Manta, Ecuador. El derecho por principio universal es dinámico, cambiante, nunca estático, evoluciona permanentemente con las transformaciones y desafíos de la sociedad.La legislación de los Estados, incorporan en sus respectivos ordenamientos jurídicos, normativas compatibles y actualizadas de estos requerimientos de complementariedad para mejor utilidad del bien colectivo.
En nuestro país, y en las últimas cartas políticas, consta la vigencia de este precepto y para su desarrollo en la práctica se promulgó la Ley de Arbitraje y Mediación en 1997, reconociéndose la justicia alternativa como medio de solución de conflictos entre personas naturales, jurídicas, privadas o públicas.
El acuerdo voluntario de las partes para acudir al centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de Comercio, permite flexibilizar; tiempo, recursos, dinero de gran beneficios a los usuarios de este sistema que permite en trámites y procesos simplificados encontrar soluciones a sus desacuerdos, en lo que se conoce en derecho como jurisdicción voluntaria y convencional.
Posiblemente, en la realidad nacional, un alto porcentaje de la población desconoce la existencia de este servicio, como acceder a él, su procedimiento, costos y otros requisitos, por la falta de difusión sostenida y permanente que permita obtener información necesaria para aprovechar las bondades de la nueva concepción de justicia. La tradicional forma de ventilar diferencias, es acudir a la justicia ordinaria con sus complejidades y limitantes de atender demandas cuyas estadísticas determinan un atosigamiento y cuasi colapso de juzgados y tribunales a fines con las materias susceptibles de transigir, en casos de contratos, inquilinatos, convenios comerciales, mercantiles, excluyéndose asuntos de carácter penal, por obvias razones tienen otro tratamiento y sanción que emana de la vindicta pública.
El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Manta, desempeña esta competencia constitucional, no solo para sus afiliados sino para la colectividad, que muy bien puede utilizar este mecanismo y resultar favorecido en el ahorro de todos los aspectos que inciden directa e indirectamente en una controversia judicial ordinaria. Este aporte institucional, es significativo, ayuda alternativamente a administrar justicia y colabora con esta oxigenando por el volumen de causas difíciles de atender dentro de los términos que se deben ajustar y aplicar de conformidad a los procedimientos legales y que origina inconformidad ciudadana por la lentitud en el despacho de las causas contrario a los principios de celeridad, simplificación e inmediación establecidos en la constitución que deben ser observados y cumplidos por la función judicial y que en la práctica son de difícil cumplimiento.
Francisco Velásquez García. Mercurio Manta.com. 28/1/2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario