Opinión Invitada
Reforma Judicial 2012
Alejandro Junco
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La Opinión de los Expertos en Acuerdos
¿TE GUSTARÍA COLABORAR EN MEDIACIÓN MONTERREY?
Interesados comunicarse a: drjosebenitoperezsauceda@gmail.com
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926. “La Mediación es un cambio cultural que lleva tiempo”
Abrevaya es abogado y mediador, fue director Nacional de Métodos Participativos de Justicia, director del Registro Nacional de Mediación, y actualmente preside la Unión de Mediadores Prejudiciales.
¿Cuáles son los cambios culturales que plantea el nuevo modelo de mediación?
La mediación es un cambio cultural que lleva tiempo. Estamos acostumbrados a que otro, en este caso el Estado, que se apropió de la palabra, resuelva por uno. Esto se arraigó culturalmente. Pero es posible que los conflictos se resuelvan de otra manera antes de llegar a la Justicia. Hace falta un cambio cultural y la única manera, según creo, es cómo se impulsó este sistema en la provincia de Santa Fe, con la aprobación de una ley, que es una ley de discriminación positiva, es decir, se fuerza a que el cambio cultural se produzca porque el arraigo del sistema anterior es tan grande que dificulta ver esta nueva manera de resolución de conflictos por medio de la conversación. Veo muy positiva la ley porque recoge muchas de las experiencias y de los errores que se cometieron en la aplicación de la ley nacional en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en lo que respecta a la reglamentación posterior. Creo que se han previsto algunas cosas que en los primeros años se hicieron mal en Capital Federal.
¿Como cuáles?
Todo lo que tiene que ver con uno de los aspectos más importantes que es la formación en la mediación. Por supuesto que uno nunca sabe si esto va a ser como se soñó. Las leyes de cambio cultural hay que monitorearlas todo el tiempo. Y por otro lado, el esquema de honorarios ha sido, desde mi punto de vista, mucho mejor a la ley nacional en los primeros años. Como así también la creación de la agencia, que es una buena forma de seguir de cerca todo el sistema.
En Buenos Aires la mayoría de los conflictos interpersonales de índole civil y comercial se solucionan por medio de la mediación. ¿Cuánto tiempo llevó este cambio de tendencia?
Recién en el octavo o noveno año se empezaron a ver resultados concretos de todos estos cambios culturales. El abogado empieza a ver que le conviene fomentar el acuerdo. Entonces deja de ser un paso inicial prejudicial obligatorio a uno más interesante en el que se puede resolver el conflicto. Uno de los problemas que surgió en Buenos Aires fue la falta de seguimiento estadístico. Se perdieron los números, aunque tenemos estimaciones. Arrancamos con unos 60 mil casos a mediación por año y hoy estamos en 100 mil casos anuales. Es una cifra muy grande. En ese transitar creció el número de casos acordados, y en estos últimos años también se incrementó la derivación de los jueces a mediación, que es algo que está fuera de la ley de mediación, pero cuando se arma el cambio culturales es bueno que siga en la Justicia.
¿Hubo resistencias por parte de la comunidad judicial a los cambios que planteó la mediación?
La resistencia fue fuerte. Los abogados estamos formados en la contienda. Aprendemos en la controversia. Y creemos que hay una sola verdad que tiene que ser dirimida en la Justicia. Esto culturalmente condiciona. Toma mucho tiempo que se vean los resultados. Hay que repensar cómo plantear las cosas.
“Los abogados estamos formados en la cultura del litigio”
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, opinó que la implementación de la mediación “requiere del apoyo de los abogados y de los operadores judiciales que deben tomar conciencia de los cambios”. Según definió Superti el nuevo sistema tiene dos grandes objetivos: “por un lado que el Estado ofrezca una nueva forma de resolver los conflictos interpersonales, que actualmente están monopolizados por la oferta del juicio. Y por otra parte, lograr una oferta de pacificación más eficaz y más económica”.
“Los operadores judiciales tienen un compromiso social con todo esto. Los abogados estamos formados en la cultura del litigio. Por eso hemos venido trabajando mucho desde lo académico; ahora hay que llevarlo a nivel de la práctica”, agregó el funcionario, quien citó como ejemplo del cambio que plantea la mediación lo que sucedió con la Caja Forense y el Colegio de Abogados de Rosario.
“Este edificio (donde se encuentra Agencia de Gestión de Mediación en Rosario, en Pellegrini al 2000) forma parte de la síntesis de este cambio. Porque cuando comenzamos a organizar la mediación obligatoria hubo una gran resistencia de la Caja Forense y del Colegio de Abogados, por los temores a que se desfinancien las cajas y se vean afectados los honorarios de los profesionales. Todos intereses legítimos. Negociando, logramos en la reglamentación de la ley un consenso para cuidar a las cajas y a los honorarios. Y hoy este edificio es de la Caja Forense y nos lo han alquilado a nosotros para que en la planta baja tengamos la Agencia de Mediación. En la parte de arriba funcionan las oficinas de Mediación del Colegio de Abogados. Aquello que empezó siendo una cuestión altamente conflictiva hoy se revirtió y estamos todos remando para el mismo lado. Demostramos que todos podíamos ganar”, afirmó Superti.
El Litoral.com. 30/10/2011
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/10/30/politica/POLI-03.html
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/10/30/politica/POLI-03.html
906. Mediación mejora impartición de justicia en Yucatán
Mérida, Yucatán. La directora de la Unidad de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado, Dhelmy Quintal González, reportó que la mediación demostró resultados positivos para mejorar la impartición de justicia a un año de aplicarse en la entidad.
En un informe de actividades, dijo que del 20 de septiembre de 2010 a la fecha se realizaron dos mil 946 entrevistas iniciales y mil 950 complementarias que generaron 795 expedientes, lo que condujo a resolver 400 casos por acuerdo verbal de las partes en conflicto.
Ante varios funcionarios y el titular de la Fiscalía General, Héctor Cabrera Rivero, afirmó que "la mediación es un procedimiento capaz de producir cambios significativos en la percepción de las personas que tienen conflictos".
Ello, agregó Quintal González, permite a los involucrados tomar conciencia de su conducta y establecer compromisos para que las relaciones se preserven.
En el informe, con el apoyo de un video, se exhibieron diversas técnicas de mediación que facilitan la conversación entre los involucrados.
Asimismo, se expusieron dos casos en los que las partes en conflicto llegan a un mutuo acuerdo, mostrando brevemente el desarrollo del proceso de mediación, desde la llegada de las partes en conflicto, hasta la firma de los acuerdos legales establecidos de común acuerdo.
El vicefiscal de Prevención del Delito, Justicia restaurativa y Atención a Víctimas, Javier Alberto León Escalante, exhortó a los agentes del Ministerio Público estar pendientes de proponer esa vía en los casos que ameriten ese proceso.
Para clausurar el evento, Cabrera Rivero reconoció la labor en la Unidad de Mediación, de la cual se dijo orgulloso por que es una de las cuatro que existen en todo el país en instituciones de procuración de justicia.
"Ha permitido llevar las controversias que ahí se atienden a buenos términos, evitando el inicio de averiguaciones previas que pueden derivar en procesos prolongados, costosos y de un mayor desgaste emocional para quien se enfrenta a un proceso penal", expuso.
Convocó a redoblar esfuerzos para entregar resultados positivos y seguir adelante con capacitación, sobre todo ahora que entrará en vigor el nuevo sistema penal acusatorio y del cual Yucatán es una referencia nacional.
Yucatán.com.mx. 13/10/2011
Sistema judicial, en riesgo de colapso
Crisis de la Justicia
Ciudad de México, Distrito Federal. La sobrecarga, el principal problema; se atienden 17 mil acuerdos cada día. Si los delitos no son graves, los afectados pueden otorgar el perdón, indican.
La advertencia de que el sistema de justicia en la Ciudad de México colapsaría alertó a las autoridades que hoy apuestan a medios alternativos para solucionar conflictos penales, civiles y familiares.
El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) dicta en promedio diario 17 mil acuerdos y publica más de mil sentencias. Además, las demandas en materia civil se incrementaron 87 por ciento en los últimos tres años y la materia familiar un porcentaje menor, pero que rebasa los más de 100 mil asuntos anuales.
Ante esta problemática, el presidente del Poder Judicial local, Édgar Elías Azar, sostuvo que si se privilegiara la mediación, se reducirían los más de 2 mil asuntos que cada año llegan a cada uno de los juzgados.
Bajo esa perspectiva, en octubre del año pasado inició la construcción de un nuevo edificio, contiguo a la sede del TSJDF en la colonia Doctores, a fin de acercar los servicios del centro de justicia alternativa.
Con un avance superior a 90 por ciento, las autoridades judiciales planean inaugurarlo este mes a la par de que en los juzgados invitan a las personas a dirimir su asunto ante un conciliador.
La mediación inició el 1 de septiembre de 2003 en la materia familiar, cuando los padres de familia disputaban la guardia y custodia de sus hijos, demandaban pensiones alimenticias o negaban la convivencia con los menores de edad.
Desde ese entonces, hasta el primer semestre de este año, la autoridad dio trámite a 7 mil 633 expedientes, de los cuales en 73 por ciento de los casos se concluye con un convenio favorable.
La mediación civil y mercantil fue aplicada en la ciudad a partir del 11 de septiembre de 2006 para atender casos como sociedades mercantiles, títulos de crédito, compraventa y arrendamiento de propiedades o el incumplimiento de servicios profesionales.
De los 4 mil 770 expedientes iniciados, en 83 por ciento las partes inconformes llegaron a un acuerdo satisfactorio, mientras que la mediación penal apenas tiene dos años.
En esta materia, las personas acuden para otorgar el perdón al presunto responsable de los delitos de fraude, daño en propiedad ajena, lesiones y robo simple, es decir, ilícitos que el Código Penal para el DF considera no graves.
Para ampliar la competencia del Centro de Justicia Alternativa, los diputados de la Asamblea Legislativa del DF aprobaron la mediación en la Ley de Justicia para Adolescentes, con lo que prevén que más de 50 por ciento de los asuntos concluya ante un conciliador.
“El mediador o conciliador tendrá a su cargo las acciones de premediación, que corresponden principalmente a la sesión informativa, para que, en el caso de que sea procedente el servicio de mediación, inicie el caso y lo concluya”, dijo Julio César Moreno, presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF.
Otra de las acciones es la capacitación de conciliadores, apenas el mes pasado fueron entregados los certificados a 14 “mediadores privados”, llamados así porque intervendrán directamente en las demandas contra deudores del Infonavit y las personas que afrontan juicios en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
“El TSJDF no sólo busca acuerdos y convenios con instituciones crediticias, sino que ahora quiere llevar la mediación a las delegaciones políticas para que los problemas vecinales sean resueltos a través de la mediación y no por medio de la confrontación legal”, sostuvo Édgar Elías Azar, presidente del tribunal.
Nota publicada el 6 de Septiembre de 2010 en el sitio "Milenio.com".
Nota publicada el 6 de Septiembre de 2010 en el sitio "Milenio.com".
¿Cuánto invierte Centroamérica en Justicia?
Mundo MediaciónAcceso a la Justicia
Guatemala, Guatemala. Las sociedades democráticas necesitan un Poder Judicial capaz de impartir justicia de manera independiente, rápida e igual para todos. Esto contribuye a la construcción y mantenimiento de la democracia y propicia el desarrollo económico, al velar porque existan reglas claras y de cumplimiento general y al contribuir a que los conflictos se resuelvan de manera pacífica. En todas las naciones de Centroamérica se establece constitucionalmente la obligación de destinar una parte del presupuesto nacional al Poder Judicial, pero existen diferencias importantes, que van desde Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, en donde el presupuesto oscila el 1% del PIB, hasta Panamá en donde apenas ronda el 0.3% del PIB.
La inversión por ciudadano también revela considerables diferencias, pues en Costa Rica este indicador roza los US$100 anuales, mientras en Nicaragua y Honduras, apenas ronda los US$10. Las brechas en el gasto judicial se reflejan en el acceso ciudadano y su efectividad. Mientras en Costa Rica hay en promedio un juez por cada 5,000 ciudadanos, en el otro extremo se encuentra Guatemala en donde este promedio supera los 19.000 ciudadanos. Si se mide la efectividad de la justicia por medio de la tasa de resolución de casos, el país más efectivo es Panamá, en donde se han aumentado los despachos judiciales municipales y se pusieron en marcha métodos alternos para la solución de conflictos.
Los países con la menor efectividad son Guatemala y Costa Rica. En el primero esta se explica por el bajo número de jueces con respecto a la población y al territorio. En Costa Rica la baja resolución de casos es consecuencia de procesos escritos, que retardan los juicios, por lo que la reforma procesal en marcha, da preeminencia a la oralidad. En cuanto a la transparencia de la información, todos los países, con excepción de El Salvador, han avanzado en el manejo de sitios de internet que permitan el acceso de una manera más amplia.
En términos de la independencia judicial, en todos los países, con excepción de Costa Rica, la mayoría de ciudadanos perciben que el poder judicial está influenciado por miembros del gobierno, ciudadanos y empresas. Aunque todos los países transitan, con distinta velocidad, hacia sistemas judiciales más modernos, el Instituto Centroaméricano de Estudios Fiscales (ICEFI) afirma que ante los retos que plantean la violencia y el crimen organizado, los presupuestos públicos destinados a los poderes judiciales centroamericanos en el 2010 parecen insuficientes. Es urgente continuar con las reformas que permitan contar en Centroamérica con un poder judicial no solo mejor financiado, sino más independiente, efectivo y transparente en sus funciones. Solo así se podrá garantizar la consolidación de la democracia en la región.
La inversión por ciudadano también revela considerables diferencias, pues en Costa Rica este indicador roza los US$100 anuales, mientras en Nicaragua y Honduras, apenas ronda los US$10. Las brechas en el gasto judicial se reflejan en el acceso ciudadano y su efectividad. Mientras en Costa Rica hay en promedio un juez por cada 5,000 ciudadanos, en el otro extremo se encuentra Guatemala en donde este promedio supera los 19.000 ciudadanos. Si se mide la efectividad de la justicia por medio de la tasa de resolución de casos, el país más efectivo es Panamá, en donde se han aumentado los despachos judiciales municipales y se pusieron en marcha métodos alternos para la solución de conflictos.
Los países con la menor efectividad son Guatemala y Costa Rica. En el primero esta se explica por el bajo número de jueces con respecto a la población y al territorio. En Costa Rica la baja resolución de casos es consecuencia de procesos escritos, que retardan los juicios, por lo que la reforma procesal en marcha, da preeminencia a la oralidad. En cuanto a la transparencia de la información, todos los países, con excepción de El Salvador, han avanzado en el manejo de sitios de internet que permitan el acceso de una manera más amplia.
En términos de la independencia judicial, en todos los países, con excepción de Costa Rica, la mayoría de ciudadanos perciben que el poder judicial está influenciado por miembros del gobierno, ciudadanos y empresas. Aunque todos los países transitan, con distinta velocidad, hacia sistemas judiciales más modernos, el Instituto Centroaméricano de Estudios Fiscales (ICEFI) afirma que ante los retos que plantean la violencia y el crimen organizado, los presupuestos públicos destinados a los poderes judiciales centroamericanos en el 2010 parecen insuficientes. Es urgente continuar con las reformas que permitan contar en Centroamérica con un poder judicial no solo mejor financiado, sino más independiente, efectivo y transparente en sus funciones. Solo así se podrá garantizar la consolidación de la democracia en la región.
Nota publicada el 14 de Junio de 2010 en el sitio "Capitales.com"
Mediadores en lugar de jueces
Mundo MediaciónNotas de Mediación
Mediación Penal
Mediadores
Castilla, España. El Estado se ha ido apropiando desde hace siglos el papel protagonista en la resolución de los conflictos de los ciudadanos y ahora, cuando la sociedad está plenamente judicializada en cualquier tipo de conflicto, es precisamente cuando cobran protagonismo de nuevo iniciativas para rescatar la figura del mediador, una persona ajena al delincuente y a la víctima que estudie el caso y, de común acuerdo con ellos, proponga una medida sancionadora que deje a todos contentos. Ése es el objetivo prioritario del nuevo programa piloto que desde hoy funciona en los juzgados de Palencia y que permitirá que en algunos delitos y faltas, que serán previamente seleccionados por los magistrados, no sea la jurisdicción quien dicte una sentencia, sino un mediador quien intente lograr un acuerdo que todos acepten como justo.
El nuevo programa de mediación penal intrajudicial se puso ayer en marcha tras la firma del convenio entre la Administración de Justicia (representada por la vocal del Consejo General del Poder Judicial para la mediación, Margarita Uría) y el Ayuntamiento de Palencia, en la figura del alcalde, Heliodoro Gallego. La institución municipal aportará 6.000 euros para respaldar la actuación de la asociación de mediadores Promedia, que serán los artífices de esta iniciativa.
Serán los propios jueces y magistrados los que decidan qué procesos pueden someterse a mediación, en principio todos ellos del ámbito penal, aunque no se descarta ampliar la iniciativa a procesos sociales y civiles en una segunda fase. También es de momento impensable que puedan incluirse casos graves, como homicidios o lesiones graves, aunque, según explicó ayer Margarita Uría, existen un alto porcentaje de diligencias que podrían enmarcarse en este tipo de resolución, que se prolonga como máximo durante un período inferior a seis semanas. Delitos como lesiones, robos, daños o amenazas o faltas como injurias, lesiones, hurtos y otros casos similares constituyen las infracciones que más encajan en este tipo de actuaciones.
El proceso es sencillo. El juez determina que ese caso concreto puede someterse a la mediación y, si las partes aceptan voluntariamente acudir a esta vía, se nombra un mediador, un licenciado en Derecho designado por la citada asociación, que gestionará también este programa. A través de entrevistas personales con la víctima y con el autor del delito o la falta, el mediador intentará aportar una visión más humana y comprensiva al conflicto. «El mediador analiza la infracción penal, crea un espacio en el que la víctima y el delincuente se sientan reparados y desarrollen sus capacidades de diálogo y busquen alternativas para llevar a cabo las reparaciones necesarias. Se trata de poner rostro a la historia para que la víctima pueda superar el miedo que le ha provocado la agresión, de obtener alguna respuesta. De otra parte, que el infractor conozca el sufrimiento que ha causado y de ver qué reparación de daño puede ofrecerle el agresor. En definitiva, se trata de reflexionar sobre el sentido de las penas y de buscar alternativas para que las dos personas puedan estar mejor», explicó la vocal del Consejo General del Poder Judicial que ayer presentó en Palencia este nuevo programa, que ya funciona con éxito en 198 juzgados de todo el país, entre ellos los juzgados de Burgos y Valladolid.
Margarita Uriarte estuvo ayer avalada en su exposición por los argumentos favorables al programa de mediación que ofrecieron el presidente de la Audiencia de Palencia, Carlos Álvarez, y el alcalde, Heliodoro Gallego. Todos resaltaron de que se trata de una fórmula mucho más humana, donde la víctima cobra un protagonismo mucho mayor que en el proceso judicial, la tramitación es mucho más rápida y, en cualquier caso, si no se consigue una resolución que satisfaga a todas las partes en conflicto, el proceso vuelve a la jurisdicción ordinaria y se juzga como si no hubiera existido esa mediación.
No obstante, la experiencia previa de todos los lugares donde funciona este programa es que en un alto porcentaje de los casos se consigue un acuerdo que contenta a todos. El juez encargado del caso no sólo deberá decidir qué procesos pueden someterse a mediación, sino que también deberá valorar si el acuerdo reparador es justo y cuenta con el respaldo de todas las partes, y también vigilar que se ejecuta la medida que se haya decidido. También la Fiscalía jugará un papel importante en estos procesos, ya que deberá implicarse en la valoración de los acuerdos.
En principio, las administraciones no se han fijado objetivos concretos, ya que la idea es que el programa vaya poco a poco implantándose en Palencia y se consolide con éxito. Si se mantiene el patrón de las provincias donde ya lleva algunos años funcionando, el nuevo servicio de mediación permitirá una agilización evidente de la justicia, ya que permitirá descargar de un porcentaje elevado de pequeños asuntos a los juzgados ordinarios, ya que serán los mediadores quienes tramitan el acuerdo necesario entre las partes.
El nuevo programa de mediación penal intrajudicial se puso ayer en marcha tras la firma del convenio entre la Administración de Justicia (representada por la vocal del Consejo General del Poder Judicial para la mediación, Margarita Uría) y el Ayuntamiento de Palencia, en la figura del alcalde, Heliodoro Gallego. La institución municipal aportará 6.000 euros para respaldar la actuación de la asociación de mediadores Promedia, que serán los artífices de esta iniciativa.
Serán los propios jueces y magistrados los que decidan qué procesos pueden someterse a mediación, en principio todos ellos del ámbito penal, aunque no se descarta ampliar la iniciativa a procesos sociales y civiles en una segunda fase. También es de momento impensable que puedan incluirse casos graves, como homicidios o lesiones graves, aunque, según explicó ayer Margarita Uría, existen un alto porcentaje de diligencias que podrían enmarcarse en este tipo de resolución, que se prolonga como máximo durante un período inferior a seis semanas. Delitos como lesiones, robos, daños o amenazas o faltas como injurias, lesiones, hurtos y otros casos similares constituyen las infracciones que más encajan en este tipo de actuaciones.
El proceso es sencillo. El juez determina que ese caso concreto puede someterse a la mediación y, si las partes aceptan voluntariamente acudir a esta vía, se nombra un mediador, un licenciado en Derecho designado por la citada asociación, que gestionará también este programa. A través de entrevistas personales con la víctima y con el autor del delito o la falta, el mediador intentará aportar una visión más humana y comprensiva al conflicto. «El mediador analiza la infracción penal, crea un espacio en el que la víctima y el delincuente se sientan reparados y desarrollen sus capacidades de diálogo y busquen alternativas para llevar a cabo las reparaciones necesarias. Se trata de poner rostro a la historia para que la víctima pueda superar el miedo que le ha provocado la agresión, de obtener alguna respuesta. De otra parte, que el infractor conozca el sufrimiento que ha causado y de ver qué reparación de daño puede ofrecerle el agresor. En definitiva, se trata de reflexionar sobre el sentido de las penas y de buscar alternativas para que las dos personas puedan estar mejor», explicó la vocal del Consejo General del Poder Judicial que ayer presentó en Palencia este nuevo programa, que ya funciona con éxito en 198 juzgados de todo el país, entre ellos los juzgados de Burgos y Valladolid.
Margarita Uriarte estuvo ayer avalada en su exposición por los argumentos favorables al programa de mediación que ofrecieron el presidente de la Audiencia de Palencia, Carlos Álvarez, y el alcalde, Heliodoro Gallego. Todos resaltaron de que se trata de una fórmula mucho más humana, donde la víctima cobra un protagonismo mucho mayor que en el proceso judicial, la tramitación es mucho más rápida y, en cualquier caso, si no se consigue una resolución que satisfaga a todas las partes en conflicto, el proceso vuelve a la jurisdicción ordinaria y se juzga como si no hubiera existido esa mediación.
No obstante, la experiencia previa de todos los lugares donde funciona este programa es que en un alto porcentaje de los casos se consigue un acuerdo que contenta a todos. El juez encargado del caso no sólo deberá decidir qué procesos pueden someterse a mediación, sino que también deberá valorar si el acuerdo reparador es justo y cuenta con el respaldo de todas las partes, y también vigilar que se ejecuta la medida que se haya decidido. También la Fiscalía jugará un papel importante en estos procesos, ya que deberá implicarse en la valoración de los acuerdos.
En principio, las administraciones no se han fijado objetivos concretos, ya que la idea es que el programa vaya poco a poco implantándose en Palencia y se consolide con éxito. Si se mantiene el patrón de las provincias donde ya lleva algunos años funcionando, el nuevo servicio de mediación permitirá una agilización evidente de la justicia, ya que permitirá descargar de un porcentaje elevado de pequeños asuntos a los juzgados ordinarios, ya que serán los mediadores quienes tramitan el acuerdo necesario entre las partes.
Nota publicada el 18 de Mayo de 2010 en el sitio "Norte de Castilla.es"
http://www.nortecastilla.es/v/20100518/palencia/mediadores-lugar-jueces-20100518.html El fomento de la Mediación en la Justicia
Mundo MediaciónMediación Penal
Crisis de la Justicia
Por Vicente Magro Servet
Alicante, España. Hay una máxima demoledora en las medidas que se deben implantar para mejorar en la Administración de Justicia que está centrada en introducir mecanismos complementarios a los típicos de creación de más juzgados o reformas de leyes para acortar plazos que luego no se cumplen. Y no se cumplen porque llega a ser imposible que se pueda dar salida a la cantidad de asuntos y expedientes que se registran en los juzgados, lo que nos va a llevar a final de 2010 a una cifra de registro de unos diez millones de asuntos en el territorio nacional; tres millones más que hace cinco años. Una barbaridad. Pero una barbaridad que ha venido motivada, entre otros factores, por el lastre de la crisis económica que ha obligado a muchos ciudadanos a tener que acudir a los tribunales a reclamar lo que les pertenecía. Y todo ello, al no surtir efecto las reclamaciones extrajudiciales que se suelen hacer en estos casos.
Así las cosas, si queremos reducir las cifras de retraso y pendencia de asuntos hay que empezar por introducir técnicas de solución de los conflictos que se han judicializado, como alternativas a la mera celebración de un juicio en el que se enfrentan dos partes. Y una de las técnicas más eficaces es la de la mediación. Un sistema que se utiliza cuando los intentos extrajudiciales utilizados fuera del juzgado no han surtido efecto y debe ser en el seno del proceso donde se plasme una "negociación" que permita acabar el pleito sin necesidad de un enfrentamiento entre las partes.
Cierto es, sin embargo, que en determinadas materias como la violencia de género está expresamente prohibido, porque sólo faltaba que fuera el Estado el que acabara convenciendo a las víctimas que volvieran con sus agresores y les perdonaran, cuando es lo contrario lo que se está intentado.
Pero existen muchas materias en las que la mediación puede darnos excelentes resultados. Así ocurre, por ejemplo, en materia matrimonial donde es preciso evitar que quienes han sido pareja se enfrenten cara a cara en un órgano judicial y poder conseguir con mediación un acuerdo que satisfaga a las dos partes, porque a esta meta siempre se puede llegar sin necesidad de conseguir un enfrentamiento. Sobre todo cuando hay hijos por medio que son los primeros en sufrir las consecuencias de esta falta de entendimiento.
También en materia penal hay muchas posibilidades de reducir las cifras de juicios pendientes. Y en la oficina que tenemos en la Audiencia de Alicante ya hemos tenido un gran resultado en el trabajo que hacemos con el juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Alicante, Miguel Herrero, demostrando con ello que es posible reducir las cifras de pendencia con esta fórmula. Un método que persigue evitar que la víctima tenga que acudir a un juicio a declarar de nuevo, que tengamos que molestar a testigos que tienen sus actividades que hacer cada día y a los que, aunque sea una obligación acudir a un juicio, les molestamos con ello. Y también conseguir el pago de una indemnización en algunos casos.
Por ello, es evidente que la mediación nos reduce la cifra de juicios que tenemos que celebrar y satisface a las partes y testigos. Además, nos permite alertar al autor de un delito de la necesidad de evitar la reincidencia, pudiendo pactar también en la sentencia de conformidad, que luego se dicta, que acuda a programas de reeducación según el caso de que se trate. Pero con la mediación no se perdona al autor de un delito, sino que se le puede reducir la sanción, según los casos, y se le impone una condena que puede llevar aparejada una suspensión provisional de su cumplimiento si no reincide. No se trata de una condonación, sino de la advertencia de que se le da una oportunidad que debe recoger y ayudas en forma de programas formativos que puede que por sí mismo no pueda conseguir.
En definitiva, que debemos apostar por introducir mediadores en la Administración de Justicia. Y para ello tenemos muchos colectivos profesionales que en momentos como éste de crisis pueden encontrar una vía para encontrar nuevas salidas laborales. Pero, sobre todo, que la mediación nos permite reducir litigiosidad y también conflictividad y enfrentamientos en los asuntos que llegan a los juzgados, así como evitar que victimicemos más a las víctimas.
También nos reduce la carga de trabajo en la ejecución de sentencias, aspecto que a veces olvidamos, pero que es muy importante. Y, sobre todo, resolvemos un pleito con más agilidad y con mejor satisfacción a las partes de ese conflicto. Por todo ello, más mediación y más ideas nuevas para acabar con los atascos de la justicia.
Opinión de Vicente Magro Servet publicada el 15 de Mayo de 2010 en el sitio "información.es"
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2010/05/15/fomento-mediacion-justiciabr/1009383.html
Alicante, España. Hay una máxima demoledora en las medidas que se deben implantar para mejorar en la Administración de Justicia que está centrada en introducir mecanismos complementarios a los típicos de creación de más juzgados o reformas de leyes para acortar plazos que luego no se cumplen. Y no se cumplen porque llega a ser imposible que se pueda dar salida a la cantidad de asuntos y expedientes que se registran en los juzgados, lo que nos va a llevar a final de 2010 a una cifra de registro de unos diez millones de asuntos en el territorio nacional; tres millones más que hace cinco años. Una barbaridad. Pero una barbaridad que ha venido motivada, entre otros factores, por el lastre de la crisis económica que ha obligado a muchos ciudadanos a tener que acudir a los tribunales a reclamar lo que les pertenecía. Y todo ello, al no surtir efecto las reclamaciones extrajudiciales que se suelen hacer en estos casos.
Así las cosas, si queremos reducir las cifras de retraso y pendencia de asuntos hay que empezar por introducir técnicas de solución de los conflictos que se han judicializado, como alternativas a la mera celebración de un juicio en el que se enfrentan dos partes. Y una de las técnicas más eficaces es la de la mediación. Un sistema que se utiliza cuando los intentos extrajudiciales utilizados fuera del juzgado no han surtido efecto y debe ser en el seno del proceso donde se plasme una "negociación" que permita acabar el pleito sin necesidad de un enfrentamiento entre las partes.
Cierto es, sin embargo, que en determinadas materias como la violencia de género está expresamente prohibido, porque sólo faltaba que fuera el Estado el que acabara convenciendo a las víctimas que volvieran con sus agresores y les perdonaran, cuando es lo contrario lo que se está intentado.
Pero existen muchas materias en las que la mediación puede darnos excelentes resultados. Así ocurre, por ejemplo, en materia matrimonial donde es preciso evitar que quienes han sido pareja se enfrenten cara a cara en un órgano judicial y poder conseguir con mediación un acuerdo que satisfaga a las dos partes, porque a esta meta siempre se puede llegar sin necesidad de conseguir un enfrentamiento. Sobre todo cuando hay hijos por medio que son los primeros en sufrir las consecuencias de esta falta de entendimiento.
También en materia penal hay muchas posibilidades de reducir las cifras de juicios pendientes. Y en la oficina que tenemos en la Audiencia de Alicante ya hemos tenido un gran resultado en el trabajo que hacemos con el juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Alicante, Miguel Herrero, demostrando con ello que es posible reducir las cifras de pendencia con esta fórmula. Un método que persigue evitar que la víctima tenga que acudir a un juicio a declarar de nuevo, que tengamos que molestar a testigos que tienen sus actividades que hacer cada día y a los que, aunque sea una obligación acudir a un juicio, les molestamos con ello. Y también conseguir el pago de una indemnización en algunos casos.
Por ello, es evidente que la mediación nos reduce la cifra de juicios que tenemos que celebrar y satisface a las partes y testigos. Además, nos permite alertar al autor de un delito de la necesidad de evitar la reincidencia, pudiendo pactar también en la sentencia de conformidad, que luego se dicta, que acuda a programas de reeducación según el caso de que se trate. Pero con la mediación no se perdona al autor de un delito, sino que se le puede reducir la sanción, según los casos, y se le impone una condena que puede llevar aparejada una suspensión provisional de su cumplimiento si no reincide. No se trata de una condonación, sino de la advertencia de que se le da una oportunidad que debe recoger y ayudas en forma de programas formativos que puede que por sí mismo no pueda conseguir.
En definitiva, que debemos apostar por introducir mediadores en la Administración de Justicia. Y para ello tenemos muchos colectivos profesionales que en momentos como éste de crisis pueden encontrar una vía para encontrar nuevas salidas laborales. Pero, sobre todo, que la mediación nos permite reducir litigiosidad y también conflictividad y enfrentamientos en los asuntos que llegan a los juzgados, así como evitar que victimicemos más a las víctimas.
También nos reduce la carga de trabajo en la ejecución de sentencias, aspecto que a veces olvidamos, pero que es muy importante. Y, sobre todo, resolvemos un pleito con más agilidad y con mejor satisfacción a las partes de ese conflicto. Por todo ello, más mediación y más ideas nuevas para acabar con los atascos de la justicia.
Opinión de Vicente Magro Servet publicada el 15 de Mayo de 2010 en el sitio "información.es"
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2010/05/15/fomento-mediacion-justiciabr/1009383.html
"Tenemos que regresar la Justicia a los ciudadanos"
Mediación México Crisis de la Justicia
Cultura de Paz
Tijuana, Baja California. Haciendo un llamado a la unidad entre autoridades del Ministerio Público, de la Defensa Nacional, los jueces, entre otras, el titular de la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJE) pidió a quienes imparten equidad en Baja California "devuelvan la justicia a la ciudadanía porque este pueblo se siente agraviado".
Esto, posterior a la firma de convenio entre las PGJE de Baja California e Hidalgo, donde Rommel Moreno Manjarrez cuestionó sobre cómo hablar de justicia en un país agraviado, en un país donde se dice que aparentemente no la hay, que hay violencia, narcotráfico, niños delincuentes y que se "carece" de una cultura de paz.
"Para hablar de justicia, debemos poner en perspectiva lo que uno vive diario; cómo hablar de justicia y de seguridad pública en un país donde los ciudadanos piden que la justicia regrese a su casa, donde en el 2008 estuvimos viviendo experiencias dramáticas, prácticamente en guerra contra el narcotráfico, donde vemos jóvenes y niños en el narcomenudeo...", insistió durante su discurso.
Ante este panorama, dijo, los bajacalifornianos requieren una cultura de paz, la cual tiene que ver con los operadores y los ciudadanos, pues estamos en una etapa crucial, de coyuntura...estamos experimentando un momento crítico que implica retos y desafíos que saquen la casta y la intención en los momentos difíciles.
"Con mucho entusiasmo he visto cómo se va transformando (para bien) una comunidad que estaba llena de miedo y que ha podido superarlo con confianza, con la división por la unidad", expresó el funcionario estatal.
Exhortó a los presentes y a los habitantes del estado a pensar positivamente, pues consideró que no hay tiempo para dudas..., "es un llamado al ministerio público a la defensa, a los jueces y mediadores porque tenemos que regresar la justicia a los ciudadanos para recuperar la confianza de un pueblo que se siente agraviado".
El fiscal indicó que cuando un usuario voltee a las agencias del Ministerio Público en lugar de recibir la arrogancia de los funcionarios, ésta debe abrirse de par en par, con actitud de generosidad y servicio, como cuando universitarios y se les dijo que trabajaría para ayudar al pueblo, sin embargo "ya en la función pública nos olvidamos de eso".
Rommel Moreno manifestó que el reclamo es sustancial y la solicitud es tan amplia, que hoy en día deben explorar nuevos métodos en el derecho penal, en los castigos, la sanción, la racionalidad y la proporción, ya que también se discuten temas tan diversos como pena de muerte, cadena perpetua, aborto, eutanasia, pero antes de pensar en nuevos esquemas el pueblo y los funcionarios deben reflexionar.
Lo anterior para dar a México respuesta y soluciones, en vista que la población sólo ve la falta de entusiasmo y de coraje, además de que "nos perdemos en tanta burocracia y discusión política, al final, lo que requerimos es un servicio de justicia y que se le regrese lo que corresponde; hay que transformar todo, no sólo las leyes, la infraestructura, sino lo que sentimos y hacemos por vocación", concluyó.
El procurador señaló estar sorprendido con las nuevas generaciones de funcionarios que están trabajando más rápido, eficiente y positivamente, lo que genera empatía en quienes ya tienen tiempo dentro de ese ámbito, en lugar de contagiarse de tal entusiasmo.
Nota publicada el 13 de Mayo de 2010 en el sitio "El Sol de Tijuana"
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n1631982.htm
Esto, posterior a la firma de convenio entre las PGJE de Baja California e Hidalgo, donde Rommel Moreno Manjarrez cuestionó sobre cómo hablar de justicia en un país agraviado, en un país donde se dice que aparentemente no la hay, que hay violencia, narcotráfico, niños delincuentes y que se "carece" de una cultura de paz.
"Para hablar de justicia, debemos poner en perspectiva lo que uno vive diario; cómo hablar de justicia y de seguridad pública en un país donde los ciudadanos piden que la justicia regrese a su casa, donde en el 2008 estuvimos viviendo experiencias dramáticas, prácticamente en guerra contra el narcotráfico, donde vemos jóvenes y niños en el narcomenudeo...", insistió durante su discurso.
Ante este panorama, dijo, los bajacalifornianos requieren una cultura de paz, la cual tiene que ver con los operadores y los ciudadanos, pues estamos en una etapa crucial, de coyuntura...estamos experimentando un momento crítico que implica retos y desafíos que saquen la casta y la intención en los momentos difíciles.
"Con mucho entusiasmo he visto cómo se va transformando (para bien) una comunidad que estaba llena de miedo y que ha podido superarlo con confianza, con la división por la unidad", expresó el funcionario estatal.
Exhortó a los presentes y a los habitantes del estado a pensar positivamente, pues consideró que no hay tiempo para dudas..., "es un llamado al ministerio público a la defensa, a los jueces y mediadores porque tenemos que regresar la justicia a los ciudadanos para recuperar la confianza de un pueblo que se siente agraviado".
El fiscal indicó que cuando un usuario voltee a las agencias del Ministerio Público en lugar de recibir la arrogancia de los funcionarios, ésta debe abrirse de par en par, con actitud de generosidad y servicio, como cuando universitarios y se les dijo que trabajaría para ayudar al pueblo, sin embargo "ya en la función pública nos olvidamos de eso".
Rommel Moreno manifestó que el reclamo es sustancial y la solicitud es tan amplia, que hoy en día deben explorar nuevos métodos en el derecho penal, en los castigos, la sanción, la racionalidad y la proporción, ya que también se discuten temas tan diversos como pena de muerte, cadena perpetua, aborto, eutanasia, pero antes de pensar en nuevos esquemas el pueblo y los funcionarios deben reflexionar.
Lo anterior para dar a México respuesta y soluciones, en vista que la población sólo ve la falta de entusiasmo y de coraje, además de que "nos perdemos en tanta burocracia y discusión política, al final, lo que requerimos es un servicio de justicia y que se le regrese lo que corresponde; hay que transformar todo, no sólo las leyes, la infraestructura, sino lo que sentimos y hacemos por vocación", concluyó.
El procurador señaló estar sorprendido con las nuevas generaciones de funcionarios que están trabajando más rápido, eficiente y positivamente, lo que genera empatía en quienes ya tienen tiempo dentro de ese ámbito, en lugar de contagiarse de tal entusiasmo.
Nota publicada el 13 de Mayo de 2010 en el sitio "El Sol de Tijuana"
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n1631982.htm
Reducir la litigiosidad, tarea de todos
Mundo MediaciónCrisis de la Justicia
Cultura de Litigio
Métodos Alternos de Solución de Controversias
Por Francisco Real
La grave situación que atraviesa la justicia es de sobra conocida. A la endémica falta de medios, de presupuesto, de consideración por parte de los poderes públicos, se ha sumado un aluvión de pleitos, favorecido en parte por diversas reformas legislativas pero también, en gran medida, por la crisis. Esta avalancha de litigios está saturando un sistema (desbordado por la acumulación de trabajo de años precedentes) y motiva el que algunos colectivos que nutren este servicio digan «basta».
El Decanato de los Juzgados de Valencia debatió en octubre entre los decanos de los jueces de toda España una ponencia que será presentada ante el CGPJ, con propuestas para reducir la litigiosidad y donde se denuncia tanto la deficiencia de los medios que acusa nuestro sistema, que no se verá apenas aliviado por el plan de modernización que está acometiendo el Ministerio, como la excesiva recurrencia al pleito por parte de la ciudadanía. Plantean los jueces que esta judicialización de la vida cotidiana está motivada no sólo por el hipergarantismo de nuestro sistema jurídico, sino también por el escaso coste que para el litigante entraña el pleito (en ausencia de las tasas judiciales en determinados ámbitos, como el penal o el contencioso-administrativo) y, muy especialmente, por la escasa cultura del «acuerdo» existente en nuestro país. En su escrito, los jueces piden una Ley de Mediación y exigen que determinados asuntos menores sean resueltos de forma obligatoria por la vía del arbitraje, para poder ocuparse de los que verdaderamente necesitan veredicto judicial y los recursos previstos por el sistema.
Los abogados hemos estado siempre convencidos, y en ello venimos trabajando, de que la mayoría de pleitos menores pueden evitarse aplicando mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, esto es, utilizando las vías de la mediación, el arbitraje y la conciliación. Coincidimos con los jueces en que concienciar a la ciudadanía de que estas vías existen y de que les ofrecen las mismas o mayores garantías que una sentencia judicial exige por parte de todos los poderes públicos y agentes sociales un esfuerzo, para instalar en nuestra sociedad una cultura de la negociación que permita aliviar la sobrecarga judicial. Es precisamente el escaso conocimiento de estos métodos, muy extendidos en países como el Reino Unido, lo que impulsa al ciudadano a acudir al juzgado.
Por desgracia, la sociedad desconoce que, para determinados asuntos, estas vías son las idóneas. La mediación es eficaz en conflictos familiares (donde la judicialización implica un agravamiento del problema en no pocos casos), en asuntos penales menores o en los juicios de faltas. Por otra parte, el arbitraje es especialmente adecuado en conflictos mercantiles, en pugnas por arrendamientos o en el ámbito laboral.
Es imprescindible que no sólo los profesionales de la justicia, concienciados con esta cuestión, sino el legislador y los poderes públicos caigan en la cuenta de que no es necesario que los ciudadanos comprometan su tiempo y su dinero en pleitos interminables que no siempre acaban siendo justos. Deben fomentar la cultura de la negociación y del acuerdo previo. La cultura de que el pleito es el último peldaño en una larga escalera de posibilidades de solución.
Positiva la reflexión de los jueces en este sentido. Para aportar su grano de arena, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia ha sido una de las instituciones pioneras en nuestro país en la formación abogados mediadores y árbitros, con el objetivo de ofrecer todas las garantías jurídicas a los ciudadanos y empresas que deciden resolver sus conflictos de una forma pacífica, eficaz y duradera. También ha sido pionero en albergar instituciones encargadas de aplicar estos métodos. Los abogados creemos firmemente en la necesidad de instalar en nuestro sistema judicial la cultura de la mediación y del arbitraje. Creemos, y compartimos con los jueces, que este cometido es tarea de todos.
Artículo de Francisco Real, decano del Colegio de Abogados de Valencia, Espana, publicado el 30 de Marzo de 2010 en el sitio "abc.es"
http://www.abc.es/20100330/valencia-valencia/reducir-litigiosidad-tarea-todos-20100330.html
La Mediación, una alternativa eficaz en la Justicia
Mundo Mediación
Mediación en la Administración Pública
Alicante, España. Gestionar económicamente una Administración Pública es mucho más complicado que gestionar la administración propia y privada de cada uno. Una máxima que se cae por su propio peso, claro. Y es que en nuestra casa sabemos lo que ingresamos y sobre esta partida económica es sobre la que podremos construir nuestros gastos, no más, so pena de entrar en deudas que nunca tienen visos de poder ser pagadas al superar estas a los ingresos de forma progresiva. Sin embargo, en la Administración Pública los ciudadanos le siguen reclamando a esta hasta en momentos de crisis que mejore sus servicios y que, aunque los ingresos no sean los mismos que antes en la Administración, se sigan satisfaciendo y mejorando los servicios públicos.
Es por ello, por lo que en los momentos de crisis, como el que ahora nos encontramos, se convierten en imprescindibles aquellas propuestas que tiendan a mejorar los servicios privados y públicos. Fácil es, por ello, hacer propuestas que lleven consigo un importante desembolso económico, porque no se ajustan a los periodos de dificultad económica por la propia imposibilidad de su realización. Y ello, aunque su planteamiento sea interesante. Así las cosas, debemos hacer un esfuerzo por comprender que hay que priorizar aquellos gastos que sean urgentes y en los demás aportar ideas económicas que no graven más las deterioradas arcas públicas.
Pues en este estado de cosas en la justicia ocurre lo mismo y la crisis económica ha azotado con garra todo el sistema judicial, por lo que es preciso aportar estas ideas que permitan con poca inversión conseguir rebajar la cifra de expedientes en trámite. Y una de ellas es la de la mediación. Un sistema que se está empezando a aplicar en Alicante en los procesos matrimoniales en virtud de un convenio entre el Colegio de Abogados de Alicante, la Fiscalía, el decanato de los juzgados y la Audiencia Provincial para evitar la confrontación entre las partes de una separación o un divorcio, a fin de conseguir que se llegue a un acuerdo en aquellas cuestiones que siempre surgen tras una ruptura, tanto en materia de la custodia y régimen de visitas de los menores, como en todos los aspectos económicos que siempre se derivan de la decisión de acabar con la vida en común.
Es indudable que es mejor un buen acuerdo extrajudicial o judicial que el enfrentamiento que siempre surge en los litigios contenciosos que siempre ralentizan la resolución del conflicto y que poco beneficia a las partes en sus pretensiones, ya que siempre es preferible conseguir el consenso mutuo en la obtención de los fines que ambos pretendían para resolver su problema que llegar hasta el final con una decisión que a lo mejor ninguno quería. Con el acuerdo, ambas partes de un conflicto salen satisfechos, pero sin el acuerdo y con el enfrentamiento, al hacer contencioso el conflicto, siempre habrá una de las partes que no lo quede en los mismos términos, al haberse desestimado sus pretensiones.
Y en la obtención de estos acuerdos es pieza clave la mediación; es decir, una figura que se está empezando a aplicar en nuestro derecho, y que tiene pocos costes pero una alta eficacia, ya que supone que un tercero ajeno a las partes sea el que les exponga los puntos de unión y desunión y les ofrezca una alternativa de consenso para ir intentando acercar posturas, lo que supone que al final ambas queden satisfechas si aceptan la propuesta de acuerdo que les propone el mediador.
En la experiencia que estamos aplicando en la Audiencia Provincial de Alicante en materia penal desde el año 2007 hemos alcanzado acuerdos en un porcentaje del 57%, lo que supone que antes del juicio la víctima puede ser indemnizada y existe una aceptación de los hechos por el acusado y un arrepentimiento de lo sucedido, lo que viene a mejorar la posición de la víctima en el proceso y evita que esta tenga que seguir acudiendo al juicio, ya que los procesos de mediación suponen que se consigue una conformidad del acusado con los hechos y la pena que le solicita el fiscal, que aplica una reducción de la inicial prevista por haber satisfecho la indemnización y arrepentirse personalmente de lo ocurrido. Hay que señalar, sin embargo, que, obviamente, esto no es posible llevarlo a cabo con delitos graves, sino en supuestos menos graves en los que es positiva esta mediación.
Por ello, ante la contrastada eficacia de la mediación se hace preciso una ley que regule con claridad cómo hay que actuar para conseguir por esta vía resolver el conflicto que surge de forma consensuada, sin olvidar que si se trata de la comisión de un delito ello no conllevará un archivo del procedimiento, sino una reducción en la pena. Desde el año 2001 ya hay una Directiva Europea que apuesta por la mediación, por lo que, aunque tarde, es preciso que para evitar que todos los conflictos que surgen en la sociedad tengan que judicializarse, o que si se hacen se resuelva sin oposición, y para reducir las cifras de casos que se siguen presentando en los juzgados se potencie la creación de equipos mediadores que ayuden a buscar métodos alternativos que nos permitan ir acercándonos a una sociedad que también resuelva sus problemas sentándose cara a cara las dos partes de un conflicto. Y es que a esta sociedad le falta más consenso, menos conflictos y mayor ahorro de costes con propuestas económicas y eficaces.
Opinión de Vicente Magro Servet publicada el 1 de Febrero de 2010 en el sitio "Información.es"
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2010/02/01/mediacion-alternativa-eficaz-justiciabr/975288.html
Es por ello, por lo que en los momentos de crisis, como el que ahora nos encontramos, se convierten en imprescindibles aquellas propuestas que tiendan a mejorar los servicios privados y públicos. Fácil es, por ello, hacer propuestas que lleven consigo un importante desembolso económico, porque no se ajustan a los periodos de dificultad económica por la propia imposibilidad de su realización. Y ello, aunque su planteamiento sea interesante. Así las cosas, debemos hacer un esfuerzo por comprender que hay que priorizar aquellos gastos que sean urgentes y en los demás aportar ideas económicas que no graven más las deterioradas arcas públicas.
Pues en este estado de cosas en la justicia ocurre lo mismo y la crisis económica ha azotado con garra todo el sistema judicial, por lo que es preciso aportar estas ideas que permitan con poca inversión conseguir rebajar la cifra de expedientes en trámite. Y una de ellas es la de la mediación. Un sistema que se está empezando a aplicar en Alicante en los procesos matrimoniales en virtud de un convenio entre el Colegio de Abogados de Alicante, la Fiscalía, el decanato de los juzgados y la Audiencia Provincial para evitar la confrontación entre las partes de una separación o un divorcio, a fin de conseguir que se llegue a un acuerdo en aquellas cuestiones que siempre surgen tras una ruptura, tanto en materia de la custodia y régimen de visitas de los menores, como en todos los aspectos económicos que siempre se derivan de la decisión de acabar con la vida en común.
Es indudable que es mejor un buen acuerdo extrajudicial o judicial que el enfrentamiento que siempre surge en los litigios contenciosos que siempre ralentizan la resolución del conflicto y que poco beneficia a las partes en sus pretensiones, ya que siempre es preferible conseguir el consenso mutuo en la obtención de los fines que ambos pretendían para resolver su problema que llegar hasta el final con una decisión que a lo mejor ninguno quería. Con el acuerdo, ambas partes de un conflicto salen satisfechos, pero sin el acuerdo y con el enfrentamiento, al hacer contencioso el conflicto, siempre habrá una de las partes que no lo quede en los mismos términos, al haberse desestimado sus pretensiones.
Y en la obtención de estos acuerdos es pieza clave la mediación; es decir, una figura que se está empezando a aplicar en nuestro derecho, y que tiene pocos costes pero una alta eficacia, ya que supone que un tercero ajeno a las partes sea el que les exponga los puntos de unión y desunión y les ofrezca una alternativa de consenso para ir intentando acercar posturas, lo que supone que al final ambas queden satisfechas si aceptan la propuesta de acuerdo que les propone el mediador.
En la experiencia que estamos aplicando en la Audiencia Provincial de Alicante en materia penal desde el año 2007 hemos alcanzado acuerdos en un porcentaje del 57%, lo que supone que antes del juicio la víctima puede ser indemnizada y existe una aceptación de los hechos por el acusado y un arrepentimiento de lo sucedido, lo que viene a mejorar la posición de la víctima en el proceso y evita que esta tenga que seguir acudiendo al juicio, ya que los procesos de mediación suponen que se consigue una conformidad del acusado con los hechos y la pena que le solicita el fiscal, que aplica una reducción de la inicial prevista por haber satisfecho la indemnización y arrepentirse personalmente de lo ocurrido. Hay que señalar, sin embargo, que, obviamente, esto no es posible llevarlo a cabo con delitos graves, sino en supuestos menos graves en los que es positiva esta mediación.
Por ello, ante la contrastada eficacia de la mediación se hace preciso una ley que regule con claridad cómo hay que actuar para conseguir por esta vía resolver el conflicto que surge de forma consensuada, sin olvidar que si se trata de la comisión de un delito ello no conllevará un archivo del procedimiento, sino una reducción en la pena. Desde el año 2001 ya hay una Directiva Europea que apuesta por la mediación, por lo que, aunque tarde, es preciso que para evitar que todos los conflictos que surgen en la sociedad tengan que judicializarse, o que si se hacen se resuelva sin oposición, y para reducir las cifras de casos que se siguen presentando en los juzgados se potencie la creación de equipos mediadores que ayuden a buscar métodos alternativos que nos permitan ir acercándonos a una sociedad que también resuelva sus problemas sentándose cara a cara las dos partes de un conflicto. Y es que a esta sociedad le falta más consenso, menos conflictos y mayor ahorro de costes con propuestas económicas y eficaces.
Opinión de Vicente Magro Servet publicada el 1 de Febrero de 2010 en el sitio "Información.es"
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2010/02/01/mediacion-alternativa-eficaz-justiciabr/975288.html
Sólo 19% de mexicanos vive seguro
Cultura de Paz: Derechos Humanos Crisis de la Justicia
México es uno de los principales países violadores en Derechos Humanos en el Mundo
Sólo 19 % de la población en México puede garantizar su sobrevivencia en forma razonable, debido a que esa proporción de la población ve cumplido su derecho a la seguridad, pues el país ocupa el segundo lugar en violencia después de Irak, y el primero en criminalización, persecución y ejecución de luchadores sociales, defensores de derechos humanos y periodistas: más de un centenar de éstos han sido asesinados a partir del año 2000.
Eduardo José Torres Maldonado, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco, explicó que nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en violaciones a los derechos humanos, debido a que la capacidad de respuesta a los grandes problemas que se viven es demasiado lenta, inoportuna e ineficiente, al estar limitada por “las burocracias tradicionales”.
Por lo tanto, dijo, la propuesta es refundar, recrear y reestructurar instituciones, pero no puede hacerse a través de los mismos esquemas con que se ha trabajó en el siglo XX.
Torres Maldonado explicó que en el marco de la crisis global de la civilización occidental, es importante retomar una de las funciones esenciales de la universidad pública: el estudio científico, crítico y propositivo de los grandes problemas nacionales e internacionales.
Con ese objetivo surgió el Seminario Ikeda: por la paz, la sustentabilidad y los derechos humanos, iniciativa derivada de la necesidad de responder a los grandes problemas con propuestas estructurales y coyunturales, tanto del presente como del futuro, y de reinterpretación del pasado con una idea de trabajo prospectivo inclusivo.
Vínculos importantes
Torres Maldonado dijo que en esta actividad se generan vínculos no sólo con los intelectuales, académicos y políticos, quienes toman las decisiones trascendentes, sino con todas aquellas personas que integran a la sociedad civil, organizaciones e instituciones ciudadanas que están planteando soluciones en el campo y la ciudad.
En su tercera edición, el Seminario propuso celebrar un convenio académico de colaboración entre la Unidad Azcapotzalco y la Universidad de Soka, Japón; la organización de exposiciones internacionales; la creación de una cátedra paralela al Seminario, y la presentación de propuestas de apoyo para el desarme nuclear, además de la fundación de un parlamento ciudadano mundial en la Organización de las Naciones Unidas como iniciativas para la paz.
Dijo que lo ideal, para consolidar un estado de bienestar en un Estado de Derecho, se requiere de una sociedad en equilibrio, y lo que se promueve con la globalización y el modelo neoliberal es lo contrario.
Publicado el 5 de Enero de 2010, en el sitio "El Universal.com.mx"
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/174472.html
Sólo 19 % de la población en México puede garantizar su sobrevivencia en forma razonable, debido a que esa proporción de la población ve cumplido su derecho a la seguridad, pues el país ocupa el segundo lugar en violencia después de Irak, y el primero en criminalización, persecución y ejecución de luchadores sociales, defensores de derechos humanos y periodistas: más de un centenar de éstos han sido asesinados a partir del año 2000.
Eduardo José Torres Maldonado, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco, explicó que nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en violaciones a los derechos humanos, debido a que la capacidad de respuesta a los grandes problemas que se viven es demasiado lenta, inoportuna e ineficiente, al estar limitada por “las burocracias tradicionales”.
Por lo tanto, dijo, la propuesta es refundar, recrear y reestructurar instituciones, pero no puede hacerse a través de los mismos esquemas con que se ha trabajó en el siglo XX.
Torres Maldonado explicó que en el marco de la crisis global de la civilización occidental, es importante retomar una de las funciones esenciales de la universidad pública: el estudio científico, crítico y propositivo de los grandes problemas nacionales e internacionales.
Con ese objetivo surgió el Seminario Ikeda: por la paz, la sustentabilidad y los derechos humanos, iniciativa derivada de la necesidad de responder a los grandes problemas con propuestas estructurales y coyunturales, tanto del presente como del futuro, y de reinterpretación del pasado con una idea de trabajo prospectivo inclusivo.
Vínculos importantes
Torres Maldonado dijo que en esta actividad se generan vínculos no sólo con los intelectuales, académicos y políticos, quienes toman las decisiones trascendentes, sino con todas aquellas personas que integran a la sociedad civil, organizaciones e instituciones ciudadanas que están planteando soluciones en el campo y la ciudad.
En su tercera edición, el Seminario propuso celebrar un convenio académico de colaboración entre la Unidad Azcapotzalco y la Universidad de Soka, Japón; la organización de exposiciones internacionales; la creación de una cátedra paralela al Seminario, y la presentación de propuestas de apoyo para el desarme nuclear, además de la fundación de un parlamento ciudadano mundial en la Organización de las Naciones Unidas como iniciativas para la paz.
Dijo que lo ideal, para consolidar un estado de bienestar en un Estado de Derecho, se requiere de una sociedad en equilibrio, y lo que se promueve con la globalización y el modelo neoliberal es lo contrario.
Publicado el 5 de Enero de 2010, en el sitio "El Universal.com.mx"
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/174472.html
"Jalisco, 100 años atrás en materia de impartición de justicia".
Mediación México
Justicia Alternativa
Leyes sobre Mediación
Centros de Mediación
Guadalajara, Jalisco. En Jalisco vamos 100 años atrás en materia de impartición de justicia, revela el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJ), Celso Rodríguez González, después de rendir su informe anual de actividades en el patio central del Palacio de Justicia.
“No es posible que Jalisco, el tercer Estado más importante económicamente y territorialmente hablando, no tenga los avances en justicia como lo tienen otros estados”.
Aunque destacó la aprobación de la Ley de Justicia Alternativa, que disminuiría considerablemente procedimientos judiciales y las cargas de trabajo de los tribunales, reprochó al Congreso el que hasta el momento no haya designado al director del Instituto de Justicia Alternativa, lo que ha impedido el ejercicio de su presupuesto previamente asignado, y solicitó el apoyo del Poder Legislativo y del Ejecutivo para participar en el nombramiento de dicho director.
Nota publicada el 12 de Diciembre de 2009, en el sitio "El Informador.com"
http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/162020/6/jalisco-100-anos-atras-en-materia-de-imparticion-de-justicia.htm
“No es posible que Jalisco, el tercer Estado más importante económicamente y territorialmente hablando, no tenga los avances en justicia como lo tienen otros estados”.
Aunque destacó la aprobación de la Ley de Justicia Alternativa, que disminuiría considerablemente procedimientos judiciales y las cargas de trabajo de los tribunales, reprochó al Congreso el que hasta el momento no haya designado al director del Instituto de Justicia Alternativa, lo que ha impedido el ejercicio de su presupuesto previamente asignado, y solicitó el apoyo del Poder Legislativo y del Ejecutivo para participar en el nombramiento de dicho director.
Nota publicada el 12 de Diciembre de 2009, en el sitio "El Informador.com"
http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/162020/6/jalisco-100-anos-atras-en-materia-de-imparticion-de-justicia.htm
"El acceso a Justicia es una política de Estado"
Mundo Mediación
Crisis de la Justicia
Aceso a la JusticiaAsí lo afirmó la vicepresidente de la Corte de Argentina, Elena Highton de Nolasco, quien agregó que "los métodos alternativos de resolución de conflicto son eficaces para todos los ciudadanos, sean estos ricos o pobres"
"Es necesario evitar la sinonimia entre conflicto y litigio. Acceso a la Justicia no implica acceso a una sentencia, significa acceso a una resolución del conflicto en forma rápida y poco costosa, no sólo en dinero sino también en tiempo, esfuerzos y energías", dijo la vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, durante la presentación del "Mapa de situación sobre los diversos métodos de acceso a la Justicia implementados en el ámbito del Poder Judicial de la República Argentina", realizada hoy en el Palacio de Justicia.
"Es necesario evitar la sinonimia entre conflicto y litigio. Acceso a la Justicia no implica acceso a una sentencia, significa acceso a una resolución del conflicto en forma rápida y poco costosa, no sólo en dinero sino también en tiempo, esfuerzos y energías", dijo la vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, durante la presentación del "Mapa de situación sobre los diversos métodos de acceso a la Justicia implementados en el ámbito del Poder Judicial de la República Argentina", realizada hoy en el Palacio de Justicia.
Acompañaron a Highton en el estrado el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti; los ministros Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni; la secretaria de Justicia de la Nación, Marcela Losardo; y la defensora General de la Nación, Stella Marís Martínez. Asistieron también Guillermo Montenegro, secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y Leandro Despouy, presidente de la Auditoria General de la Nación.
"Este trabajo es el fruto de las políticas de Estado del Poder Judicial que surgieron en la Conferencia Nacional de Jueces en 2007, con las que se comprometieron los magistrados de todo el país", expresó Highton.El mapa, que está disponible on line en la página principal de la Corte (www.csjn.gov.ar), fue elaborado por la Comisión Nacional de Acceso a Justicia que preside la doctora Highton e integran jueces nacionales, federales y provinciales de todo el país. Justicia para todos.
La ministra sostuvo que una política de justicia debe brindar a todos los ciudadanos la posibilidad de protección de sus propios derechos, pero no necesariamente a través de la vía jurisdiccional. "Es necesario diseñar y alentar una protección accesible, plural y heterogénea, y no es menester -a veces ni siquiera conveniente- que sea a través del Poder Judicial como tal", precisó.
Además destacó que los jueces deben asumir y cumplir un rol central y protagónico en la promoción del acceso a justicia.
"El hecho de que se esté hablando de métodos alternativos de resolución de conflictos no significa que los jueces queden al margen de esta tarea. Es imprescindible que desde el Poder Judicial se promuevan programas que brinden la posibilidad a todas las personas por igual de acceder al conocimiento, al ejercicio y la defensa de sus derechos".
"El principal objetivo de la Comisión -explicó Highton- es la implementación de políticas públicas para promover e incentivar el acceso a justicia, con el fin de disminuir la litigiosidad judicial y mejorar el servicio de justicia profundizando la inserción de métodos alternativos de resolución de conflictos
Nota publicada el 28 de Abirl de 2009 en el sitio "infobae.com"
Presentaron el mapa nacional de acceso a la Justicia en Argentina
Acceso a la justicia
Mundo Mediación
Según un informe presentado por la Corte Suprema de Justicia, la aplicación de métodos alternativos de disolución de conflictos hizo que en la provincia de Córdoba y en la Capital Federal el 70 por ciento de los juicios se resolviera antes de llegar a la instancia procesal, mientras que en Mendoza se reportó un 38 por ciento de acuerdos en el primer semestre de 2008.
La resolución de conflictos a través de metodologías alternativas como la mediación, el arbitraje, las oficinas de atención a la víctima, las oficinas de violencia doméstica y las Casas de Justicia, entre otras, se generalizó en los últimos años como práctica destinada a reducir la cantidad de causas que se tramitan por vía de procesos judiciales.
Por eso ayer, la ministra de la Corte Elena Highton de Nolasco presentó en sociedad el "Mapa Nacional de Acceso a la Justicia", un trabajo surgido de la colaboración de todos los tribunales del país al que se accede a través de la página web de la Corte.En ese mapa se detallan, por distrito, todas las modalidades implementadas para hacer más ágil la tramitación de los casos que, con distintos grados de desarrollo, se vienen implementando en 21 jurisdicciones.
La presentación se llevó a cabo durante un acto del que participaron representantes de todas las Cortes provinciales, de la Asociación de Magistrados, y funcionarios de la Justicia como la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y la viceministra de Justicia, Marcela Losardo.
Entre los magistrados hubo coincidencia en destacar la necesidad de controlar la enorme litigiosidad que se registra en la Argentina. La propia Highton de Nolasco se encargó de advertir que "es necesario evitar la sinonimia entre conflicto y litigio porque acceso a la Justicia no implica acceso a una sentencia, sino a una resolución del conflicto en forma rápida y poco costosa, no sólo en dinero sino también en tiempo, esfuerzos y energías".
La jueza María Esther Cafure de Battistelli, titular de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, advirtió que el sistema implementado en Córdoba -donde la mediación se produce en el 90 por ciento de los casos dentro del Poder Judicial- fue seguido en casi todo el norte del país: "Creo que este mapa muestra el gran empuje que han tenido las provincias en actualizar los métodos de acceso a la Justicia. Córdoba puede estar muy orgullosa de sus avances en mediación", explicó a este diario.
La magistrada destacó el hecho de que las provincias deban conservar su autonomía para fijar sus propios parámetros de acceso a la Justicia y aseguró que en Córdoba "existe plena conciencia sobre estas medidas alternativas, que está dada desde el momento en que los propios abogados están instando a la creación de centros de mediación".
El juez de la Suprema Corte de Mendoza Alejandro Pérez Hualde advirtió que la conflictividad social "ha excedido la capacidad de respuesta de los poderes judiciales". "Esta política que se desarrolla a nivel nacional ha partido de la toma de conciencia que hemos hecho y es que hoy, por más esmero que pongamos en ser más eficientes, igual no alcanzamos a resolver todos los conflictos que se plantean a través de medios convencionales como es el juicio y la sentencia", agregó.
Pérez Hualde destacó el hecho de que, a pesar de que en Mendoza la mediación no es obligatoria, "es muy alto el nivel de causas que soluciona sin necesidad de llegar a la sentencia" y anticipó que se está implementando la designación de mediadores por cada departamento de la provincia para que la resolución de conflictos se produzca a nivel local.
Highton de Nolasco admitió que la gran deuda que tiene el sistema de solución alternativa de conflictos es la falta de aplicación en la justicia nacional del interior del país, donde existe un rechazo sistemático a abrir un espacio a la mediación.Cafure de Battistelli lamentó esa carencia de la justicia federal de las provincias.
Nota publicada el 28 de abril de 2009 en el sitio "Los Andes on line.com"
Urge PGR a aplicar reformas penales
-Justicia Restaurativa-
-Crisis de la Justicia-
En estos momentos México carece de un sistema de aplicación e impartición de justicia que responda a las actuales necesidades ciudadanas. Por ello, la nueva reforma a la Ley de Justicia Penal debe ponerse en práctica sin dilaciones, en defensa de los derechos ciudadanos.
Así lo aseguró el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, al inaugurar el simposium binacional Desafíos y Perspectivas de la Implementación de la Reforma Penal En México.
En su intervención, el abogado de la nación destacó la importancia de la nueva reforma, ya que los actuales ordenamientos legales no cumplen con su objetivo y, por ello, la necesidad de un cambio.
“El Estado responde a un retraso del sistema penal, que no ha podido garantizar a todos, ni plenamente el derecho a la seguridad de sus personas y propiedades ni a las garantías individuales ni derechos humanos que nuestra Constitución consagra.
“Hablamos de un sistema insuficiente para cumplir con la primera obligación del Estado, que es brindar certidumbre y seguridad jurídica a la población”, dijo en el auditorio central del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Medina Mora aseguró que el nuevo ordenamiento en materia de justicia penal es una reforma que garantiza la presunción de inocencia del inculpado y se enfoca hacia una justicia restaurativa, que favorece la transparencia e imparcialidad.
La reforma publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, agregó Medina Mora, permite ajustar las leyes penales a las prácticas internacionales más reconocidas en materia de justicia penal.
El nuevo instrumento legal dota por primera vez en la historia de nuestro país, dijo el titular de la PGR, de herramientas funcionales que desde hace tiempo se utilizan en otros países para someter a uno de los flagelos que más dañan a la humanidad como es la delincuencia organizada.
“Especialmente la que se dedica al narcotráfico. Las nuevas disposiciones contra la delincuencia organizada se dan en un contexto que les da todo su valor. Por primera vez se está enfrentando a las organizaciones criminales con una estrategia integral.
“No únicamente para combatir sus efectos, sino para atacar e inutilizar las cadenas que se reproducen. Hay una descomposición de las organizaciones criminales. Los niveles de violencia que enfrenta nuestro país son sin duda altos desde nuestra perspectiva histórica”, reconoció.
Por ello, la nueva reforma debe aplicarse, agregó Medina Mora, a pesar de los actos de resistencia que se han observado durante la elaboración y desarrollo del proyecto.
“Yo creo que las resistencias vienen del desconocimiento de las enormes virtudes en la implementación de un sistema de esta naturaleza. Desde luego requiere nuevas habilidades”, dijo.
Publicado originalmente en el sitio "Excelsior en Linea" el 10 de Febrero de 2009.
"México está contaminado por la corrupción"
-Crisis de la Justicia-
El escritor portugués José Saramago advirtió este viernes que “hay un poder dentro del país, dentro de la sociedad, incluso dentro del propio Estado mexicano, que es el narcotráfico”. Durante una videoconferencia para presentar en México su libro “El viaje del elefante”, el nobel de Literatura lamentó mucho la situación que vive México.
“México es un país que yo no llego a entender; lo siento muchísimo, pero yo no entiendo cómo es que un país como cultura extraordinaria, un país con una potencia, no sólo material, sino también espiritual como México... ¿qué es lo que pasa ahí?”.
El escritor agregó que México no es el único país en que todo está contaminado por la corrupción, “incluida la policía, las autoridades, los directores en sus deberes”.
Añadió que “mientras no arrancais esa planta venenosa, pues yo no sé qué podamos hacer, o que es lo que podeis hacer, porque poco sé lo que estais sufriendo. Nosotros aquí leemos las noticias, nos pesa muchísimo y nos da pena, y además siendo, digamos amigos de México, nos duele muchísimo”.
También habló sobre el nuevo presidente de Estados Unidos. Dijo que la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca representa una auténtica revolución, ya que es el primer presidente negro en alcanzar el poder en un país con tradiciones racistas.
Consideró que el error nuestro será creer que Obama será como un mesías, que todo lo hace, inclusive milagros, pero no es así, ya que está “rodeado de tiburones”.
Nota publicada el 30 de Enero en el sitio "NNS Oaxaca".
Aprueba Congreso ampliar oralidad de los juicios
-Reformas al Sistema de Justicia-
-Mundo Jurídico-
-Juicios Orales-
Los diputados del Congreso Local aprobaron ampliar la oralidad y aplicarla en juicios administrativos, civiles y de divorcio, en esta modernidad jurídica en la entidad.
Recientemente el Congreso del Estado aprobó ampliar la oralidad a procedimientos administrativos, civiles y el catálogo de delitos penales, cuya tipificación se incorpora a la oralidad los procesos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y así en los particular promueve recursos contra una autoridad y procedimientos civiles como el del divorcio por mutuo consentimiento.
Esto refleja una madurez jurídica porque ya no tan solo se ve lo de la materia penal, se incluyen en el catálogo lenocinio, calumnia, hostigamiento sexual, abandono de familia, abandono de persona, aborto, usura y violación de leyes de inhumación y exhumación, pornografía infantil y corrupción de menores, entre otros.
Además en esta ç modernidad el Congreso aprobó también facultar a las autoridades estatales a tomar medidas especiales de seguridad en la reclusión de reos de la delincuencia organizada.
Por lo que se avaló enviar al Senado una solicitud donde los faculte a expedir una Ley Federal sobre secuestro, y otra para la protección de los datos personales.
Por lo que se avaló enviar al Senado una solicitud donde los faculte a expedir una Ley Federal sobre secuestro, y otra para la protección de los datos personales.
Con esto Nuevo León amplía la gama de aplicación de juicios orales para la mayoría de los delitos quedando pendientes solamente para los graves de tipo penal.
En Periodo Extraordinario de Sesiones se reformó la Ley de Justicia Administrativa para el estado de Nuevo León y a la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León.
"Esta iniciativa que ya fue presentada hace un año, pero como no había presupuesto estaba detenida y ahora que ya los hay, pues le dimos para adelante", detalló el diputado panista Guajardo Canales quien expresara que los juicios orales se ampliaron para aplicarse en 51 delitos diferentes, pero los que todavía no entran son los considerados como graves, que son homicidio, violación".
Agregó que en los delitos que se están ampliando son de muy poca reincidencia, al igual que los aprobados en materia civil, ni los juicios ordinarios ni los complejos.
"Creo que todo esto debe ir en la medida que vamos avanzando y cuando las mismas autoridades lo consideren prudente", por lo que en materia penal faltarían los más graves y en civil, casi la mayoría.
BLINDAN CAREO
En otro orden de ideas con recepto ala modernidad jurídica también el Congreso del estado aprobó por unanimidad las reformas en materia penal para reforzar la vigilancia de los reos peligrosos en los centros penitenciarios.
Las modificaciones son a la Ley que regula la Ejecución de las sanciones penales relativo a las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública y al tratamiento sobre la personalidad de los internos.
Entre los puntos que se establecen resalta la clasificación de reclusos aplicando medidas especiales de vigilancia y seguridad de todas las personas que fueren privadas de su libertad desde el momento de su ingreso y la instalación de cámaras de circuito cerrado en celdas e instalaciones.
Y obliga que usen uniformes de identificación diferentes a los demás reclusos, aplicación permanente de acciones de revisión interna y externa de las celdas e instalaciones.
También se contempla el control extremo de vigilancia a visitas, control extremo de acción operativa o cualquier otra medida que debido a las circunstancias la autoridad estime pertinente.
El Congreso de la Unión habrá entonces de legislar en materia de secuestro e instalar medidas especiales de seguridad en las celdas con reos peligrosos emanados del narcotráfico.
Además durante el periodo extraordinario de sesiones ante el Pleno, los Diputados de la Septuagésima Primera Legislatura aprobaron por unanimidad filtros para que la obra pública estatal sea analizada antes de su construcción.
Así los Diputados avalaron por unanimidad una minuta que reforma el Artículo 73 de la Constitución Política en relación a que se le otorgue al Congreso de la Unión la facultad para expedir una ley federal en materia de secuestro.
También la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó por unanimidad una segunda minuta para reformar la Constitución Política para garantizar la protección de datos personales a nivel nacional, extendiendo su aplicación a todos los niveles, y sectores.
El proyecto de decreto que incluye la reforma adiciona un párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el pasado 4 de diciembre del 2008, el Senado de la República hizo lo propio.
También la Septuagésima Primera Legislatura avaló modificaciones a los Artículos 8 y 26 de la Ley que regula la Ejecución de Sanciones Penales para que el Gobierno para implementar acciones de vigilancia en la reclusión de reo peligroso de la delincuencia organizada.
La propuesta hecha por el Titular del Poder Ejecutivo abarca que la autoridad de los Centros Penitenciarios de Nuevo León podrán instalar cámaras de circuito cerrado en las celdas y pasillos, uniformes de identificación, módulos especiales, y revisiones permanentes dentro y fuera del inmueble.
Durante el periodo extraordinario, los Diputados aprobaron una iniciativa de decreto por el que se reforman diversos Artículos de la Ley de Planeación para evaluar la viabilidad y factibilidad de la obra pública del gobierno estatal.
La reforma avalada por los legisladores establece que la Auditoría Superior del Estado podrá analizar y revisar si se cumplió con las características autorizadas.
La reformas fueron propuestas por los Diputados Jesús Hinojosa, del PAN, e Ildefonso Guajardo, del PRI.
La reformas fueron propuestas por los Diputados Jesús Hinojosa, del PAN, e Ildefonso Guajardo, del PRI.
Tras la aprobación por parte de los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, los Diputados sometieron a consideración y discusión de las reformas a la Ley de Justicia Administrativa y a la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León.
La reforma busca ampliar la oralidad en los juicios, la implementación del tribunal Virtual Administrativo y ampliación de los métodos alternos para la solución de conflictos.
APRUEBAN DISECRECIÓN.
Igualmente los diputados locales aprobaron por unanimidad la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforme el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin que la legislación federal pueda expedir una ley general en materia de secuestro.
Que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada.
El diputado del PAN, José Manuel Guajardo, expresó que este proyecto de decreto, simboliza el primer paso para recuperar la paz y la seguridad que en el país debe de garantizarse.
En tanto que la legisladora del PRI, Elisa Elizondo Treviño manifestó que el delito del secuestro ha ido en aumento en el país, al grado de crear psicosis tanto en quienes lo han sufrido en carne propia como en quienes aún no han pasado por esa amarga experiencia, convirtiéndose así en un "gran negocio para los delincuentes".
"Dado de ello, es el dramático segundo lugar que ocupa México en el número de secuestros cometidos, sólo después de Colombia", comentó.
Para ello se destacó que las legislaciones en materia de delincuencia organizada y de secuestro en cada uno de los estados continuarán en vigor hasta que el Congreso de la Unión se encuentre en posibilidades de asumir las facultades que se exigen en esta reforma.
Dicho proyecto será enviado a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para su conocimiento, conforme al artículo 135 de la Constitución Política Mexicana.
Dicho de cierta forma el hoy en día el derecho es una herramienta transformadora -y creadora- de la realidad, por su simple aplicación a través de códigos y leyes.
Por lo que el derecho es visto como una variable independiente -en términos de Sousa Santos (1991)- que promueve activamente la transformación social, cultural y material.
Y cada reforma del Código de Procedimientos en Materia Penal mediante el que se estableció el juicio oral -objeto de nuestra investigación- no escapa a esta "regla" es crecer y desarrollarse mejor.
Es en este marco, que se comienza a pensar en una transformación del poder judicial, transformación que debería producirse con la elaboración de un nuevo Código de Procedimientos que reemplazase al vigente.
Entre los antecedentes políticos e históricos más cercanos a la modificación del procedimiento escrito, el juicio oral y público en una sinergia con el poder judicial, cual nace como un actor autónomo con un destacado rol en la limitación de la acción del poder ejecutivo, y el juicio oral y público como la muestra de la incorporación de modernos procedimientos judiciales a la justicia en México.
Así Nuevo León se suma a la reforma procesal propiamente dicha, las argumentaciones y justificaciones utilizadas por los defensores de la oralidad y por la mayoría de los jueces.
Nota de Rubén Fuentes García publicada el Martes, 20 de Enero de 2009 en el periódico "El Porvenir"
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