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Burgos.- El servicio de mediación penal espera la colaboración económica de la Junta de Castilla y León para potenciar el servicio gratuito que presta en la resolución de conflictos denunciados como faltas o delitos de menor envergadura, ha informado a Efe la coordinadora del servicio, Virginia Domingo.
El servicio de mediación penal espera la colaboración económica de la Junta de Castilla y León para potenciar el servicio gratuito que presta en la resolución de conflictos denunciados como faltas o delitos de menor envergadura, ha informado a Efe la coordinadora del servicio, Virginia Domingo.
La coordinadora del servicio de mediación penal ha explicado que en este momento cuentan con el apoyo de la Fiscalía Superior de la Comunidad, que ha dispuesto cuatro fiscales para seleccionar los casos que se pueden derivar al servicio, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, que les permite disponer de un espacio en el edificio de juzgados de Burgos.
El pasado mayo mantuvieron una reunión con el consejero de Justicia e Interior del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, que adquirió el compromiso de colaborar económicamente, aunque el convenio de colaboración que permitirá concretar esa ayuda está pendiente del informe que realicen el secretario general de la Consejería y la Gerente Regional de Justicia, ha precisado Domingo.
En este momento, Burgos es la única provincia de Castilla y León donde funciona un servicio de mediación penal, aunque el objetivo de la asociación AMEPAX, que ha promovido este servicio, espera poder extenderlo a Palencia y progresivamente al resto de la Comunidad.
El servicio comenzó a funcionar hace dos años, aunque su preparación comenzó en 2004 y requirió una amplia argumentación legal, al no contar con regulación en España.
Aunque el número de casos que atiende es todavía pequeño, con sólo veinticinco solicitudes en lo que va de este año, de las que seis fueron rechazadas por razones técnicas, el éxito del sistema se observa en la obtención de un ochenta por ciento de acuerdos.
Virginia Domingo ha señalado que este sistema evita llegar a juicio en el caso de las faltas en las que se alcance un acuerdo y aminorar la pena y duración de los juicios penales, aunque en estos casos es obligatorio pasar por el juzgado.
La principal ventaja de la mediación penal es que la víctima decide cómo quiere ser reparada y recibe antes la compensación, mientras el denunciado ve aminorada su pena.
La falta de una regulación legal no ha impedido que se comience a aplicar este sistema, aunque sólo para casos en los que la pena pueda ser menor de cinco años, para evitar resolver conflictos de mayor gravedad que puedan alarmar a la sociedad.
La coordinadora del servicio asegura que no se trata de que no se cumplan las penas y las faltas y delitos queden sin castigo, sino de adecuar estas penas a lo que la víctima en los procesos penales o el denunciante en las faltas consideren adecuado y sea aceptado por los denunciados.
La Unión Europea, en 2001, emitió una directiva recomendando la regulación de la mediación penal antes de 2006 pero todavía no se ha aplicado en España, algo que podría cambiar a partir de la prevista reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
De hecho, el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, fue uno de los pioneros en la utilización de este sistema, que en Madrid promueve una asociación creada a principios de los 90 y funciona también en Cataluña desde 1998, ha dicho Domingo.
De momento, el servicio es gratuito y tampoco las cinco personas que colaboran en prestarlo reciben ninguna compensación económica. Hasta ahora sólo cuentan con una ayuda de Caja Burgos para pagar el gasto telefónico, aunque la Junta de Castilla y León estudia también algún tipo de colaboración.
El servicio de mediación penal espera la colaboración económica de la Junta de Castilla y León para potenciar el servicio gratuito que presta en la resolución de conflictos denunciados como faltas o delitos de menor envergadura, ha informado a Efe la coordinadora del servicio, Virginia Domingo.
La coordinadora del servicio de mediación penal ha explicado que en este momento cuentan con el apoyo de la Fiscalía Superior de la Comunidad, que ha dispuesto cuatro fiscales para seleccionar los casos que se pueden derivar al servicio, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, que les permite disponer de un espacio en el edificio de juzgados de Burgos.
El pasado mayo mantuvieron una reunión con el consejero de Justicia e Interior del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, que adquirió el compromiso de colaborar económicamente, aunque el convenio de colaboración que permitirá concretar esa ayuda está pendiente del informe que realicen el secretario general de la Consejería y la Gerente Regional de Justicia, ha precisado Domingo.
En este momento, Burgos es la única provincia de Castilla y León donde funciona un servicio de mediación penal, aunque el objetivo de la asociación AMEPAX, que ha promovido este servicio, espera poder extenderlo a Palencia y progresivamente al resto de la Comunidad.
El servicio comenzó a funcionar hace dos años, aunque su preparación comenzó en 2004 y requirió una amplia argumentación legal, al no contar con regulación en España.
Aunque el número de casos que atiende es todavía pequeño, con sólo veinticinco solicitudes en lo que va de este año, de las que seis fueron rechazadas por razones técnicas, el éxito del sistema se observa en la obtención de un ochenta por ciento de acuerdos.
Virginia Domingo ha señalado que este sistema evita llegar a juicio en el caso de las faltas en las que se alcance un acuerdo y aminorar la pena y duración de los juicios penales, aunque en estos casos es obligatorio pasar por el juzgado.
La principal ventaja de la mediación penal es que la víctima decide cómo quiere ser reparada y recibe antes la compensación, mientras el denunciado ve aminorada su pena.
La falta de una regulación legal no ha impedido que se comience a aplicar este sistema, aunque sólo para casos en los que la pena pueda ser menor de cinco años, para evitar resolver conflictos de mayor gravedad que puedan alarmar a la sociedad.
La coordinadora del servicio asegura que no se trata de que no se cumplan las penas y las faltas y delitos queden sin castigo, sino de adecuar estas penas a lo que la víctima en los procesos penales o el denunciante en las faltas consideren adecuado y sea aceptado por los denunciados.
La Unión Europea, en 2001, emitió una directiva recomendando la regulación de la mediación penal antes de 2006 pero todavía no se ha aplicado en España, algo que podría cambiar a partir de la prevista reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
De hecho, el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, fue uno de los pioneros en la utilización de este sistema, que en Madrid promueve una asociación creada a principios de los 90 y funciona también en Cataluña desde 1998, ha dicho Domingo.
De momento, el servicio es gratuito y tampoco las cinco personas que colaboran en prestarlo reciben ninguna compensación económica. Hasta ahora sólo cuentan con una ayuda de Caja Burgos para pagar el gasto telefónico, aunque la Junta de Castilla y León estudia también algún tipo de colaboración.
Publicado en el sitio “Soitu.es” el 15 de Diciembre del 2008.
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