Valladolid,
España. En un pleito una de las dos partes siempre pierde y tampoco está
garantizado que la sentencia judicial satisfaga por completo a quien lo gana.
Hay otra manera de solucionar conflictos en los ámbitos penal, familiar y
mercantil que promueve de manera experimental el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) en Valladolid y Palencia, con la idea de que se extienda a toda
la comunidad. Este sistema da satisfacción a ambas partes porque se basa en la
negociación, repara el daño causado y además permite ahorrar tiempos y
muchos miles de euros a la Administración y, por tanto, al contribuyente,
pues no necesita agotar hasta sus últimas consecuencias la maquinaria judicial
de recursos y contrarrecursos, pruebas, plazos y apelaciones. Se trata de la
mediación. El acuerdo extrajudicial y amistoso ha permitido que el 90% de
los conflictos penales sometidos a mediación se hayan resuelto sin llegar a
juicio, una media mucho más alta que la nacional, que está en el 78%.
El
presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle, es un entregado
defensor del sistema, al que están agregados en la provincia tres juzgados de
instrucción, cuatro de lo penal, uno de los de Medina del Campo, otro de Medina
de Rioseco y también la Sección Segunda de la Audiencia. «Y además cuenta con
el respaldo económico de la Diputación y del Ayuntamiento de Medina de
Rioseco», agradece el magistrado. En Palencia, son los juzgados de instrucción
2y 7 los que derivan casos a este servicio desde 2009.
El
mecanismo para poner en marcha el sistema de la mediación es aparentemente
sencillo, aunque ha requerido un gran trabajo previo de 'concienciación' de
jueces, abogados y otros operadores judiciales. Si el procedimiento en curso
tiene «posibilidades» en función de unos criterios previos, se solicita del
juzgado que derive el asunto al servicio de mediación. El mediador mantiene
entrevistas individuales y confidenciales con el presunto autor del hecho
punible y la víctima, y se observa si esa negociación puede prosperar para
organizar un encuentro entre ellos. Si el presunto autor del hecho se reconoce
culpable, pide perdón a la víctima, afronta las responsabilidades civiles y el
perjudicado está de acuerdo, se suscribe un acta positiva de mediación que se
da traslado al juzgado. Con el acta de acuerdo, el tribunal puede aplicar a la
pena circunstancias atenuantes, como la confesión y la reparación del daño.
Trebolle
puntualiza que la conformidad y la mediación no son sinónimos a pesar de las
similitudes aparentes. «Soy partidario de la mediación porque el fin es más
amplio: el autor reconoce su culpa, pide perdón y la víctima lo acepta y
queda fortalecida, y eso no lo tiene la conformidad, es más fría», explica. Si
la acusación pública no está de acuerdo con el resultado de la negociación «se
puede ir a juicio, pero el tribunal puede rebajar la pena considerablemente al
tener en cuenta el arrepentimiento y el acuerdo autor-víctima en la reparación
del daño causado».
La
condena puede reducirse hasta dos años, que puede suponer la diferencia entre
ir a la cárcel o no. Al acusado se le suspende el cumplimiento de la condena
durante cinco años y, si no vuelve a delinquir, la pena se suspende
definitivamente.
Sentencias
a la carta
El
presidente del tribunal vallisoletano sostiene que el sistema de la mediación
pone su granito de arena también para mejorar la deteriorada imagen que
proyecta la Justicia en el ciudadano. «La valoración es muy buena porque se
consigue que las partes estén totalmente de acuerdo, la sentencia que se dicta
es una sentencia 'a la carta', en la que la víctima ve reparado el daño y el
autor no solo comprende el delito sino los perjuicios ocasionados, de forma que
el fin de prevención general se cumple, el objetivo es que no vuelva a
delinquir».
Patricia
Guilarte se ocupa del servicio desde el origen. El programa arrancó en el otoño
de 2007 pero se tardó un año en el proceso de formación de los actores que se
animaron a participar: jueces, abogados,... hasta que en el otoño de 2008
comenzaron a realizarse las primeras mediaciones. A pesar de los escasísimos
recursos, enfatiza, el programa no ha parado desde entonces. «No hay que
olvidar que es una experiencia piloto del CGPJ, promovida por la propia
judicatura, que va a servir de muestra para institucionalizar el servicio como
una herramienta muy útil que puede ahorrar muchos costes a la Administración de
Justicia».
Selección
En
2010, los juzgados derivaron al servicio de mediación penal, que está ubicado
en la Audiencia de Valladolid, 70 casos, un número importante si se tienen en
cuenta los medios: son una media de 30 mediaciones al año y 4 al mes. Cada
procedimiento suele durar cinco sesiones. «Se trata de seleccionar bien los
casos, no de hacer muchas mediaciones», puntualiza.
La
agilización de los plazos en relación al procedimiento convencional penal es un
hecho: se tarda un mes, como mucho cuarenta días, en resolver un caso, aunque
algunos son más complejas si en el conflicto a resolver está implicada alguna
institución pública. En contra de lo que pueda parecer, el servicio interviene
en más delitos que faltas. Los únicos delitos en los que no está autorizada la
mediación son los de tráfico de drogas y los de violencia de género.
Patricia
Guilarte, Mediadora penal
«En
una estafa de 80.000 euros se logró un resultado ejemplar»
Ha
sido el asunto más mediático de los que ha llevado el servicio desde su puesta
en marcha: un contratista que estafó a un ayuntamiento vallisoletano 80.000
euros, lo reconoció y, para reparar el daño, presentó un proyecto para asfaltar
una calle del pueblo y la Corporación aceptó la reparación. La Audiencia
apreció la atenuante de reparación del daño y el constructor no fue a prisión.
La diferencia con el resto de delitos en los que se suele mediar (robos con
fuerza, hurtos, daños...) es que se prolongó por los trámites burocráticos con
la institución municipal, explicó Guilarte. La resolución de este caso ha sido
calificada por el CGPJ de ejemplar. Pero si hay asuntos que conmueven a esta
experta en psicología y derecho son las desavenencias familiares enquistadas
que terminan en el juzgado. «Se presencian escenas muy dolorosas; la mediación
es el primer paso para restablecer la paz familiar, pero muchas veces requiere
otras intervenciones profesionales, terapéuticas».
Almudena
Alonso, Mediadora de Familia
«Este
es el futuro en la resolución de conflictos»
El
CGPJ, la Junta y el Colegio de Abogados tienen un convenio desde 2011 para la
mediación familiar. Están 'implicados' los Juzgados de Familia (3, 10 y 13) de
Valladolid, el de Medina de Rioseco y la Sección especial de la Audiencia. La
letrada Almudena Alonso explica que su trabajo consiste en facilitar a las
personas «que busquen soluciones de principio a fin sin pasar por un juez». Son
asuntos en los que generalmente se discute la custodia de los menores. Al año
se interviene en unos 125 casos, intentando soluciones que eviten llegar al
juicio.
M.J. Pascual. El Norte de Castilla.es. 09/11/12
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