Mundo Mediación
Mediación Familiar
Cádiz, España. Todavía son más los que deciden unirse que los que se separan, pero las cifras comienzan a estrecharse. El año pasado pidieron el divorcio 3.681 matrimonios gaditanos, lo que supone un aumento considerable con respecto al año anterior (3.286). El dato lo acaba de publicar el Consejo General del Poder Judicial y da a entender que los contratos con la hipoteca o con la empresa resultan más duraderos que los que se firman con la Iglesia.
La tendencia no es nueva, se repite desde la reforma de la Ley del Divorcio en 2005, cuando se duplicaron los procesos judiciales en un solo año. Los cónyuges pueden pedir directamente el divorcio una vez transcurridos tres meses desde la boda. El ahorro de tiempo también es notable, de hecho, más de la mitad de demandas se resuelven en seis meses.
Pero no todos las rupturas resultan fáciles. De común acuerdo se separa algo menos de la mitad de los que lo solicitan. «En este caso es habitual que no hayan hijos de por medio», asegura el abogado gaditano Manuel Ruiz, especializado en este tipo de casos. Precisamente la mayoría de las parejas que recurren a la vía judicial para alcanzar un acuerdo suele ser por esta cuestión. También les cuesta más dar el paso de vivir separados por este motivo. La experiencia le dice al letrado que cuando hay niños de entre ocho y trece años se intenta mantener la pareja para evitar traumas, pero «cuando son más pequeños o ya independientes se muestran más decididos a terminar con la relación».
El abogado deja claro que en esta circunstancia «los hijos no pueden ser considerados como un problema, sino como una obligación y un derecho».
Los hijos
Precisamente, los problemas para ponerse de acuerdo llevan a muchos padres a acudir a gabinetes de mediación familiar para tomar una decisión sobre los menores. Desde 2002 la provincia cuenta con un servicio público que ofrece la Asociación Arcaduz con la financiación de la Junta. Los profesionales atienden entre 80 y 100 casos al año, con una media de entre dos y doce sesiones por cada familia.
La responsable del gabinete, Ana Campos, reconoce que el número de matrimonios que reciben cada año va en aumento. La posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del juicio supone un ahorro de sufrimiento y dinero, con lo que el servicio se hace más popular. La situación económica de los cónyuges y el conocimiento sobre este dispositivo han sido los principales motivos de la subida.
Tras siete años de atención en la provincia, el departamento gaditano ha detectado un descenso importante en la edad de la pareja. Los usuarios actuales tienen entre cinco y diez años menos que aquellos que acudían por primera vez a las instalaciones de Arcaduz. «No sabemos explicar este descenso, pero ha sido generalizado. Ahora la media está entre 30 y 36 años cuando antes superaban los 40», insiste la profesional.
Los motivos
La duración también es menor. Ahora llegan con un tiempo de convivencia de entre siete y diez años, frente a los 15 que llegaban a aguantar antes.
Las razones clásicas de infidelidad, problemas económicos o mala relación con los suegros nada tienen que ver con los motivos actuales. Según Campos, es la falta de comunicación y seguir distintos caminos de madurez lo que rompen las parejas. «Aunque suene raro el no me entienden es lo que más se oye en las sesiones», asegura.
El proceso de mediación se intenta llevar a cabo con la pareja, aunque la comunicación entre ambos sea mínima. «Sólo así podemos mantener la confianza con los dos para tomar la mejor decisión sobre los hijos». Muchos de los matrimonios que lo reciben ya habían pasado por los tribunales y llegan con una sentencia de mutuo acuerdo que les resulta imposible cumplir. Ana Campos insiste en que no se deben tomar decisiones a la ligera y menos aún en medio de un proceso doloroso. «Algunas parejas acuerdan pensiones de alimentación o tiempos de convivencia a los que no pueden hacer frente y hay que volver a empezar», explica.
Los costes
Los costes de un abogado y las minutas de los procuradores oscilan entre los 400 euros, cuando es de mutuo acuerdo, y los 3.000 si no hay consenso. «Resulta mucho más barato cuando ya hay una puesta en común entre los cónyuges», recalca Juan Rubio, abogado matrimonialista que presta servicio en Jerez.
Para decidir qué hacer con los hijos, la vía judicial siempre es la más cara. El recurso al Contencioso Administrativo puede superar los 5.000 y en el 95% de los casos la custodia queda en manos de la madre. La guerra judicial por los niños es cara y suma euros cuando el proceso pasa de órgano. El siguiente paso es la Audiencia Provincial y de ahí al Constitucional.
Las facilidades para divorciarse han dejado en un segundo lugar a las separaciones, que antes de 2005 suponían el paso previo a la sentencia definitiva del proceso. A lo largo del año pasado apenas se separaron 345 parejas, de las que 185 lo hicieron de mutuo acuerdo.
En el caso de las separaciones existe una mayor homogeneidad en el tiempo medio de convivencia, siendo a los 16 años de matrimonio el momento más frecuente en el que se produjeron estas rupturas.
La tendencia no es nueva, se repite desde la reforma de la Ley del Divorcio en 2005, cuando se duplicaron los procesos judiciales en un solo año. Los cónyuges pueden pedir directamente el divorcio una vez transcurridos tres meses desde la boda. El ahorro de tiempo también es notable, de hecho, más de la mitad de demandas se resuelven en seis meses.
Pero no todos las rupturas resultan fáciles. De común acuerdo se separa algo menos de la mitad de los que lo solicitan. «En este caso es habitual que no hayan hijos de por medio», asegura el abogado gaditano Manuel Ruiz, especializado en este tipo de casos. Precisamente la mayoría de las parejas que recurren a la vía judicial para alcanzar un acuerdo suele ser por esta cuestión. También les cuesta más dar el paso de vivir separados por este motivo. La experiencia le dice al letrado que cuando hay niños de entre ocho y trece años se intenta mantener la pareja para evitar traumas, pero «cuando son más pequeños o ya independientes se muestran más decididos a terminar con la relación».
El abogado deja claro que en esta circunstancia «los hijos no pueden ser considerados como un problema, sino como una obligación y un derecho».
Los hijos
Precisamente, los problemas para ponerse de acuerdo llevan a muchos padres a acudir a gabinetes de mediación familiar para tomar una decisión sobre los menores. Desde 2002 la provincia cuenta con un servicio público que ofrece la Asociación Arcaduz con la financiación de la Junta. Los profesionales atienden entre 80 y 100 casos al año, con una media de entre dos y doce sesiones por cada familia.
La responsable del gabinete, Ana Campos, reconoce que el número de matrimonios que reciben cada año va en aumento. La posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del juicio supone un ahorro de sufrimiento y dinero, con lo que el servicio se hace más popular. La situación económica de los cónyuges y el conocimiento sobre este dispositivo han sido los principales motivos de la subida.
Tras siete años de atención en la provincia, el departamento gaditano ha detectado un descenso importante en la edad de la pareja. Los usuarios actuales tienen entre cinco y diez años menos que aquellos que acudían por primera vez a las instalaciones de Arcaduz. «No sabemos explicar este descenso, pero ha sido generalizado. Ahora la media está entre 30 y 36 años cuando antes superaban los 40», insiste la profesional.
Los motivos
La duración también es menor. Ahora llegan con un tiempo de convivencia de entre siete y diez años, frente a los 15 que llegaban a aguantar antes.
Las razones clásicas de infidelidad, problemas económicos o mala relación con los suegros nada tienen que ver con los motivos actuales. Según Campos, es la falta de comunicación y seguir distintos caminos de madurez lo que rompen las parejas. «Aunque suene raro el no me entienden es lo que más se oye en las sesiones», asegura.
El proceso de mediación se intenta llevar a cabo con la pareja, aunque la comunicación entre ambos sea mínima. «Sólo así podemos mantener la confianza con los dos para tomar la mejor decisión sobre los hijos». Muchos de los matrimonios que lo reciben ya habían pasado por los tribunales y llegan con una sentencia de mutuo acuerdo que les resulta imposible cumplir. Ana Campos insiste en que no se deben tomar decisiones a la ligera y menos aún en medio de un proceso doloroso. «Algunas parejas acuerdan pensiones de alimentación o tiempos de convivencia a los que no pueden hacer frente y hay que volver a empezar», explica.
Los costes
Los costes de un abogado y las minutas de los procuradores oscilan entre los 400 euros, cuando es de mutuo acuerdo, y los 3.000 si no hay consenso. «Resulta mucho más barato cuando ya hay una puesta en común entre los cónyuges», recalca Juan Rubio, abogado matrimonialista que presta servicio en Jerez.
Para decidir qué hacer con los hijos, la vía judicial siempre es la más cara. El recurso al Contencioso Administrativo puede superar los 5.000 y en el 95% de los casos la custodia queda en manos de la madre. La guerra judicial por los niños es cara y suma euros cuando el proceso pasa de órgano. El siguiente paso es la Audiencia Provincial y de ahí al Constitucional.
Las facilidades para divorciarse han dejado en un segundo lugar a las separaciones, que antes de 2005 suponían el paso previo a la sentencia definitiva del proceso. A lo largo del año pasado apenas se separaron 345 parejas, de las que 185 lo hicieron de mutuo acuerdo.
En el caso de las separaciones existe una mayor homogeneidad en el tiempo medio de convivencia, siendo a los 16 años de matrimonio el momento más frecuente en el que se produjeron estas rupturas.
Nota publicada el 29 de Agosto de 2009 en el sitio "La Voz Digital.es"
No hay comentarios:
Publicar un comentario