Entrevista al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fé, Argentina.
“Es imposible mantener en paralelo la demanda creciente de litigios con una respuesta de creación de nuevos juzgados”. Roberto Falistocco indica que el aumento de la cantidad de juicios —con marcada incidencia de los casos de violencia doméstica en los tribunales de Familia—, la complejidad de las causas y la ampliación del área de incumbencias, lleva a una suerte de cuello de botella, que sólo puede resolverse “con capacitación, con suficiente respaldo presupuestario, pero también reduciendo los litigios a través de mecanismos alternativos, como es la mediación obligatoria, que propone el proyecto que está en la Legislatura”.
“Hoy en el mundo se trata de encontrar otros medios de resolución de los conflictos. Incluso lo deseable sería que dejen de ser medios alternativos, para pasar a ser los más comunes. Esto va a contribuir a quebrar la cultura del pleito y reemplazarla por una cultura de composición de intereses, que está en manos de las propias partes, con la asistencia de una persona capacitada.
—Este es uno de los temas que espera turno, junto a las demás iniciativas del Plan Estratégico.
—Está el trabajo de las 11 comisiones. La nave insignia del plan es el Código Procesal Penal, que comenzó a aplicarse por materias, pero hay cambios muy importantes en otras áreas. Son proyectos con mucho trabajo y con mucha participación previa. Sería importante que se traten, aun cuando haya que hacer modificaciones.
—¿Siguen reclamando cargos para la Justicia?
—Hemos avanzado bastante, y tras reunirnos con las nuevas autoridades, logramos incluir 342 cargos en el presupuesto; que no cubren todas las necesidades acumuladas durante años, pero es algo muy importante. Y acordamos también trabajar en planes a corto, mediano y largo plazo.
—En tanto, la cobertura de vacantes se sigue demorando.
—Se está trabajando en eso. Yo creo que es necesario a esta altura del año hacer un balance de las cosas en que se avanzó, qué es lo que falta y, dentro de esto, en qué falta aceitar el funcionamiento. El propio ministro de Justicia habló de poner a andar el nuevo Consejo de la Magistratura y a los seis meses revisar su desempeño. Me tomo de esas palabras y me parece propicio hacerlo ahora, a fin de año. A todas estas instituciones cuesta ponerlas en marcha al principio, después se pueden apreciar los logros. Pero es necesario que el Consejo, con su actual organización, adquiera su propia dinámica y alcance una marcha sostenida.
—La Corte se hizo cargo este año del conflicto que se suele plantear a través de resoluciones judiciales, por la situación de los presos en las cárceles. ¿Avanzaron con las inspecciones?
—Se están haciendo visitas. Unas son como parte de las tareas funcionales de magistrados y funcionarios, y por otro lado están previstas en la acordada las llamadas visitas institucionales, que se hacen con invitación a los colegios de Abogados, y vamos a ver la posibilidad de hacer una antes de fin de año. Para entonces vamos a tener un cuadro de situación. No es una tarea fácil, algo que se pueda hacer de un día para el otro. Hay que tener una visión crítica, contemplando lo dispuesto por los tratados internacionales, pero a la vez tomando en cuenta las dificultades; que es el criterio que ha tomado la Corte nacional, considerando los tiempos y los modos para resolver los problemas. Tomar en cuenta el estado de situación general y el bloque de garantías constitucionales, y ver cuáles son los proyectos y lo que se está haciendo.
—Un problema aparte son los menores en conflicto con la ley penal, que no pueden ir a parar a las cárceles, pero tampoco existen establecimientos apropiados para su alojamiento y atención.
—No hay establecimientos apropiados. Y este es un capítulo muy especial. Siempre que se produce algún hecho fuerte, que llama la atención pública, lo más probable es que se dispare la discusión sobre la edad de imputabilidad. Y siempre se escucha lo mismo: que este no es un tema que se pueda abordar desde la edad del menor para poder detenerlo. Amerita tener en cuenta otras situaciones que han hecho del menor una persona que tiene una actitud ante la Ley, un producto de causas que no está en sus manos poder resolver. No sólo por su edad, sino porque forma parte de un contexto determinado por cuestiones sociales, económicas, culturales, de salud, educación, un marco sin horizontes, sin las perspectivas que todo ser humano debe tener, de un espacio en la sociedad y poder desarrollarse. En esta situación, lo más probable es que esa persona busque trascender de una manera violenta, aparecer siendo “alguien’ a través de un acto que lo coloca en conflicto con la ley penal. Es su manera de expresarse y de rebelarse, ante un marco de condiciones que, en muchos casos, lo han predeterminado. Esto no significa que el Estado debe desentenderse del menor en conflicto con la ley penal. Por el contrario, esto señala con mayor claridad su responsabilidad, y la de toda la sociedad. De nada sirve bajar la edad de imputabilidad, si no se atienden las causas de fondo.
—¿Y mientras tanto, qué se hace?
—Hay que implementar tribunales especiales penales para los menores. Y resolver la cuestión del alojamiento. Si se quiere ir cumpliendo con la ley nacional y con los tratados internacionales, hay que crear los institutos adecuados. Especialmente para atender la situación de los menores no punibles, que hoy también, más de una vez están involucrados en una causa penal. Pero lo importante es el tratamiento posterior. Ver las causas de la conducta de ese chico, hacer un seguimiento. Pero no ya desde el juez de Menores, que era la vieja idea del patronato, sino del Estado de manera integral.
Nota publicada por el Diario "El Litoral.com" de Santa Fé, Argentina Edición, el Domingo 23 de noviembre de 2008. http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/11/23/politica/POLI-01.html
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