La mesa de análisis, moderada por Alonso González-Villalobos,
Director de ABA ROLI México y en la que también participó Marco Antonio
Carrillo Maza, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mexicali,
desarrolló temas como las nuevas características de la investigación y
detenciones, la importancia de los modelos de vigilancia y medidas cautelares,
la vigilancia en el juicio como mecanismo de transparencia, y los retos y
oportunidades para una correcta administración de la ejecución de la pena.
José Antonio Caballero Juárez, Académico del CIDE, planteó los
temas de construcción de la investigación y construcción de la regulación de
las policías. “¿Capacitación para qué? Un buen policía tiene ‘calle’. ¿Qué
queremos de nuestras policías? ¿Qué necesitan las policías? ¿Qué tipo de
policías necesitamos?”.
Por su parte, Rogelio Rueda de León Ordóñez, Director General de
Asistencia Técnica de la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal, aclaró que “la imagen de la
policía sí ha cambiado. Hay que reconocer los avances”. Añadió en que en los
últimos años se ha invertido mucho en aspectos tecnológicos, “pero lo que
realmente se necesita es una mayor coordinación entre la trilogía
investigadora” –conformada por las policías, los peritos y el Ministerio
Público.
Alonso González-Villalobos, Director de ABA ROLI México y
moderador de la mesa, abrió las preguntas al público de donde surgieron
cuestionamientos como “¿cómo le hacemos para que haya mayor coordinación entre
el Ministerio Público y las policías?”, “¿por qué a los policías cuando
terminan su horario de servicio no se les permite portar armas, si el peligro
no termina cuando termina este horario?”, “si la reforma se estableció desde
2008, ¿por qué hasta este momento se piensa en la capacitación para el
personal?” y “¿cómo el estado es garante de la seguridad de los ciudadanos pero
también de los policías frente a la inteligencia que ha desarrollado la
delincuencia organizada?”. Estos espacios ayudan tanto a conocer las
percepciones de los asistentes como la socialización de experiencias diversas.
En la mesa cuatro, denominada “La justicia alternativa y los
métodos alternos de solución de conflictos: la nueva forma de ‘hacer
justicia’”, Rubén Cardoza Moyrón, consultor en materia de mediación y solución
colaborativa de conflictos, dijo que debemos asumir, a casi 15 años del inicio
de la justicia alternativa de manera formal en nuestro país, que se han
resuelto y respondido las preguntas sobre si la justicia alternativa podría
atender los conflictos entre las personas. “Se ha resuelto, incluso, si puede
ser aplicada en diversos escenarios: hay mediación comunitaria, escolar,
política, administrativa”. Dentro de los retos para este mecanismo alterno de
solución de conflictos, Cardoza Moyrón identificó la capacitación permanente
fundada en modelos teóricos, la evaluación cualitativa y cuantitativa del
desempeño de los mediadores, y el establecimiento de una tipología de delitos
que permita encauzar los asuntos al procedimiento más adecuado.
La mesa, moderada por Eduardo Orihuela Estefan, diputado local y
consejero para el Nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, versó sobre
temas como la importancia y beneficios de la implementación de medios de
justicia alternativa, el perfil específico y características de los operadores
de los mecanismos de justicia alternativa, casos de éxito de la justicia
alternativa en el Estado de Michoacá, y alcances y retos de los medios
alternativos de solución de controversias.
Por su parte, Ivette de Jarmy Arce, Mediadora-Conciliadora y
Facilitadora de Procesos de Justicia Restaurativa del Nuevo Sistema de Justicia
Penal del Poder Judicial del Estado de Michoacán, enfatizó que debemos “ver con
otros ojos y no solamente con los ojos de la ley o del estigma” que se impone a
una persona que ha cometido un delito. Es fundamental tener en cuenta el
contexto que forma a las personas y las lleva a una conducta delictiva. “Si las
personas se quedan con eso y se van a sus casas, no descansan”. La víctima
tiene la necesidad de que se le explique por qué se le ha agraviado, a la vez
que la persona que ha delinquido tiene necesidad de explicarse y de ser
escuchada.
Oscar Gustavo Arroyo Carrillo, Mediador-Conciliador y Facilitador
de Procesos de Justicia Restaurativa del Nuevo Sistema de Justicia Penal del
Poder Judicial del Estado de Michoacán, explicó el procedimiento que sigue un
proceso de mediación-conciliación así como de justicia restaurativa, aclarando
que ambos tipos de mecanismos de descongestión deben regirse por los principios
de voluntariedad, confidencialidad e imparcialidad.
Finalmente, Karla Karelly Villanueva Escamilla, experta en
justicia alternativa, puntualizó sobre la efectividad de estos mecanismos
alternativos de solución de conflictos, que tan sólo en Chihuahua ha llegado a
resolver 56 mil casos en un año. La especialista comentó que son necesarias
diversas condiciones no sólo a nivel de cada entidad federativa, sino a nivel
país, para que la justicia alternativa se consolide como una manera real de
solución de conflictos entre las personas: lineamientos a nivel nacional para
certificación continua; que los acuerdos tengan efectos que puedan ser
ejecutados por un juez competente del caso aun cuando el incumplimiento en
justicia restaurativa es muy bajo por la voluntariedad; una normativa a nivel
nacional que estandarice procedimientos; personal suficiente; difusión
integral; consolidación de los modelos de gestión; y una capacitación integral
y permanente.
MiMorelia.com 20/11/13
http://mizamora.net/noticias/91649
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