1106. Condiciones del Perú que contribuyen a la formación de conflictos socio-ambientales

Caminos de Conciliación y Mediación

Condiciones del Perú que contribuyen a la formación de conflictos socio-ambientales

Freddy Ortiz Nishihara

En primer lugar estas condiciones están vinculadas a una misma matriz política organizativa, el estado peruano, aunque tengamos al frente conflictos con particularidades muy propias debido a la enorme diversidad socio cultural, económica, lingüística y a las características geográficas propias de cada una de las regiones, debemos partir de aspectos comunes y transversales que reflejan al estado oficial formal e informal en nuestro país.

Este estado centralista se ha acostumbrado a no escuchar a sus regiones y a tomar decisiones desde un escritorio sin consultar la realidad social. Ha promovido el etnocentrismo y centralismo en vez de la interculturalidad, demuestra discriminación en la práctica y ha sustentado su accionar en la doctrina del “perro del hortelano” desde la independencia para una minoría.

La desigualdad en el crecimiento entre Lima y las provincias de extrema pobreza, puede partir del estudio del Banco Mundial que concluye en que el 10% más rico tiene 84 veces más recursos que el 10% más pobre ( siendo que en otros países la diferencia es solo de 15 a 1, aquí en Perú es de 84 a 1), que la mayoría de pobres extremos viven en regiones excluidas que sin embargo son las provincias más ricas del país en recursos minerales: Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho, Cerro de Pasco. Además de ello una gran mayoría de sus pobladores son condenados a la contaminación, tentándose contra sus derechos básicos a la vida y la salud, al convertirse sus ríos, lagos y cultivos en zonas afectadas por residuos de metales sólidos.

Por otro lado, según un informe de la CEPAL del 2010, que cito en el libro “Conciliación extrajudicial, Justicia formal y Arbitraje” (Jurista editores 2010) 18 millones de peruanos ( 40% de la población) estaban condenados a vivir en tugurios ( 2do país en el Rankin después de Brasil), ello es más terrible en zonas rurales donde habitan indígenas cuyas tierras yermas afectadas por la gran minería, son su único sustento de vida y desarrollo. En este mismo informe se señala que Perú invirtió un dólar en servicios de salud, educación y justicia por habitante, mientras que en Argentina se invirtió 132 dólares. Si a esta carencia añadimos el sistema tributario que es esencialmente indirecto , es decir que afecta más a las personas naturales con un IGV que es el más elevado de toda América latina y no a las empresas mineras que estuvieron “incentivadas” con exoneraciones tributarias durante más de una década y en plena bonanza del precio del oro (una locura o maldad que no se permite ni en los EEUU, Alemania, Japón que son países neoliberalistas), añadiendo a ello que el costo de la corrupción según el diario El Comercio equivale al 15% del PBI peruano Por el lado de la legislación y la administración de Justicia, vemos que los sistemas ejecutivo, legislativo y judicial favorecen a los inversionistas que no cumplen con dejar el medio ambiente en iguales condiciones en que lo encontraron, notándose una innegable corrupción y deslegitimación de estos entes de gobierno en relación a las poblaciones que dicen representar a través del estado unitario.

Que se han erigido falsos liderazgos sustentados en el interés individual y no colectivo que beneficie a todos y los sistemas políticos se han deteriorado a ser simples grupos orientados a la toma del poder para medrar del estado, ofreciendo falsas ofertas electorales, siendo en realidad rostros de empaques coloridos sin contenido, que atentan contra la fe pública de los ciudadanos.

Para variar esas condiciones se requiere de un cambio estructural real que parta de los mismos actores sociales con una conciencia de cambio real, que los mismos estén fortalecidos por una acción organizada grupal que impida que los procesos de renovación o cambio real no sean abortados o derrocados por las fuerzas que se han acostumbrado a tomar este estado como un botín de guerra que pertenece a su clase social y sustenta sus intereses personalísimos y el de sus “socios” extranjeros (aparentes cómplices en muchos hechos negativos).

Debemos impulsar una legalidad sustentada en valores y en la praxis de una real cultura de Paz que tenga una visión intercultural con relación a todo el territorio nacional y que elimine la discriminación y la visión etnocentrista; un estado que legisle permitiendo las inversiones pero con respeto al marco legal y a los derechos básicos de las poblaciones y los recursos naturales, así como la flora y fauna, imponiendo las tributaciones adecuadas y justas de acuerdo a los rendimientos medidos objetivamente en las regiones, no exonerando por razones subjetivas y de grupo a ciertas empresas.

Que las leyes nazcan de nuestra propia realidad y no sean un mal plagio de códigos hechos para otros países.

Se requiere una actitud preventiva del estado en relación a los conflictos, estableciendo observatorios en todo el territorio nacional como el de la Defensoría del Pueblo, aprendiendo a escuchar sin prejuicios, considerando que nuestras diferencias nos enriquecen y el respeto por los demás significa que se previenen los conflictos con el conocimiento previo de sus causas. Finalmente se requiere de un sistema educativo uniforme que promueva la defensa del medio ambiente, la convivencia armónica entre los diversos núcleos de diversidad del país, la Justicia real y la Cultura de Paz. Pues habrá diferencias mientras los hijos del pueblo sean educados en escuelas diferentes a las de los descendientes de burócratas y empresarios que muchas veces no salen de sus ghetos de San Isidro, La Molina, San Borja (si no es para ir a Miami, París, Londres) y no conocen ni sienten a todo el Perú con sus variantes.

Condiciones económicas, políticas, culturales y sociales que pueden explicar lo que está sucediendo en el caso de Cajamarca.

Las motivaciones se hallan en la interpretación que se pueda dar a cifras estadísticas demostrativas de la pobreza extrema o miseria en gran parte del departamento de Cajamarca, esencialmente en zonas rurales.

Según estudios realizados por los periodistas Nilton Torres y Raul Mendoza del diario La Republica entre el 2005 y el 2006, a quienes cito en mi última publicación, Cajamarca se halla junto a Huancavelica entre los departamentos más pobres del Perú, debiendo señalar que más del 90% de su población rural se halla en ese nivel donde se demuestra la exclusión social de este departamento al proceso de integración en la dinámica locomotora del crecimiento económico del país. Ello se comprueba con la inadecuada distribución de servicios de salud, educación y otros beneficios casi inexistentes para su población; siendo irónicamente uno de los más ricos en oro, plata, cobre.

El padre Gastón Garatea ya lo había declarado al diario “El Comercio” el 17/9/2005: “No hay carencia de recursos…no se necesitan más de 100 dólares para atender un niño peruano en el campo…. La sociedad de poder es realmente cruel…nadie tiene respeto a sus hermanos…no hay otra manera de entender como provincias tan ricas como Cajamarca cuente con un 40% de desnutrición”. Quizás por declaraciones como está el arzobispo Cipriani, amigo de militares asesinos, extranjeros contaminadores sin escrúpulos, lo haya castigado prohibiéndole hacer misas. Las condiciones para ello han sido moldeadas por un sistema político centralista, muchas veces corrupto que se ha impuesto verticalmente, utilizando muchas veces la prepotencia y soberbia que no se molesto durante la mayor parte del siglo XX a consultar previamente a la población de Cajamarca recurriendo a eficientes sistemas y canales adecuados de comunicación y facilitación del dialogo. Este centralismo ha medrado mucho tiempo de los recursos de la región.

Ello ha repercutido en el tejido social del departamento de Cajamarca y se manifiesta en desconfianza hacia las instituciones del estado, poder ejecutivo esencialmente.

Un hecho real que inevitablemente debe ser calificado como uno de los condicionantes, vincula el conflicto a la propia subsistencia de los pobladores en relación al líquido elemento y el respeto a la madre tierra, como proveedora de alimentos y de vida. Habiendo llegado a un extremo de identificar los actores sociales a su protesta contra Conga como una forma de detener el inhumano atentado contra su vida y salud, pues bebían agua con residuos de plomo, yodo.

Hecho comprobado biológicamente, debido a la contaminación ambiental en ríos que abastecían a la ciudad capital del departamento, el racionamiento al que era sometida la población urbana con dos o tres horas al día, debido a la aparente escasez del agua para satisfacer una necesidad vital, debido al uso excesivo que le daban las empresas mineras que ya venían explotando minerales.

Por otro lado la cultura de Cajamarca basada en las rondas campesinas creadas para la defensa de la población, las mismas que desde sus inicios fueron influenciadas políticamente por Patria Roja y el hecho de una aparición de nuevos actores posteriores ONGs, un sector de la Iglesia con su visión de acción social junto a la comunidad han motivado a ver una realidad de un accionar mas articulado entre todos estos actores quienes orientan a reflejar emblemáticamente en Conga esa reivindicación general del departamento de Cajamarca contra la minería, la contaminación ambiental del agua que afecta directamente su vida y salud, les quita sus cultivos, el sistema y la mala praxis centralista del gobierno que mantiene la injusticia socio económica sin traer desarrollo, favoreciendo solo a las minorías de poder nacional y extranjero.

¿Porqué no existe una buena intervención estatal en la solución de los Conflictos y Cómo debería darse?

El estado no ha tenido una buena intervención debido a los siguientes factores: la improvisación, ignorancia o desconocimiento de datos socio-ambientales, culturales, económicos, historia; falta de previsión como fuente de mala inspiración negociadora con la comunidad, la visible contradicción entre las dos fases de la negociación con dos equipos diferentes con 2 enfoques opuestos e ideología diferente, visión vertical y falta de escucha activa en la 2da fase. Claro que se podría haber hecho mejor, empezando por informarse de antecedentes, actores del conflicto, reportes como el de la defensoría sino se contaba con una unidad propia de prevención de conflictos antes de actuar, definir una estrategia negociadora coherente y no cortar el proceso de diálogo en forma inadecuada y reconocer que el fondo y las formas son representativos y no se puede imponer criterios al estilo militar y exacerbar a la población, polarizándola más. El análisis del peritaje fue secundario y manipulable.

¿Se puede realizar minería saludable en el Perú?

Claro que si, en Suecia, Finlandia, Australia, Alemania, EEUU, Costa Rica, Japón se ha logrado. Se deben establecer estándares de calidad ambiental y laboral para trabajadores, poblaciones circundantes la región y el país a través de una política fiscal adecuada. En función a ello la normatividad legal, sistemas educativos y de información deben sustentar el principio de la equidad y la proporcionalidad sobre la base de un sistema de negociación integrativo (GANAR- GANAR) para favorecer por un lado a nuestras poblaciones, trabajadores y el estado (perdedores durante siglos en esta “simulación de negociación” con el capital foráneo) y por otro al inversor. El factor potencial humano que lidera o gerencia el país con una toma de decisiones políticas objetivas en el gobierno será determinante, pues si se continúa manteniendo el modelo “político” de negociar en provecho personal y no del país nunca se compatibilizara ambos intereses y la negociación será PERDER – GANAR ( distributiva) en contra de nuestras poblaciones, el país , del medio ambiente y a favor de la pobreza, así como del 5% en la población integrada por politicastros e inversionistas sin banderas.

Freddy Ortiz Nishihara. Abogado conciliador, Licenciado en Administración, Capacitador principal en medios alternativos del Ministerio de Justicia del Perú, ponente internacional Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú y docente en varias universidades de Lima. Postgraduado en las universidades de Uppsala (Suecia), Escuela Latinoamericana de la universidad Complutense de Madrid, Univ. de Ciencias empresariales y sociales de Buenos Aires, PUC del Perú. Autor de " La Conciliación Extrajudicial " (editorial San Marcos 2000), " Relatos del sol naciente" (San Marcos 2000)" La Conciliación Extrajudicial en Perú" (editorial San Marcos 2003), "Conciliación Extrajudicial, Justicia Formal Y Arbitraje" (Jurista editores 2010). Director de CERECO PERU Observatorio de Paz y DDHH. Director Honorario de CERECO ESPANA en Perú. Miembro del Comité Científico de la revista MEDIATIO (Universidad de Sevilla). Miembro del Comité Científico y organizador del I y II congresos mundiales ODR.

Dr. Freddy Ortiz Nishihara