Valencia, España. La aprobación de la nueva norma de 5 de marzo de mediación en asuntos civiles y mercantiles es una buena noticia para la Justicia en España. Por una parte, impulsará la resolución de conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales como una fórmula de carácter totalmente voluntario y con el objetivo de aliviar el colapso de los juzgados. Por otra, introduce una nueva cultura en España: la resolución de conflictos a través dela negociación. Parafomentar la mediación, proceso fuertemente implantado en los países anglosajones, el Real Decreto prevé también que, cuando el juez aprecie que un caso pudiera resolverse de forma más ágil y barata por un mediador, podrá instar a las partes a utilizar esta fórmula. Esta iniciativa responde a la
urgencia de reducir la litigiosidad y conseguir una justicia ágil, moderna,
eficaz y eficiente. Con ella se persigue que los particulares, en lugar de
acudir a los tribunales, intenten ponerse de acuerdo a través de la figura del
mediador que trata de conciliar y acercar sus posiciones. No obstante, como
media para reforzar los pactos alcanzados, si las partes elevan éstos a
escritura pública podrán pedir su ejecución en los tribunales en caso de
incumplimientos por algunas de ellas. Conviene recordar que los acuerdos de
mediación tienen un índice de cumplimiento voluntario por las partes muy
superior al de los laudos arbitrales y las sentencias, que alcanza hasta el 98%
de los casos, según el Ministerio de Justicia.
Este Decreto constituye la
primera norma reguladora de la mediación civil a nivel estatal y por tanto,
supone un hito importante en la historia y consolidación de la mediación en
España. Con esta norma podemos afirmar que la mediación adquiere una fuerza
fundamental y un empuje propio dentro de nuestro sistema jurídico.
En la propia exposición de
motivos se contempla la necesidad de implantar una justicia de calidad y con
ese objetivo se regula, considerando la mediación como un instrumento
complementario de la Administración de Justicia, en la misma línea que recogía
ya la Directiva 2008/52 dela Unión Europeaen asuntos civiles y mercantiles.
El actual colapso del sistema
judicial hace necesario buscar nuevas fórmulas complementarias o alternativas a
la vía judicial y, en este escenario, la mediación se postula como una fórmula
idónea para promover soluciones justas, pacíficas y eficaces en la resolución
de conflictos.
A todas estas ventajas, hay que
añadir el importante ahorro de coste y tiempo, respaldado por un informe dela
Comisión Europeaque reconoce que el tiempo perdido en Europa por no utilizar la
mediación oscila entre los 331 y los 446 días de media y los costes
suplementarios pueden llegar a superar los 13.000 euros de promedio. Así pues,
este mecanismo puede resultar beneficioso tanto para las empresas como para los
particulares, ya que el coste medio de un juicio en España ronda los 3.000
euros y puede demorarse hasta diez años agotando todas las instancias posibles,
mientras que un proceso de mediación se resuelve en menos de seis meses con un
coste medio de unos 700 euros.
Conscientes de la importancia de
desarrollar la mediación como alternativa a la vía judicial, para poner este
servicio a disposición de la ciudadanía y de las empresas, la abogacía
valenciana tomó la iniciativa y se adelantó a la Administración pública y a
cualquier otro colectivo al crear en septiembre de 2010 el primer Centro de
Mediación dela Comunidad Valenciana.También recientemente se ha firmado el Convenio
de Mediación Familiar Intrajudicial con el Consejo General del Poder Judicial,
para ofrecer a las familias, órganos judiciales y demás operadores jurídicos,
la posibilidad de resolver el conflicto mediante un proceso de mediación en el
ámbito de la jurisdicción familiar. De esta forma, a principios de abril la
abogacía valenciana abrirá una oficina especializada en asuntos de mediación en
la Ciudad de la Justicia de Valencia, que contará con alrededor de 60 letrados,
que atenderán desinteresadamente el servicio.
Mariano Durán. Decano del Colegio de Abogados de Valencia, España.
Mariano Durán. Diario Jurídico.com. 02/04/2012.
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