Hace unos
días, en la inauguración de la nueva sede de la Audiencia Provincial de
Alicante, nuestro entrevistado, presidente de este órgano judicial, comentaba
con el Ministro Catalá de la necesidad de romper la idea del ciudadano de que
todo asunto debe acabar en el juzgado. “No le quepa duda hay casi un millón
novecientos mil asuntos que entran por la vía civil lo que también hace que se
congestionen nuestros juzgados. Potenciando la mediación desde la
Administración Central podrían derivarse sobre los 700.000 asuntos
anuales. El resto podría tener salida
desde los órganos judiciales”, comenta Vicente Magro, magistrado responsable de
este órgano judicial doble noticia en estos días. Junto al acto de inauguración
de la nueva sede de la Audiencia hemos conocido que el CGPJ ha premiado la
llamada Oficina de Medidas Alternativas, un proyecto suyo impulsado en la
citada Audiencia para reeducar a maltratadores y asuntos de tráfico no
relevantes, con el premio Calidad en Justicia que otorga el órgano de gestión de
los jueces de forma anual. Desde su
punto de vista “. Hay muchos proyectos
pilotos de mediación penal en marcha. Echamos en falta una Ley de Mediación
Penal a similar de la Civil que cumplió dos años de existencia”, comenta a este
periodista. A lo largo de esta
entrevista también abordamos la reforma penal que impulsa el Ministro Catalá y
el problema de la violencia de género en nuestro país con cifras altas de
muertes de mujeres aún.
En primera
persona
“Este año
2014 que se cierra ha sido importante para la Audiencia Provincial de Alicante.
Se reconoce nuestro trabajo y el de nuestra Oficina de Medidas Alternativas por
el CGPJ a nivel del Premio Calidad en
Justicia como oficina pionera que ya está en marcha desde hace diez años
orientada a buscar la empatía del penado hacia la víctima.
Esta
oficina que se puso en marcha en mayo del 2004 es un servicio común destinado a
implementar en la propia Audiencia una entidad de coordinación con los órganos
judiciales en el orden penal de medidas alternativas a la prisión. Así
empezamos con reinserción de maltratadores y en delitos contra la Seguridad
Vial.
La eficacia
de esta actividad ha sido notable, del cero por ciento en seguridad vial de
reincidencia y entre un 5 y 7% en materia de violencia de género. Estos datos
dejan claro que la reeducación es una pieza clave para luchar contra la
delincuencia leve. Hay otra más grave que debe realizarse dentro de prisión.
Nuestro trabajo se dirige a aquellas personas,
primerizas en delitos no superiores a dos años de prisión con los que ponemos
en marcha estos programas de reeducación. A nadie se le escapa que esta medida
ayuda a que los juzgados no se colapsen y se centren en los temas más graves.
Las nuevas
instalaciones de la Audiencia Provincial de Alicante pertenecen al Plan de Intervención en Edificios Judiciales
(PIEJ) 2014-2018, de la Generalitat de Valencia que con una inversión estimada
de 44,5 millones de euros, tiene la finalidad de mejorar las infraestructuras
judiciales de la Comunitat Valenciana.
Con este cambio esperamos atender a las nuevas necesidades de la
organización judicial".
Sr. Magro,
usted que ha estado hace unos días con el Ministro Catalá, ¿le convence la
reforma penal que tiene pensada poner en marcha en unas semanas?
Es una
reforma importante porque se tocan cerca de doscientos artículos. Es cierto que la jurisdicción penal no
funciona todo lo bien que pudiéramos pensar, de ahí que se haga esta reforma
del ordenamiento penal que va acompañada de la reforma procesal penal
correspondiente.
Sabemos que
la reforma del proceso penal la está presentando por trámite de urgencia y ahí
podemos destacar la reducción de los plazos de los procedimientos a nivel de
instrucción. Veremos si se logran
cumplir los plazos establecidos
Ahora en el
mismo juzgado de instrucción penal llegan junto con el macrojuicio, asuntos
pequeños que lo colapsan y que evitan que el juez de instrucción dedique tiempo
a esos asuntos que son importantes.
Con esta
reforma penal salen las faltas del ordenamiento tal y como las conocemos
derivándose a otro tipo de solución de conflictos, al mismo tiempo se introduce
la mediación penal como solución de conflictos. Al final se trata que el juez
se quede con los delitos que tiene que investigar y tramitar.
La
reducción de los plazos vendrá a medio plazo cuando los jueces tengan menos
procedimientos que enjuiciar, así los que queden serán más ágiles en la
tramitación posterior.
Usted ha
señalado recientemente el problema de los macrojuicios en Alicante, procesos
que pueden llegar a colapsar la actividad de esta entidad.
Es cierto,
a lo largo del pasado año uno de cada cuatro juicios tuvo que suspenderse por
la especial complejidad del mismo. Tenga
en cuenta que hasta la fecha es sencillo suspender juicios penales en las
Audiencias Provinciales si hablamos de macrocausas. Cualquier juicio con diez
acusados y otros tantos abogados complica mucho la tramitación de esos
procedimientos.
Necesitamos
una reforma legal que evite la picaresca de las suspensiones y sobre todo dar
prioridad a los macrojuicios. Nosotros
hemos celebrado unos 90 a lo largo del 2014 y nos quedan otros 80 para el
próximo 2015.
Estamos
trabajando en plazos razonables a raíz de que el Ministerio nos haya enviado
cuatro magistrados más de apoyo. Tendremos secciones penales con cuatro
magistrados que ayudarán a dar salida estos procedimientos
¿Por qué
cree que han crecido los macroprocesos en nuestro país?
En una
provincia como Alicante si se nota el crecimiento de este tipo de causas.
Gracias a la eficacia de nuestras fuerzas de seguridad se descubren tramas
organizadas que acaban en los juzgados de toda España.
Un
macrojuicio es complicado para cualquier Audiencia Provincial. En nuestro caso,
como en otras que hay en España si se nos dota de medios podremos hacer el
trabajo que se nos encomienda por muy complejo que sea.
Hablamos de
reformas, pero comparte la opinión de otros colegas que otra de las soluciones
de la justicia pasa por gestionarla como si fuera una empresa privada.
Es una
solución que hay que tener en cuenta. Es evidente que en el caso de la justicia
no vamos a dar resultados económicos. Sí sobre resultados de procedimientos que
ayudarán de alguna manera a hacer la vida más sencilla al ciudadano.
Cuanto más
eficaz sea el sistema de administración de la justicia más seguridad habrá en
nuestro país, eso no cabe duda.
Ahora
muchos pequeños asuntos dificultan la agilidad de nuestros juzgados penales. Se
ha dado la circunstancia que en los casos de abogados que comparten casos
sencillos con macrojuicios ha habido que suspender estos últimos porque la
fecha de los primeros coincidía con la de los segundos.
Somos
conscientes que este tipo de asuntos se podrían derivar a sistemas como el de
la mediación. El mediador penal junto con el civil son claves para resolver de
forma eficaz los problemas de la justicia.
En países como Inglaterra o Australia tienen claro el papel de la
mediación más rápido, ágil y eficaz.
Usted que
es miembro del Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género
del CGPJ, ¿a qué achaca el repunte de esta lacra en nuestra sociedad este año?
Las cifras
se mantienen en cuanto a denuncias respecto a otros años. Hay que aprovechar la
reforma del Código Penal para hacer algunos retoques en la actual Ley Orgánica
que data de diez años. Así el nuevo Código aplica medida de libertad vigilada
para aquellos que ya hayan cumplido su pena, cuestión que agradecerán las
mujeres maltratadas.
Junto a
ello hay que seguir poniendo medios en la reeducación que está siendo muy
eficaz. Nuestro centro en Alicante tiene datos reveladores como antes le
señalé. Muchos cuando salen del Programa repiten y se dan cuenta de su
problema. Lo primero que intentamos con
nuestros programas es que se den cuenta que son maltratadores y que actuán como
si la mujer fuera una propiedad suya.
¿Entonces
es partidario del cambio de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género?
Desde
luego. Hay materias que se tienen que definir mejor. Es el caso de la negativa
de la víctima a declarar pese a que la denuncia la interpone un vecino o
familiares. Hay que definir mejor estos
tipos penales que algunos están fallando.
La reforma
que encabeza la vocal Ángeles Carmona del CGPJ es fundamental. Que la
incitación a la violencia machista sea un nuevo tipo penal como ya se ha
conocido por los medios de comunicación es lógico y necesario
Tenga en
cuenta que la situación en nuestro país es grave. Pese a las 100.000 denuncias
interpuestas en estos últimos años, aún hay mujeres que siguen sin denunciar,
se callan ese maltrato y no están en las estadísticas. Hay que seguir trabajando en esta línea.
Desde el Observatorio se ha hecho un estudio a fondo de cada muerte para saber
qué ha pasado y porque surgió el problema y su desenlace fatal.
¿Cómo
encaja el programa de mediación penal dentro de esta Oficina de Medidas
Alternativas de la Audiencia Provincial de Alicante?
Esta es una
iniciativa que ya lleva dos años funcionando en varios juzgados con una
eficacia del 57 por ciento de los expedientes que gestionamos. Los jueces de
instrucción nos enviaban asuntos leves
como son el pago de pensiones, peleas o delitos de lesiones entre
vecinos; pequeñas estafas o hurtos.
En todos
ellos se ha intentando la mediación y con ella una rebaja penal con la
obligación de indemnizar las posibles responsabilidades que se hubieran
causado. Empezamos en los juzgados de lo penal pero abrimos una línea para que
estos asuntos no acabasen en dichos juzgados.
De esta
forma los jueces de instrucción de Alicante nos mandan expedientes que pueden
ser objeto de mediación desde ese listado de delitos que antes ya le
comenté. Hay muchos proyectos pilotos de
mediación penal en marcha. Echamos en falta una Ley de Mediación Penal a
similar de la Civil que cumplió dos años de existencia.
¿Qué
ventajas tendría esta reforma en la Mediación penal?
Nadie duda
que los juzgados de lo penal están colapsados. Anualmente entran en estos
juzgados seis millones de casos. Sabemos que las reformas del Ministro de
Justicia van en la dirección de discriminalizar los asuntos menos importantes,
como va a pasar con las faltas o derivarlos a otros asuntos como el
administrativo o civil.
Al mismo
tiempo existiría la posibilidad que muchos de esos asuntos se derivasen a
mediación en la vía penal. Hay que
romper la idea que todo proceso penal debe acabar en juicio y en una ejecución
de sentencia. Esto no puede ser, tenemos los juzgados colapsados.
Sin embargo
da la sensación que la Mediación como método alternativo no acaba de cuajar.
Se piensa
por el ciudadano, no siempre de forma acertada, que todo debe acabar en un
juzgado con una sentencia y ejecución de sentencia. Y esta mentalidad, que ya
hemos comentado con el Ministro Catalá hay que cambiarla.
Se trata de
dotar de medios para que realmente se pueda utilizar la mediación civil y la
penal. Impulsando la mediación penal podríamos eliminar dos millones de
asuntos. Hay que darse cuenta que los asuntos que llegan al juzgado tienen un
coste importante para el Estado.
Desde fuera
da la sensación que el Estado debería dar un empujón a la Mediación con alguna
campaña institucional de calado, como las que hace Tráfico.
Es evidente
que una campaña de este tipo sería ideal para dar a conocer los valores de la
mediación. Tendría que hacerse tanto a
nivel de Administración Central como de Comunidades Autónomas.
Pese a la ley
5/2012 y su Reglamento los ciudadanos desconocen lo que es la mediación civil.
Muchos no sabrían que contestar si les invitamos a mediación a resolver sus
conflictos.
En otros
países, sobre todo anglosajones, no es necesario este tipo de campañas promocionales,
ya saben desde sus ancestros que es un método más rápido y ágil que el
procedimiento ordinario.
¿Haría
falta algún cambio normativo más para potenciar la Mediación como tal?
No estaría
mal que hubiera alguna reforma en el Reglamento que ayudase a los profesionales
que ahora ejercen de mediadores y que tienen sus cien horas de mediación
realizadas para reconocer su trabajo como tales.
En el caso
de la abogacía ya ha entendido que la mediación no supone que pierda a ese
cliente. Todo lo contrario muchos
Colegios de Abogados han puesto en marcha cursos de formación porque de esa
forma sus colegiados se les forma en esta práctica. Los abogados ya han visto que la mediación
puede hacer rentable los asuntos.
Sin la
presencia del abogado la Mediación en nuestro país está condenada al fracaso…
Hay que ver
su participación más activa. Ahora se acude a la Mediación en la mayor parte de
los casos desde la Mediación intrajudicial. El procedimiento entra en el
juzgado y el juez ve que ese asunto puede ser mediable.
En ese
contexto, de derivación de la Mediación el abogado puede pensar que si se
acepta esa mediación pierde al cliente. En una posible reforma la ley debería
recoger el derecho del abogado de seguir interviniendo en el proceso de
mediación. De lo contrario es muy posible que ponga pegas a acudir a la
mediación.
La
presencia del abogado en el proceso de mediación no está contemplada en la ley.
Tampoco esta prohibida, pero una reforma de este tipo favorecería esa
derivación. De hecho con la ley en la
mano si el proceso que entra en el juzgado va a mediación se devuelve un 60 por
ciento de las tasas judiciales y se resuelve en periodo entre uno y dos meses
por asunto.
También la
jurisdicción civil se podría beneficiar de la Mediación, ¿verdad?
No le quepa
duda hay casi un millón novecientos mil asuntos que entran por la via civil lo
que también hace que se congestionen nuestros juzgados. Potenciando la Mediación desde la Administración Central podrían derivarse sobre los 700.000
asuntos anuales. El resto podría tener
salida desde los órganos judiciales.
¿Es
partidario que la Mediación sea obligatoria como algunos colegas suyos piensan?
Habría que
verlo con calma y según que cada casos.
En países como Argentina lo es para muchos asuntos. Bajo mi punto de
vista en temas arrendamientos urbanos; propiedad horizontal, derecho de
familia, consumidores y usuarios y aquellos asuntos de tráfico que no sean
delictivos podrían tener ese carácter obligatorio desde esa sesión informativa.
Estas
materias suponen el 25 por ciento de los procedimientos civiles que hay en los
juzgados podrían entrar de forma obligatoria en la mediación y no entrarían en
los juzgados españoles.
Con la
obligatoriedad los ciudadanos se darían cuenta de la eficacia e importancia de
la mediación en estos temas que acabo de citarle, ahora mismo se duda de esa
eficacia porque no se conoce bien sus ventajas.
Luis Sanchez. Lawyerpress.com. Madrid, España. 05/01/15
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