivo del 242 LC ex novo. En términos literales así lo regula el artículo 233 LC tras su incorporación en virtud de la Ley 14/2013, con el tratamiento subsidiario de la explícita referencia, también novedosa, al experto independiente, del articulo 71.bis LC dedicado al experto nombrado por el Registrador ante los acuerdos de refinanciación de ese artículo, introducido por el artículo 31. Uno, de la Ley de 14/2013.
2. La posible doble función del mismo, Mediador en el acuerdo y administrador concursal
Aquí aparece una posible doble función no exenta de dificultades, porque tal y como se ha puesto de manifiesto en el debate parlamentario de la Ley 14/2013, véanse las intervenciones de Convergència i Unió o de Izquierda Unida al respecto, no parece que puedan conjugarse las funciones del mediador que, como recuerda la propia Ley 5/2012 y remarca en Dictamen del Consejo de Estado cuando se ocupa del desarrollo reglamentario de la misma, están sometidas al Código de conducta europeo para mediadores, de difícil armonización con las funciones y actuaciones en el caso de que se tengan que trasladar a la figura del administrador concursal, donde deja de ser una cuestión de simple buena fe entre las partes y de habilidades entre técnicas y emocionales, para convertirse en una parte beligerante del proceso concursal, como es el caso de la necesaria apertura de la sección de calificación, ya que el concurso consecutivo se inicia con la liquidación del concursado.
Ante este nada desdeñable posible conflicto, el legislador redacta el nombramiento del administrador concursal del artículo 242 LC estableciendo que, salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal, trasladando al mismo una carga de la prueba que puede ser de imposible conocimiento en la propia declaración del concurso consecutivo.
Sobre esta cuestión ya se han pronunciado, en un primer posicionamiento provisorio, los magistrados de lo mercantil de Madrid, en una reunión mantenida el 11 de octubre de 2013, coincidente con lo aquí expuesto en cuanto a los conflictos que se plantean entre el deber de confidencialidad del mediador y su posterior papel como administrador concursal, entendiendo los magistrados que esta nueva figura reúne una serie de especialidades respecto a la mediación común, pudiéndose derivar una exoneración legal implícita de dicho deber, pero sólo específicamente respecto de su posterior actuación como administrador concursal, y no en otros aspectos.
Sin embargo, aquí sería recomendable, desde el punto de vista del profesional, introducir salvaguardas del señalado deber de confidencialidad, en el sentido apuntado por los magistrados, y ello en la propia intervención que se formalice mediante acta en el momento de asumir el cargo de mediador concursal, sea cual fuese el derrote final del caso.
3. El problema del nombramiento del Mediador concursal
Si seguimos al pie de la letra al legislador nos encontramos con que el nombramiento del mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial correspondiente, articulo 233.1 de la LC. Aparece aquí una forma secuencial, con la apostilla de "que corresponda", pudiéndose leer la misma o bien de una forma lineal, es decir uno después de otro, y según un orden numérico preestablecido, sin más requisitos que los genéricos mencionados, y todo ello a nivel nacional, portal publicado en el Boletín Oficial del Estado, a partir de la lista suministrada por el que será Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia, o bien de una forma racional, entendiéndose "corresponda", con la adecuación correspondiente según el caso de que se trate y la lista de que se disponga. Con ello se traslada tanto al régimen de designaciones de la administración concursal como a la del experto por el Registrador, como veíamos.
Quizás también queda pensar en el papel que pueden jugar las Instituciones de la Mediación, a la hora de proveer al Ministerio de Justicia de la información precisa al respecto. Por nuestra parte vemos que la figura del auditor oficial de cuentas es un escenario que podría ser de gran utilidad a la hora de solucionar este siempre importante problema de acertar con el correcto nombramiento del profesional que ha de intervenir en cada caso.
4. La retribución y el seguro de responsabilidad civil
La retribución del mediador concursal ha sido tratada en términos generales en el marco del arancel del administrador concursal, y para ello se introduce una nueva disposición adicional novena en la Ley Concursal que así lo establece. Por su parte, el seguro de responsabilidad civil aparece como de obligado cumplimiento en la Ley de mediación pero, como ocurrió en el marco concursal, su redacción específica queda al albur del correspondiente desarrollo reglamentario, que en un principio y a la fecha de redacción de este trabajo, aún no ha visto la luz en forma del correspondiente Real Decreto. No obstante, de nuevo se abren alguna incógnitas que el ejecutivo deberá resolver ya que la solución para el caso del mediador en general debe acrisolarse ante los casos posibles, pero no necesariamente acaecidos, de que se tenga que ejercer esa doble función de mediador y después de administrador concursal, ya que estamos ante campos y coberturas diferentes y que, consecuentemente, requerirán de una regulación discriminada.
Como estamos ante un determinado y particular instituto del mediador concursal, probablemente la solución mejor sería conjugar ambos seguros, los del mediador, tal y como quede su reglamentación y, siempre en su caso, la recogida en el Reglamento del seguro de la administración concursal, con el problema de que cuando nos vayamos a él, Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, la suma asegurada, tal y como se establece en su artículo octavo, regula situaciones especificas de la administración concursal, número y tipo de concursos por los que han sido designados, y distinción entre si estamos ante la administración concursal como persona física o jurídica, cuestiones diferentes en el caso que nos ocupa del acuerdo extrajudicial de pagos.
5. El listado oficial de administradores concursales
Los mediadores deben situarse, cuando de ellos se habla en los términos de la ley 5/2012 de 6 de julio en su redacción vigente, en un marco de necesaria regulación reglamentaria, que aunque de inminente aprobación, es posible que en las fechas que vea la luz este trabajo ya podamos trabajar sobre ella, pero que en cualquier caso no hace referencia a la figura que nos ocupa del mediador concursal. De hecho el legislador de la Ley 5/2012 no había pensado en él, ni siquiera de forma genérica, dado lo novedoso y reciente de la institución, y por lo que sabemos tampoco han podido hacerlo, hasta el momento, los desarrollos reglamentarios de la misma.
Sin embargo es posible, al amparo de las dos normas referenciadas, Ley 5/2012 y Ley 14/2013, con las especificas menciones de ésta última, recoger reglamentariamente una solución de compromiso, y para ello habrá que conjugar ese listado, en un principio de carácter único y a nivel nacional, con las soluciones territoriales particulares que para el caso de la administración concursal se arbitran en la Ley Concursal en su artículo 27, párrafo tercero.
6. Conclusión. Una nueva figura con fronteras sensiblemente indefinidas
Esta primera inmersión en la figura del administrador concursal pone de manifiesto la necesidad de retomar la nueva institución y proceder a una regulación más precisa que permita resolver las muchas lagunas abiertas entre la primera regulación, donde entre otras muchas cuestiones será preciso darle un carácter práctico a los nombramientos, un perímetro jurídico más preciso al funcionamiento de los mismos y un marco de referencia más explicitado a los requerimientos de formación inicial y continuada para asegurar la adecuación necesaria de los mismos a un ejercicio profesional con garantías técnicas.
Nota
[1] Este conjunto de trabajos se desarrollan en el entorno de la muy reciente publicación de la Ley 14/2013 y a partir de esa primera lectura. Las primeras revisiones del mismo se han realizado en el Servicio de Estudios LP con la asistencia del Economista Manuel Rico.
Leopoldo Pons Albentosa. Socio director de Leopoldo Pons, abogados y economistas.
Leopoldo Pons Albentosa. El Derecho.com. 11/11/13

1299. Entra en vigor el nuevo régimen de Mediación Concursal

Madrid, España. La Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización introdujo un nuevo Título X (artículos 231 a 241) en la Ley Concursal denominado “Acuerdo Extrajudicial de Pagos”, que entra en vigor el 19 de octubre de 2013.
Con ello se busca articular un mecanismo extrajudicial para la negociación de las deudas de los empresarios en un procedimiento pretendidamente económico, rápido y sencillo, impulsado por mediadores concursales retribuidos conforme al arancel de los administradores concursales.
Pueden acceder al mismo tanto personas naturales como personas jurídicas (salvo entidades aseguradoras y reaseguradoras) que se encuentren en situación de insolvencia y que su pasivo no supere los 5 M de Euros y además, tratándose de personas jurídicas, su activo tampoco supere la cifra de 5 M, tengan menos de 50 acreedores , dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo y tengan patrimonio e ingresos previsibles que permitan lograr un acuerdo de pagos.
No pueden acceder las entidades aseguradoras y reaseguradoras ni tampoco (art. 231.3 y 4):
Los condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores o por falsedad documental.
Deudores que debiendo estarlo no estén inscritos en el Registro Mercantil. Este requisito choca con la previsión contenida en el art. 232.3 que dispone que el Registrador cuando reciba solicitud de un deudor no inscrito, procederá a la apertura de la hoja correspondiente.
Deudores que en los tres ejercicios anteriores no hayan llevado contabilidad o depositado cuentas.
Las personas que hubieran en los últimos tres años alcanzado un acuerdo extrajudicial con sus acreedores, homologado judicialmente una refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores.
Los deudores que se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso haya sido admitida a trámite.
Los deudores que tengan algún acreedor declarado en concurso. Esta previsión limita, injustificadamente a nuestro entender el acceso al mecanismo, pues el acreedor concursado puede ser el mayor interesado en alcanzar el acuerdo, contando además para ello con la intervención de la Administración Concursal para velar por su procedencia.
El procedimiento se inicia mediante solicitud de nombramiento de mediador por el deudor (232.1 LC) que siendo persona jurídica se presenta al Rº Mercantil y siendo persona física al Notario de su domicilio. Si bien el 232.3 impone a Notario y Registrador el examen de los requisitos exigidos, si lo ponemos en relación con lo señalado en la Exposición de Motivos que dice que se limitarán a la designación del mediador y “a asegurar que se cumplan los requisitos de publicación y publicidad registral” hemos de entender que su control será puramente formal.
Nombrado el mediador, secuencialmente de la lista del Registro de Mediadores del Mº de Justicia, este procederá a convocar a una reunión a los acreedores en la que les deberá ofrecer una propuesta de pagos acompañado de un plan de viabilidad. Esta implicación directa del mediador distorsiona la figura del mediador al margen de plantear otras cuestiones como la de si en el caso de acudir a un profesional para la elaboración de estos documentos, se han considerar sus honorarios como gastos a cargo del deudor.
Se incentiva la asistencia a la reunión de los acreedores pues aquellos que no acudan sin haber previamente manifestado su aceptación u oposición a la propuesta de pagos, serán calificados como subordinados en caso de concurso de la deudora.
Aprobada la propuesta por mayoría del 60% de los acreedores afectados, o del 75% si la propuesta contiene cesión de bienes en pago, se eleva a escritura pública y se procede al cierre del expediente. El mediador queda en todo caso encargado de vigilar el cumplimiento del acuerdo (a diferencia del Administrador Concursal en los convenios que solo lo hace cuando expresamente se le encomienda) y si lo entiende cumplido lo hace constar en acta notarial.
Si por el contrario no se consigue aprobar el acuerdo, se debe presentar solicitud de concurso (que se regula bajo de denominación de concurso sucesivo), al igual que, si en cualquier momento se anticipa imposible el acuerdo o alcanzado el mismo se incumple. La declaración del concurso supone necesariamente la apertura de la fase de liquidación. El mediador concursal será nombrado administrador concursal no devengando nuevos honorarios, salvo excepciones motivadas por el Juez.
El acuerdo en ningún caso afecta a los créditos de derecho público, si bien se prevé un procedimiento para el aplazamiento de los mismos referenciado a la espera acordada con el resto de los acreedores (nueva DA séptima). Tampoco afectará a los acreedores con garantía real que no se adhieran al acuerdo, ni a los titulares de garantías personales o frente a terceros.
Desde la solicitud se paralizan e impiden temporalmente las ejecuciones y apremios, no cabe la declaración de concurso y se impide el nuevo endeudamiento del deudor.
La quita nunca podrá superar el 25% ni la espera ser superior a 3 años. Dado que de no conseguirse el acuerdo, la deudora ha de ser declarada en concurso y abierta la liquidación, es posible que las empresas viables prefieran acudir a la solución concursal que permite convenios con quitas del 50% y esperas de cinco años, e incluso superiores, además de poder afectar a los créditos ordinarios y subordinados de Derecho Publico.
Acabaremos señalando nuestra sorpresa por la corta “vacatio legis” establecida para la entrada en vigor de la reforma (18 de octubre) pues falta mucha normativa de desarrollo necesaria para la aplicación del nuevo mecanismo introducido. Así resulta necesario ordenar el expediente de nombramiento de mediador concursal ante Notario o Registrador, el Registro de Mediadores Concursales, la reforma de los aranceles de la Administración Concursal (ya que a ellos se remite la nueva DA 8) o el todavía no operativo Registro Publico Concursal. Por tanto la reforma hoy por hoy resulta inoperativa esperando que muchas de las dudas que plantea sean resueltas por la normativa de desarrollo que está por llegar.
José Miguel de Peña Villarroya. Abogado – administrador concursal y socio del área concursal de Mulberry Legal Matters.
José Miguel de Peña Villarroya. Diario Jurídico.com. 18/10/2013
http://www.diariojuridico.com/actualidad/entra-en-vigor-el-nuevo-regimen-de-mediacion-concursal.html

1294. Mediación Concursal tras la nueva ley de emprendedores

Madrid, España. La Ley de emprendedores aprobada en el congreso, institucionaliza la llamada Mediación Concursal para ello introduce los artículos 231 a 242 de la Ley Concursal y también dos disposiciones adicionales la séptima referida a los créditos de derecho público y la octava referida a la remuneración del Mediador Concursal. Se crea la figura del Mediador Concursal, cuya finalidad será la consecución de la aprobación de un acuerdo de pagos que permita la supervivencia de la empresa. También, como hecho relevante, se introduce en esta ley una limitación de la responsabilidad universal por deudas que tradicionalmente regía en nuestro derecho y que tenía su reflejo en el artículo 1.911 del Código Civil. Así nuestro derecho de insolvencia se equipara a otras legislaciones como la alemana o la norteamericana que recogían instituciones como el fresh start discharge o la liberación por deudas, recogido en el derecho alemán y otras instituciones europeas.
Está por definir las características de este mediador concursal pues no se ha aprobado el reglamento que regule el registro de mediadores, pero deberá ser presentado en breve, si bien el mediador deberá ser Abogado o Economista o Censor de Cuentas, con cinco años de ejercicio profesional, y con formación acreditable en materia concursal y mediación requisito este por determinar pero que se prevé una formación específica de noventa horas de formación.
Estamos ante una ampliación de la actividad del administrador concursal, desde ahora el que pretenda dedicarse a la administración concursal de pequeñas y medianas empresas deberá formarse en técnicas de negociación. Pues la misión que le encomienda la nueva ley no es otra que la de intentar conseguir de forma activa que los proveedores se adhieran al plan de pagos que debe elaborar este administrador.
Esta mediación concursal tiene varias ventajas y que pueden dar lugar a una utilización no del todo adecuada a la finalidad de la norma, pero eso sí se debe de tener liquidez para pagar el arancel del administrador concursal. En la actualidad se están produciendo retrasos de hasta casi un año para admitir a trámite un concurso de acreedores en algunos juzgados. Mientras esto ocurre, el patrimonio del empresario o la empresa se ve sujeto a constantes ejecuciones tanto de la administraciones públicas o de otros acreedores o incluso un aumento de costos laborales, esta sangría puede ser frenada a través del acuerdo extrajudicial de pagos, pues se supone que la designación por el notario o el registrador mercantil, será más ágil y se producirá de forma automática la suspensión de todas las ejecuciones de forma inmediata, si el Mediador observa que la empresa es inviable deberá promover de forma inmediata el concurso, pero ya con las ejecuciones suspendidas.
La figura que se regula poco tiene que ver con la figura del mediador prevista en la Ley de Mediación, al carecer de las características de neutralidad e imparcialidad al imponer al Mediador la labor de realizar la propuesta de pagos para luego intentar la adhesión a la misma en una junta universal de acreedores ordinarios.
Esto obligará a que el mediador tenga equipos multidisciplinares de trabajo para poder prestar un servicio profesional a su costa salvo que tenga los conocimientos suficientes.
La falta de una manifestación previa de intenciones respecto a la concesión de aplazamientos de los créditos de derecho público a los que se refiere la ley supondrá un obstáculo para que los acreedores puedan dar su visto bueno a un acuerdo de pagos que sea constantemente torpedeado por la intervención de la administración pública.
Sin perjuicio de las críticas que se puedan realizar a la ley o de si la opción tomada es la más correcta, esta es la herramienta que nos han dado y tiene a mi juicio elementos positivos que sabiendo utilizarla podrían dar lugar a la salvación de algunas empresas y que los empresarios acudan al concurso cuando es necesario y no cuando es imprescindible o la sociedad ya no tiene salvación.
En resumen, a mi entender y como ya he manifestado en otros trabajos en realidad lo que pretende la ley es la desjudicialización de la fase común del concurso de acreedores en aquellos supuestos de empresas que disponiendo de cierto pulmón financiero y posible viabilidad, no presentaban concurso de acreedores debido al colapso de la mayoría de los juzgados de lo mercantil a consecuencia de la crisis. También servirá para que aquellos empresarios que hayan sufrido una situación de insolvencia puedan volver a generar trabajo y empleo sin necesidad de acudir a la economía sumergida.
Conclusión
La mediación concursal se constituye como tabla de salvación para aquellas empresas que teniendo viabilidad, no quieran verse atrapadas en la lentitud de la administración de justicia actual y que con el empeño del equipo de asesores de la misma así como la convicción del Mediador para sacar adelante su plan de pagos puedan obtener una refinanciación a través del concurso y garantizar la viabilidad de la empresa.
Arturo Ortiz. Abogado, administrador concursal y mediador mercantil
Arturo Ortiz. Diario Jurídico.com. 15/10/2013
http://www.diariojuridico.com/opinion/mediacion-concursal-tras-la-nueva-ley-de-emprendedores.html

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