Valladolid, España. La mediación familiar intrajudicial, un paréntesis en el procedimiento judicial que propicia la comunicación entre los miembros de una familia, sin dilatar plazos legales y con carácter gratuito, arranca en Valladolid mañana, lunes, como experiencia piloto en Castilla y León, primera Comunidad que desarrolla este sistema sin la competencia de Justicia transferida.
La presidenta de la Agrupación de Abogados Mediadores de Valladolid, Rocío Matilla, y la también letrada y mediadora Eva Carrasco, han explicado a Efe las peculiaridades de esta iniciativa que emprenderán los tres Juzgados de Familia de Valladolid, la Sala Primera de la Audiencia Provincial y el Juzgado de Primera Instancia de Medina de Rioseco.
Será desde mañana cuando los mediadores, en principio nueve durante la experiencia piloto, comiencen a abordar asuntos vinculados con rupturas de parejas con hijos menores, para analizar cuestiones que en esta primera fase se ceñirán a asuntos como la guardia y custodia, el régimen de visitas o la pensión alimentaria.
Cada día, el letrado mediador que se encuentre de guardia se dirigirá al Juzgado que corresponda en esa fecha, cuyo titular habrá redactado previamente una resolución en la que invita a las partes, junto a sus letrados, a asistir a una sesión informativa de mediación, una vez que el propio juez ha decidido qué asuntos pueden seguir esta vía.
Delimitado ya el ámbito de actuación, los mediadores contactan con los abogados que corresponda, ya que antes de abrir el sistema de mediación tiene que haber existido una vía judicial, con una demanda y una contestación, ha explicado Matilla.
Mediante una sesión informativa, a las que asisten mediador, integrantes de la pareja y abogados, se expone la posibilidad de desarrollar este método y, si aceptan, se convocan las sesiones de mediación en la Audiencia Provincial.
Ya en este paso, cuando se celebran las sesiones de mediación -una media de tres o cuatro encuentros-, los abogados no asisten, debido a la necesidad de guardar la confidencialidad de lo que se trate, aunque sí acuden dos personas procedentes de otras ramas distintas a la abogacía, en concreto una psicóloga y una trabajadora social.
El objetivo de la presencia de estas dos especialistas se centra en conseguir una visión desde dos puntos de vista diferentes, lo que ayudará a enriquecer la mediación y a velar por la imparcialidad, ha precisado Carrasco.
Una vez desarrolladas las sesiones de mediación, si se alcanza un acuerdo en todos los aspectos del conflicto tratados, lo convenido se incorpora al procedimiento judicial, para que el juez encargado del caso lo homologue y dicte sentencia, después de que los abogados de cada miembro de la pareja lo hayan supervisado y el proceso haya contado igualmente con el visto bueno de la Fiscalía.
En los supuestos en que solamente se pacta uno de los puntos conflictivos, como la pensión alimentaria o el régimen de visita, el juez fijaría en su resolución el acuerdo alcanzado y, en juicio, se discutiría lo que restase por convenir, han precisado las letradas mediadoras.
De esta forma, bien se puede llegar a una sentencia sin necesidad de juicio, en los casos de acuerdos en todos los aspectos, bien se puede convocar juicio sólo para los puntos que continúan con divergencias.
Se trata de "un paréntesis dentro del procedimiento judicial abierto", ha descrito Matilla, quien ha mencionado entre las ventajas de este sistema cómo se posibilita a las partes una mejor comunicación, no sólo para ese momento, sino también para el futuro, ya que los padres seguirán siendo progenitores independientemente de su separación y continuarán con los hijos en común.
Además, al evitar un enfrentamiento en los Juzgados, su relación mejora, a la vez que se siguen cumpliendo los plazos legales, no se dilata el procedimiento y se lleva a cabo de manera gratuita, han resumido.
La mediación familiar intrajudicial se abrirá camino desde el 11 de abril por primera vez en Castilla y León en virtud de un acuerdo suscrito el pasado 2 de marzo entre el Ejecutivo autonómico, que aporta 12.000 euros para el desarrollo del proyecto, y el Colegio de Abogados de Valladolid, un convenio que cuenta con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial.
EFE. Abc.es. 10/04/2011
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