México, Distrito Federal. El consejero de la Judicatura Federal Óscar Vázquez Marín afirmó que el éxito del nuevo sistema de justicia penal —que debe entrar en vigor en 2016— dependerá de los medios alternos de solución de controversias, cuya creación, junto con otros aspectos clave de la reforma, está aún pendiente.
En entrevista, Vázquez Marín consideró que la implementación de la reforma constitucional en materia penal, aprobada en 2008, es uno de los mayores retos que tiene el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para los próximos años, pues no implica sólo un cambio de normas, sino principalmente de mentalidad.
“Los medios alternos de controversias son un área de oportunidad si queremos que el sistema opere adecuadamente… ¿Somos un pueblo conciliador? ¿Somos abogados conciliadores? Si el nuevo sistema está diseñado para que la mayor parte de los asuntos concluya por conciliación, vamos a trabajar ahí”, manifestó el consejero.
El nuevo sistema está diseñado para que opere la justicia restaurativa y las partes lleguen a acuerdos antes del juicio. El número de conflictos que se resuelva mediante juicios orales será mínimo, recordó Vázquez Marín, que el próximo 30 de noviembre concluye su periodo de cinco años en el órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El consejero es representante del CJF ante el Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma penal, junto con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls Hernández, y consideró que es de la mayor importancia sensibilizar a la sociedad y a los operadores del nuevo sistema de justicia sobre la conciliación.
“¿Somos un pueblo que cumple con sus obligaciones? Tenemos que trabajar con los abogados, concientizarlos de que el nuevo sistema no va a concluir en juicios orales, que pueden concluir anticipadamente, llegar a arreglos, pero pagando".
“Si somos gente con tendencia a la conciliación, adelante, pero si la tendencia no es a conciliar, tenemos que trabajar, ¿desde dónde?, desde las universidades. No es la ley o el cambio de ley lo que va a implementar el sistema, somos todos”, expuso.
Recordó que la reforma no abarca únicamente al PJF, sino también las áreas de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario, tanto a nivel federal como en las 32 entidades federativas, y a ello deben sumarse las recientes reformas constitucionales en materia de amparo y de derechos humanos. “Ese es un reto muy importante”, dijo.
“Es un proceso donde todas las áreas tenemos que trabajar de manera armónica. Debe haber la adecuada capacitación por parte de policías, ministerios públicos, peritos, abogados particulares y defensores públicos”, explicó el consejero.
Vázquez Marín consideró que todo este proceso debe trascender a las universidades y explicó que el PJF ha propuesto en el Consejo de Coordinación la homologación de los planes de estudio de la licenciatura en derecho en todo el país, para que todos los estudiantes tengan una concepción clara de lo que es el sistema acusatorio, con sus objetivos y alcances.
El cambio de sistema implicará también la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, pero la definición sobre el número de éstos dependerá de la legislación secundaria que todavía no se expide.
Por ejemplo, precisó, serán necesarios jueces de control o de garantías, que son los encargados de autorizar medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación.
En previsión de estas necesidades, el CJF creó siete juzgados de cateos, arraigos, intervención de comunicaciones, que serán quienes desempeñen la función de juzgados de garantías a futuro, seguramente en un mayor número, dependiendo de las obligaciones que se les asignen en la legislación secundaria, todavía pendiente.
También recientemente, la Judicatura designó tres jueces de ejecución de penas, para que se encarguen de los asuntos relativos a modificación y duración de penas, que incluyen los trámites de remisión parcial y libertad preparatoria.
“Los demás temas correspondientes a la ejecución, tratándose de procesos, como condena condicional y sustitución de la pena, lo vienen haciendo los jueces que originalmente venían conociendo. Es importante la publicación de la ley, eso nos va a determinar las obligaciones”, explicó.
Detalló que el PJF ha impartido 453 cursos de capacitación sobre el nuevo sistema para jueces, magistrados y abogados, a los que asistieron 80 mil 145 profesionales del derecho.
Consultado acerca de si la reforma entrará en vigor en los plazos establecidos, afirmó que tanto en la Judicatura Federal como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está trabajando en ello, pero insistió en que la reforma tiene cuatro pisos y que todas las áreas deben trabajar de manera coordinada.
“Se está haciendo ese trabajo, pero son las 32 entidades de la República, es la Federación y además esa capacitación tiene que venir desde las escuelas, para que se aborde todo lo relativo a la seguridad pública, la procuración de justicia, los peritos y también en las escuelas e institutos de los propios operadores del sistema”, puntualizó.
María de la Luz González. El Universal.com.mx. 30/11/2011
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