-Notas de Mediación--Mediación México-
El senador del PRI Francisco Herrera León presentó una iniciativa de reformas al Código Penal para que sean sancionados los intermediarios y negociadores en secuestros que no aporten información a los familiares de la víctima y a las autoridades.
En su iniciativa, que ya es analizada en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, el legislador propone que se aplique una pena de entre cuatro y 12 años de prisión y de dos mil días de multa a quien “actúe como asesor con fines lucrativos de quienes representen o gestionen en favor de la víctima y no entere a sus clientes el curso de la mediación o evite informar o colaborar con la autoridad competente en el conocimiento de la comisión del secuestro”.
La misma pena sería aplicada a quien “aconseje, cuando su intervención mediadora no facilite la negociación, el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o el obstruir la actuación de las autoridades”.
En la exposición de motivos, Francisco Herrera León indica que México registra un número elevado de secuestros, donde la gran mayoría no son denunciados “por la desconfianza, corrupción e incompetencia de las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia”. Lo peor, dice, es que son comunes las evidencias de participación o coparticipación de los distintos cuerpos policiales en estas conductas delincuenciales.
De ahí que los familiares de las víctimas acrecientan el miedo de que sus seres queridos pudieran ser torturados, mutilados o asesinados, por lo que ahora es común contratar asesorías de profesionales para evitar y en su caso resolver un secuestro, sostiene.
Menciona que la figura de la mediación se entiende como un mecanismo de resolución de problemas, en la cual un tercero busca facilitar la comunicación para que las partes por sí mismas sean capaces de resolverlos.
En estos casos, añade, la negociación como tal debe considerarse vital para el logro de la liberación del secuestrado. De una buena o mala negociación depende la vida de la víctima.
Quienes la promueven consideran que es una alternativa creíble y eficiente para la solución de los plagios en el país. Sin embargo, la distorsión aparece cuando intermediarios privados emprenden por sí tareas de procuración de justicia.
El senador por Tabasco sostiene que por conveniencia propia del mercado, lo primero que previenen estos “expertos en auge” es que no se informe a las autoridades del hecho criminal, suplantando así la obligación indelegable del Estado para el combate de esta modalidad delictiva.
El tipo de asesorías que ofrecen regularmente incluye un plan de riesgos en el que se explican medidas preventivas, pero si ocurriera el secuestro la encomienda es negociar para recuperar sanas y salvas a las víctimas.
Las diferentes situaciones a tratar requieren de un tipo de tratamiento específico y un manejo especial según las circunstancias, las mismas que exigen la existencia de profesionales dedicados al manejo de crisis y negociaciones, puntualiza el senador Herrera León.
Nota publicada el Viernes 26 de Diciembre de 2008 en el sitio del periódico "La Crónica de Hoy"
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