Prevención y Mediación Pública para evitar conflictos entre padres e hijos
Madrid, España. La denuncia de un hijo suele ser el último paso que da una familia después de años de enfrentamientos, cada vez más violentos, y cuando siente que ha agotado todos sus recursos después de deambular durante tiempo sin encontrar respuestas.
Esta realidad ha golpeado de lleno a las administraciones en los últimos cinco años, con el aumento del número de padres que han acudido a los juzgados para encontrar una salida a su situación, y algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos han comenzado a aplicar programas específicos para la prevención y resolución de estos conflictos y al margen, de que siempre, busquen o no los padres ayuda directamente, los Servicios Sociales actúan directamente cuando detectan una situación de riesgo.
No obstante, según advierten fuentes, los recortes en las Administraciones y los frecuentes retrasos e impagos a las entidades que con frecuencia gestionan la atención social están deteriorando la calidad de los servicios, cuando no, forzando cierres en toda España.
En una circular sobre el maltrato filioparental, la Fiscalía advertía de la importancia de que se dé una adecuada atención a las personas con hijos violentos para reconducir la situación y que no terminen cometiendo un delito. Y hacía esta consideración debido a la frecuencia con que las familias acuden al juzgado para denunciar problemas con sus hijos adolescentes —que se fugan, que se niegan a ir a clase, a cumplir horarios...
Hasta hace cinco años los padres que eran maltratados por sus hijos no tenían prácticamente ninguna ayuda pública integral, es decir que abordase el problema desde el ámbito familiar. Ahora comienza ya a verse cierta especialización en la red de apoyo social. El año pasado, por ejemplo, el Gobierno de La Rioja puso en funcionamiento el servicio 'Ayúdales Ayudándote' a través de un teléfono (696121212) al que puede llamar cualquier persona que sufra violencia o acoso filioparental. El objetivo es ayudar a las familias a dejar de mantener en "secreto" su situación y ofrecerles orientación psicológica para buscar una salida.
"No queremos que un conflicto leve derive en uno grave. Cuanto antes se detecte el problema, antes podremos solucionarlo. Muchas veces el aislamiento hace más grande el problema", dice Dolores Flores, directora de la Dirección General de la Familia, Infancia y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid, un organismo que cuenta con diversos programas para tratar de prevenir o corregir los comportamientos agresivos de menores desde los 12 años, atendiéndoles tanto a ellos como a sus familias.
En esta idea de la atención temprana se basa gran parte de los programas de apoyo social, como las escuelas de familias o talleres que se organizan periódicamente a nivel municipal y autonómico, para dar pautas a la población a nivel educativo, en la gestión de emociones o mejora de la comunicación. Y las familias demandan sobre todo ayuda para evitar y superar desencuentros en sus relaciones.
"El conflicto es una realidad consustancial al ser humano, los tenemos todos, en todas las familias y es una posibilidad de crecer como personas, pero hay que aprender a resolverlos", subraya Pura Verde, subdirectora de la Dirección de Atención a la Familia de la Comunidad de Madrid, quien destaca la falta de comunicación como uno de los principales problemas con los que lidian las familias madrileñas.
Y esta capacidad para escuchar, expresar y respetar las opiniones del otro se pone especialmente a prueba en las familias durante la adolescencia, una época donde los jóvenes necesitan reafirmar su identidad marcando ciertas distancias con sus padres y éstos han de saber adaptarse al proceso evolutivo de sus hijos, sin dejar de marcar límites. A ellos van dirigidos, por ejemplo, algunos de los talleres que organiza semanalmente la Comunidad de Madrid para ayudarles en esa etapa de tránsito al mundo adulto y evitar conductas de riesgo.
Terapias para aprender a convivir
Los centros de atención a la familia que se encuentran repartidos por gran parte del territorio nacional han servido también de bastón de apoyo, algunos desde hace 30 años como el Centro de Orientación Familiar, de Las Palmas de Gran Canaria, y en algunos casos ofrecen atención terapéutica. En Madrid, los dos CAF [Marian Suárez (C/ González Amigó. 913028846), en la capital, y en Majadahonda (Av. Guadarrama, 34. 916362007)], las familias acuden a cuatro o cinco sesiones individualizadas con el menor, con los padres y en conjunto para ver "cómo se siente cada uno y qué necesita cada parte". Y ese tiempo, asegura Pura Verde, es "suficiente" para mejorar la convivencia porque al ser una intervención voluntaria ambas partes ponen interés para solucionar el conflicto.
Y hasta el año pasado los ciudadanos con que atravesaban dificultades también contaban con el apoyo de los profesionales de la Unidad de Orientación Familiar, que sólo en 2011 atendió a 242 familias por problemas relacionados con hijos adolescentes y de ellas 24 por comportamientos violentos. Pero este servicio, después de estar seis años operativo, ha dejado de funcionar de forma independiente y ha sido absorbido por los CAF el pasado 31 de diciembre, aunque desde la Dirección de la Familia se insiste en que se está "dando respuesta a todo el que se acerca" y que se seguirá haciendo.
Gran parte de las Autonomías está ofreciendo esa ayuda especializada a las familias a través de fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro, como es el caso de la Asociación Acción Franciscana, que ofrece a los ciudadanos de Murcia que tienen una relación conflictiva con sus hijos adolescentes la posibilidad de recibir orientación y mediación.
En Madrid, cuando los enfrentamientos entre un hijo y sus padres son ya claramente violentos, a nivel verbal o físico, las familias pueden acudir, de forma gratuita por un convenio con la Comunidad, a la Clínica Universitaria de Psicología de la Complutense [91 394 26 14] para recibir tratamiento terapéutico. Durante una media de un año, los jóvenes reciben pautas para relacionarse sin agresividad con sus padres, controlando su ira y modificando el sistema de valores y pensamientos que pueden potenciar esa conducta y los padres aprenden a relacionarse de otra manera con sus hijos.
Mediar entre padres e hijos
Y en ese intento de evitar que se resuelvan los enfrentamientos por la vía judicial, mucho más traumática, se está consolidando en prácticamente todas las Comunidades Autónomas el mecanismo de la mediación tanto a nivel municipal como autonómico para solucionar conflictos familiares, incluidos los que enfrentan a un menor y sus padres. También hay asociaciones dedicadas a la atención familiar, como UNAF, que también ofrece este servicio de forma gratuita (91 446 31 62/50) gracias a una subvención del Ministerio de Sanidad, de Asuntos Sociales e Igualdad.
Un equipo profesional trata de ayudar a las partes de forma individualizada a resolver los problemas internos que les distancian y les impiden comunicarse, facilita así que dialoguen y que llegue a un acuerdo global o a pactos concretos que deciden ellos mismos (horarios de entrada a casa, ayuda en las tareas, tiempo dedicado al estudio...).
Las familias pueden reclaman directamente este servicio, pero también llegan casos, más graves, a través de los juzgados. "Es muy importante la actitud, que quieran solucionar el conflicto" y, cuando es así, incluso en tres sesiones —lo máximo son nueve en los CAF del Ayuntamiento de Madrid— se encuentra una salida, asegura Dolores Flores, directora de la Dirección General de la Familia, Infancia y Voluntariado. En otras ocasiones en que el conflicto está tan enquistado y la relación está tan deteriorada que aunque resulte "devastador" para los padres la única opción es la denuncia, por "ellos y por los adolescentes", subraya Pura Verde desde su experiencia en este área en la Administración regional.
Hay recursos, como los anteriores, a las que las familias acceden voluntariamente pero hay otros dentro de la maquinaria de protección social que se activan directamente cuando los Servicios Sociales detectan una situación de riesgo. Y, en los casos de menores que maltratan a sus padres, al margen de que éstos quieran o no denunciar también se activa ese mecanismo.
El agente tutor
El Ayuntamiento de Madrid creó hace ya 10 años una figura que ha resultado clave a la hora de abordar estas situaciones tan devastadoras y que quedan ocultas en no pocas ocasiones tras la puerta del domicilio familiar: los agentes tutores. Son policías de paisano que patrullan las calles velando por los menores e interviniendo en situaciones de riesgo —absentismo, consumo de sustancias tóxicas, pequeños hurtos, violencia familiar, escolar...—. Cualquier familia madrileña puede solicitar su ayuda sin presentar una denuncia y prestan asistencia directa e inmediata tanto en domicilios como en centros escolares.
"Damos servicio 365 días al año, siempre estamos ahí", explica Carlos, uno de los agentes que impulsaron la formación en los distritos de estos equipos, que cuentan a día de hoy con unos 200 profesionales. Realizan el papel de mediadores y de consejeros. Conversan con el adolescente y les explican "las consecuencias que pueden tener por su conducta" desmontando la sensación que tienen de que "no pasa nada" si agreden. Y con el resto de la familia.
"Trabajamos con menores pero quienes más lo necesitan son los padres porque se sienten desbordados. Les orientamos y les damos esperanzas". La atención se prolonga incluso hasta que el menor cumple la mayoría de edad porque "la problemática no cambia de la noche a la mañana". Carlos, de la unidad de San Blas, no recuerda apenas casos de chicos con los que "no se haya podido hacer nada" y subraya que, por el contrario, "son muchos" los casos en los que se percibe una "mejora la convivencia".
"Los padres llegan a nosotros desesperados. Acuden a la policía como referente de autoridad porque se les ha ido de las manos", explica Mariluz tras ocho años de contacto diario con estas familias. Y al traspasar el umbral de la puerta se ha encontrado con "problemáticas muy distintas": "Chavales con depresiones, que no han aceptado la separación de sus padres, que no se levantan para ir colegio y no se relacionan o que lo hacen con otros jóvenes que delinquen", pero todos viven "muy perdidos, con un gran conflicto interno", sin aceptar normas y sin asumir su parte de responsabilidad por los enfrentamientos.
'No podemos permitir que maltrate a sus padres'
Normalmente, con la presencia policial, estos adolescentes "modifican sus conductas", pero luego pueden volver a "reincidir" por ello los agentes tutores hacen un seguimiento continuo, con llamadas y visitas al domicilio durante uno o dos años de tiempo medio.
Desde su experiencia, Carlos y Mariluz confirman que se está observando un aumento de la violencia desde edades "cada vez más tempranas". Doce y 13 años. Los agentes tutores, premiados por Unicef, tratan de mediar para que la convivencia mejore, pero cuando se detecta un delito de maltrato —agresiones habituales o especialmente graves— actúan como fuerzas del orden público y el menor es detenido y puesto a disposición judicial aunque los progenitores no quieran denunciar. "No podemos permitir que maltrate a sus padres. Sacarle de casa es lo último, pero a veces es necesario", advierte Mariluz.
La labor del agente tutor es clave en la compleja maquinaria que se pone en marcha en Madrid para asistir a familias que atraviesan situaciones de conflictividad graves. Trabajan en estrecha colaboración con los servicios sociales, que son los que deciden tanto en Madrid como en el resto de ayuntamientos cómo atenderlas. En la capital se hace a través del ETMF (equipo de trabajo del menor y la familia) que reúne al menos una vez al mes a todos los profesionales que han intervenido en ese caso en particular (desde un psicólogo particular hasta el director de su centro escolar o el agente tutor) y derivarlos, en los casos más graves, a un centro de atención a la infancia para que realice la intervención y el seguimiento durante un plazo mínimo de un año y máximo de tres.
Se trata siempre de mantener la convivencia en el núcleo familiar pero, en situaciones extremas o cronificadas, los servicios sociales ponen esa situación en conocimiento de los juzgados y pueden reclamar que se decrete una tutela preventiva y el acogimiento del chico —y alejamiento de sus padres— en un centro de protección. Tanto en los centros para el tratamiento de adolescentes tutelados con trastornos de conducta disocial o negativista, como en los que se procede al acogimiento de menores sin ningún tipo de diagnóstico se realizan programas de rehabilitación social, terapéuticos y educativos para tratar de reconstruir el vínculo familiar.
Yaiza Perera. El Mundo.es. 22/01/12
Familias en conflicto: cómo se produce la escalada de violencia y cómo frenarla
Madrid, España. "Imagina que tu corazón es como una diana. En tus manos no está tanto que tu hijo o tu hija deje de lanzarte flechas sino en hacer que tu diana se vuelva pequeña". Con esta imagen, Jesús Oliver, coordinador de la Fundación Atenea, trata de ayudar a los padres que son víctimas del maltrato de sus hijos a tomar conciencia de que, si logran dejar a un lado los sentimientos de impotencia y desesperación que les atrapan, y modifican sus formas de responder a los conflictos con sus hijos, van a poder encontrar una salida a su dramática situación.
Este cambio en la forma de reaccionar de los padres puede suponer desde la aplicación de nuevas pautas educativas o la forma de relacionarse con estos adolescentes hasta la denuncia para proteger la integridad física o los bienes de la familia cuando la espiral de la violencia ha llegado a casos extremos. "El daño surge en las relaciones y la solución está en las relaciones", ésa es la "herramienta" para reparar los lazos familiares. Así lo trasladaron el pasado 14 de diciembre, durante unas jornadas sobre 'La mediación para la prevención del conflicto' organizadas por la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), tanto el psicólogo Jesús Oliver, coordinador de la Fundación Atenea, Patricia Calatrava, trabajadora social de Castilla-La Mancha, y Gregorio Gullón, mediador de la UNAF.
En dichas jornadas se abordaron los patrones de conductas de los menores que agreden a sus padres, los patrones familiares y las pautas de intervención para tratar de frenar la violencia, reconstruir y fortalecer el vínculo afectivo.
Los jóvenes violentos con sus padres suelen tener una identidad frágil, una baja autoestima, una baja tolerancia a la frustración y una elevada reactividad emocional. Algunos pueden tener actitudes sumisas fuera de casa, pero todos se muestran rebeldes y egoístas con sus familiares. Desde un punto de vista evolutivo, tienen dificultades para alcanzar los hitos evolutivos propios de la adolescencia, pues no han logrado desarrollar una identidad sólida, no han aprendido a controlar sus impulsos ni relacionarse de forma adecuada con su entorno, apunta Jesús Oliver, describiendo en líneas generales el perfil al que responden estos jóvenes.
"Tras los comportamientos agresivos de estos jóvenes, se esconden unas carencias y unas necesidades que hay que atender", explica Jesús Oliver. De una forma muy gráfica revela ante los asistentes aquellas carencias emocionales que sufren con más frecuencia los jóvenes que acuden a terapia: algunos son como los 'gallos de pelea', que buscan autoafirmarse y necesitan que les ayudemos a desarrollar una identidad sólida; otros son como los 'perritos que tienen una espina clavada', que muerden, pero necesitan que les curemos alguna herida familiar (separaciones traumáticas de sus padres, celos de algún hermano...); algunos son como 'montañas rusas emocionales', que explotan porque necesitan que les ayudemos a autocontrolarse; y otros son 'rebeldes sin causa', que sólo saben ir a la contra, pero que aún no han encontrado su propio rumbo.
Los problemas surgen cuando los "cambios bruscos" que se producen en la preadolescencia, de los 11 a los 14 años y que son normales (cambios a nivel sexual y psicológicos), van acompañados de "conductas no recomendables, que conllevan un riesgo real", explica Gullón, y que distan en mucho de la rebeldía lógica de un adolescente que busca diferenciarse en el camino hacia su madurez. "Las conductas problemáticas en adolescentes tienden a agruparse y la presencia de una puede pronosticar la aparición de otras". En ese momento "conviene actuar".
¿Y cuáles son esas conductas problemáticas?
Leves: el adolescente pone a prueba los límites, trasgrede normas.
Moderadas: consume regularmente tóxicos; promiscuidad sexual; bajo rendimiento escolar; amenazas insultos y estallidos de ira. Hay un enfrentamiento de todos contra todos y aparecen agentes externos: policía, juzgados...
Cómo suelen actuar los padres: intentan sin éxito controlar a su hijo a través de imposición de límites más estrictos, otros padres tiran la toalla. Se intensifica el problema.
Graves: Aparecen conductas disruptivas y peligrosas: huida de casa, problemas legales, robos en el domicilio familiar, violencia física, absentismo o abandono escolar. El joven no parece interesarse por las consecuencias de sus actos y asiste a terapia bajo presión. Los padres se sienten derrotados, distanciados de la familia extensa y amigos. Es probable que el hijo les inspire temor y hagan cualquier cosa por evitar los enfrentamientos. Los adolescentes tienen un menor autocontrol en el seno familiar porque saben que no va a pasar nada aunque traspasen los límites establecidos. Se establece una inversión jerárquica, los hijos tienen más poder que sus padres.
'Queremos padres responsables, no culpables'
Éste es un drama familiar que se afronta en silencio, en la intimidad de un hogar devastado. La realidad indica que "las denuncias son ínfimas. Los padres no denuncian porque piensan que así están protegiendo a sus hijos, por no querer dar disgustos al resto de la familia, por miedo a la reacción de su hijo...", explica Gregorio Gullón. Sin embargo, subraya, "cuando se da el valiente paso de hacerlo visible es cuando empezamos a buscar una solución".
Y esos padres que buscan ayuda son padres rotos, embargados por la culpa, la frustración, la impotencia —"lo hemos probado todo"—, la injusticia —"es como si no fuésemos de su familia—; la tristeza —"no le importa nada ni nadie"—; el asombro —"cuando yo tenía su edad"—. La culpa hay que desmontarla, "queremos padres responsables, no culpables". En la intervención terapéutica que propusieron los tres ponentes se actúa sobre las "relaciones en las que se produce una conducta violenta", estudiando cómo influyen.
Para hacer un análisis exhaustivo de todas las variables que influyen en la aparición y el mantenimiento de las relaciones violentas de los hijos hacia sus padres, Patricia Calatrava y Jesús Oliver proponen utilizar el modelo eco-sistémico, que tiene en cuenta todos los sistemas que repercuten en el desarrollo de los individuos: los familiares, la escuela y el trabajo, los amigos, los medios de comunicación, la sociedad, la cultura...
En estas situaciones de conflicto extremo, el sistema familiar ocupa un lugar predominante a la hora de determinar la forma de actuar y de relacionarse de las personas que lo integran y sobre todo del adolescente, que está atravesando un momento crucial de su desarrollo evolutivo. Cada familia es "distinta, única e irrepetible": los miembros se relacionan de una manera concreta, tienen un nivel de poder y una posición determinada y una herencia generacional —se pueden repetir las pautas familiares o modificarse—. La experiencia en ese campo indica que hay dos tipos de relaciones familiares en los que la violencia irrumpe con frecuencia y lo explican Patricia Calatrava y Jesús Oliver con dos ejemplos clarificadores.
Cuando entre los padres y el adolescente hay una relación simétrica: el joven se ha posicionado a la misma altura que sus progenitores y ninguna de las partes enfrentadas quiere quedar por debajo. Se establece una lucha de poder que se perpetúa y agrava deteriorando la convivencia hasta unos niveles insostenibles de enfrentamiento, en los que se producen agresiones por ambas partes.
En estos enfrentamientos entre padres e hijos suelen darse pausas complementarias (se pide perdón y aparecen sentimientos de culpabilidad) y es en ese momento cuando se suele pedir ayuda profesional. En estas relaciones las secuelas psicológicas son menores y el pronóstico, la posibilidad de reconstruir el vínculo, es mayor.
Ejemplo: César (nombre ficticio) tiene 15 años y es el menor de dos hermanos. Sus progenitores están separados y el padre tiene dos hijos con su nueva pareja. La madre, que es con quien convive César, pide ayuda porque los conflictos con su hijo se han intensificado: se producen robos en el hogar, amenazas graves ("te voy a poner las gafas como lentillas"). El hijo piensa que su madre es una "egoísta, que sólo piensa en ella y no está dispuesto a hacer lo que ella diga". Ella quiere recuperar el control y "no le deja salirse con la suya". Las tensiones entre los progenitores tampoco ayudan: ella no encuentra apoyo en su ex marido para afrontar el conflicto y ve en su hijo un reflejo de él: "Eres como tu padre". El progenitor lo resuelve diciéndole a los chicos que su madre "siempre ha sido una histérica".
El ciclo de la violencia ya está instaurado: la rebeldía y violencia de César derivan en un mayor autoritarismo, control, distancia y violencia por parte de su madre y este comportamiento genera una mayor rebeldía, violencia por parte del adolescente. Es el patrón de conducta repetitiva que hay que romper. La madre se encontraba atrapada por los mensajes que había incorporado de su familia de origen: pensaba que la autoridad debían tenerla los padres y se sentía incapaz, como mujer, de ejercerla. Establecía una distancia emocional con su hijo porque tenía interiorizado que los hijos no podían discutir con sus padres. Se consiguió romper esa escalada de violencia, que hubiese una reparación, que se establecieran límites claros y que César asumiera las consecuencias que su madre le ponía a sus comportamientos.
Cuando entre los padres y el adolescente hay una relación complementaria. Suele ser una violencia íntima, secreta, que se queda en el ámbito familiar. En este tipo de relaciones no hay pausas complementarias y la tensión es permanente. El adolescente tiene todo el poder, se ha convertido en un tirano, y los padres tienen muy poco poder o ninguno. Las secuelas psicológicas que deja este tipo de violencia intrafamiliar son profundas y su pronóstico es peor que el de las relaciones simétricas.
Ejemplo: Nacho (nombre ficticio), un chico de 18 años, tiene una conducta muy violenta con sus padres. Les agrede verbal y físicamente. Los padres acuden al servicio de orientación familiar pero él se niega "¿Por qué voy a cambiar si lo tengo todo?". Ni estudia, ni trabaja. Pasa mucho tiempo 'enganchado' a Internet, desvela datos personales de sus padres a través de la Red y compra de forma compulsiva. La madre teme a Nacho; se comporta de forma tierna con él, "a ver si con cariño cambia", le brinda todos los cuidados y pide al padre que mantengan en secreto su comportamiento violento y el hecho de que no trabaja (se inventan que trabaja en un supermercado).
El padre no para de sermonear a Nacho, le envía a escondidas currículum para que encuentre trabajo. Sigue dándole paga y abonándole Internet. Nacho tiene un comportamiento tiránico y agresivo y los padres le sobreprotegen, por sus sentimiento de impotencia y miedo, lo que perpetuaba el poder que tenía. Ellos estaban marcados por las pautas de comportamiento trasmitidas por sus propios progenitores: las familias debían evitar los conflictos y los padres debían darlo todo a los hijos. Lo primero que tienen que hacer es buscar ayuda para protegerse acudiendo a los servicios sociales o a la policía, recibir terapia y recuperar su red social. Por último, han de modificar sus patrones sobreprotectores o ausentes por patrones en los que pongan consecuencias a sus hijos.
Cómo frenar la escalada de violencia
Las familias que viven inmersas en estas situaciones de violencia quedan atrapadas "en conductas repetitivas", que no ayudan a romper ese patrón de comportamiento o que, incluso, lo agravan. Los padres se centran en erradicar el problema (ataques de ira, consumo de sustancias tóxicas, falta de respeto a las normas...) y se deteriora aún más la relación. El desarrollo evolutivo del adolescente "queda interrumpido", se siente "más aislado e incomprendido y la conducta problemática" se intensifica. Oliver trata de hacer ver a las familias que hay que detenerse y reflexionar sobre lo que está pasando: "Los padres siempre hacen lo que creen que es mejor para sus hijos, pero si los problemas se perpetúan, es muy importante que intenten hace algo diferente".
Éstas son algunas de las pautas que se dan a los padres para salir de una espiral de violencia.
-Desmontar la culpa. Sólo paraliza.
-Cada parte tiene que cambiar algo y hacerlo de forma unilateral, sin pretender que el otro modifique antes su conducta.
-Promover el diálogo. Escuchar no significa estar de acuerdo y no se requiere una respuesta inmediata. Hay que evitar los dobles mensajes del tipo "sincérate conmigo, pero no me digas nada que no quiera escuchar". No centrar siempre el diálogo en el asunto conflictivo, tratar de hablar con ellos de otros temas.
- Aprender a controlar la ira y posponer la discusión.
-Pensar que cada persona puede cambiar en algo para superar el conflicto. -No tratar de controlar al adolescente. Hacer preguntas en lugar de dar órdenes. No sermonear. Aceptar las decisiones que tomen nuestros hijos y dejar que asuman sus consecuencias.
-Los límites deben ser claros, no difusos ni rígidos porque no facilitan el vínculo y razonables, que permitan al adolecente manejarse en el futuro. Las expectativas han de ser congruentes.
-Focalizar en lo positivo. Reforzar los puntos fuertes del adolescente. -Cuidarse el que cuida. Los padres deben recuperar su vida social y de pareja acudir a terapias o a asociaciones como AFASC
-Es conveniente que los padres, estén o no separados, hagan equipo.
-En caso de agresiones físicas, protegerse. Advertir a sus hijos que en cuanto vean en peligro sus bienes o su integridad física lo pondrán en conocimiento de la Policía. Hay que restaurar el orden en el hogar y restituir el poder a los padres. Éstos no deben tratar de controlar a su hijo sino centrarse en sus propias necesidades para recuperar el control de sus vidas. Sólo entonces se puede empezar a reconstruir las relaciones familiares.
Yaiza Perera. El Mundo. es. 22/01/12
Hijos que maltratan, un infierno del que se puede salir con (re)educación... y ayuda
Madrid, España. Mediados del pasado diciembre, una mujer conocía la condena en firme de su hijo de 14 años por propinarle dos palizas en menos de dos semanas. Lo relataba con detalle la prensa de Murcia. No son noticias que se lean a menudo. Tampoco es frecuente que un joven agreda a su familia. La última encuesta del Instituto de la Juventud que aborda las situaciones de conflicto señala que el 94% de los jóvenes entre 15 y 29 años "nunca" ha tenido enfrentamientos violentos con sus padres. Pero la realidad también muestra que los casos de menores que maltratan a sus padres —madres, en la inmensa mayoría— se han disparado en la última década, aunque en la mayoría de ocasiones se queden ocultos. Y las consecuencias son absolutamente devastadoras para las víctimas, pero también para el agresor.
Desde 2007, más de 17.000 menores de más de 14 años han sido procesados en España por agredir —física o psíquicamente— a sus progenitores durante la convivencia. El número de casos ha ido incrementándose hasta 2010, año en la que la Fiscalía detectó un cierto descenso con respecto a 2009 (4.995 frente a 5.201), aunque sólo se puede hablar, advierte en su última memoria anual, de cierta "estabilización" no de disminución
El de la vía penal es el último paso que suelen dar las familias y lo hacen ya casi sin aliento, cuando sus bienes o su propia vida corren peligro, y rotas después de deambular durante meses y posiblemente años buscando una salida. Son estos casos extremos los que se hacen visibles, pero otros tantos, imposibles de cuantificar, permanecen en secreto tras la puerta del domicilio. Es en el interior de él donde estalla con toda su crudeza el conflicto, pero también donde se pueden encontrar las causas pero, sobre todo, una solución.
Los profesionales que trabajan para cambiar estos patrones de comportamiento agresivos consultados coinciden en que este problema suele ir relacionado con deficiencias graves en el proceso educativo del adolescente. Esta conducta violenta también puede ser síntoma de un trastorno psiquiátrico, pero en la mayoría de casos los menores que agreden a sus padres no sufren ninguna enfermedad mental.
Durante la adolescencia, una etapa crucial marcada por múltiples cambios mentales y físicos, los hijos necesitan tomar distancia de sus padres y es natural que den muestras de cierta rebeldía para reafirmar su personalidad. El problema no son los conflictos en las familias, sino la incapacidad de resolverlos o de tratar de hacerlo siempre con violencia.
Sin límites y normas claros
Los menores que maltratan a sus progenitores tienen unos rasgos diferenciados del resto de infractores. Suelen ser adolescentes que han recibido una educación autoritaria [control inflexible de los padres], permisiva [padres sobreprotectores, que no ejercen la autoridad y satisfacen inmediatamente los deseos del niño] o cuyos progenitores atraviesan momentos de extrema dificultad y no ejercen como tales dejando a un lado el cuidado y control del menor.
En general, estos jóvenes no han interiorizado límites y normas claros, no aceptan ningún tipo de control y son incapaces de asumir frustraciones. Su rendimiento escolar suele ser muy bajo. Se comportan de una forma egoísta con sus padres y sumisa con el resto —la violencia se limita normalmente al ámbito familiar—. Suelen ser menores con una identidad frágil, dependientes y que sufren un gran conflicto interior. Estos rasgos, unidos a un carácter muy impulsivo, forman una carga explosiva que golpea de lleno a su núcleo más cercano. Las víctimas son, en la inmensa mayoría de casos, las madres y, entre los agresores, hay una mayoría de varones, aunque se recluye a más chicas por maltrato que por otro tipo de delitos.
Escalada de la violencia
Estela, que prefiere mantener al margen su identidad por respeto "a su hijo y a ella misma", se vio atrapada por esta espiral de violencia extrema que derivó en el internamiento de su único hijo a los 16 años en un centro de menores por maltrato. Fue la última parada en un descenso a los infiernos.
A los 12 años, Roberto (nombre ficticio) comenzó a tener un rendimiento escolar cada vez más bajo y a tener una conducta violenta. Su madre recibía a menudo la llamada de los psicólogos del centro e incluso había días que la lista de sus enfrentamientos era tan larga que le preguntaba "¿cómo es posible que en un solo día hayas podido discutir o pegarte con tantos?".
Comienza a ser un alumno "molesto", las expulsiones se suceden y el centro "invita" a los padres a trasladarle a otro colegio. Roberto deambula hasta por ocho centros escolares distintos, dos de ellos internados, fuera de Madrid e incluso fuera de España, pero los problemas de conducta no remiten y el deterioro de la convivencia familiar prosigue su escalada. "Hubiese preferido que me dijesen que mi hijo estaba enfermo porque habría curación, tratamiento... pero esta falta de límites, su agresividad, no sabes por dónde cogerlo". El desconcierto de Estela es el de tantas otras familias que no saben cómo asimilar lo que les está pasando.
Trastornos de conducta
"No hay una etiqueta diagnóstica que se adecue exactamente al fenómeno, estos menores no tienen una patología definida. La mayoría suele tener un trastorno negativista desafiante y algunos estudios dicen que pueden sufrir un trastorno disocial o de hiperactividad, pero también es verdad que, al menos un 50% de esos chavales, no tienen ningún tipo de diagnóstico", explica María González, terapeuta de la Clínica de Psicología de la Universidad Complutense, donde se aplica desde 2007 un programa de intervención específica para menores -normalmente entre 13 y 17 años- con problemas de agresividad en el contexto familiar.
"Hay chavales que desde pequeños han sido problemáticos pero otros tienen un inicio marcado [de la conducta violenta] en la adolescencia. Estaban bien adaptados en el colegio, a nivel social y llega un momento en que empiezan a emitir comportamientos extraños y preocupantes", advierte. Cuando "un padre percibe que no es capaz de educar como considera oportuno a su hijo" debe pedir ayuda. "Las agresiones físicas no surgen de repente, van antecedidas de un conflicto verbal o psicológico. Si dejamos que la violencia suba de escalones más difícil será que se bajen luego". Ella, junto al resto de terapeutas, ha 'acompañado' a 200 familias en los últimos cinco años a descender esos escalones "con mucho esfuerzo", a base de terapias con los menores y con sus padres en un proceso que suele durar entre nueve meses y un año, más otros 12 meses de seguimiento.
Responsabilidad compartida
El primer paso que deben dar tanto los hijos como los padres para comenzar a reconstruir la relación ha de ser en la misma dirección: asumir parte de la responsabilidad. En esta Clínica, los psicólogos dan "habilidades" a las familias para relacionarse sin violencia: intervienen a nivel cognitivo —desmontando las justificaciones de los menores o clarificando pensamientos—; emocional —desarrollando la empatía y el autocontrol—; conductual, trabajando la comunicación, que ambas partes sepan hablar, expresar críticas y recibirlas, mostrar afecto y solucionar los problemas.
La fuerte demanda que recibe la Clínica, a la que son derivados casos desde los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, aunque también pueden llamar directamente las familias, las "dificultades para abarcar" y que la gente llegue a esperar hasta tres meses sin encontrar otro recurso que se adapte a sus necesidades, son indicativos de que las familias requieren y demandan una asistencia "integral" para superar esta problemática.
Bajo este planteamiento se va a poner en funcionamiento en la localidad madrileña de Brea de Tajo un complejo privado que ofrece un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a las familias con menores de entre 12 y 18 años con una conducta agresiva. Los jóvenes, sobre los que no pesa ninguna orden judicial, son internados entre dos meses y un año y tanto ellos como sus padres debe firmar un 'contrato terapéutico' que garantice su implicación.
Este 'Campus Unidos', gestionado por Ginso —una empresa con experiencia en centros de menores— y dirigido por el psicólogo Javier Urra, ocupa 15.000 metros cuadrados repartidos entre cuatro chalés de 10 plazas, dos edificios para terapias y actividades de ocio y formación, pero el entorno vallado, las cámaras de vigilancia, el régimen disciplinario y las puertas blindadas de centros de reforma dejan claro que dista mucho de ser un campus convencional.
Esta iniciativa privada nace bajo una situación de "limbo jurídico" reconocida por el propio Urra. ¿Se puede recluir a un menor sin orden judicial? "Es cierto que para privar de libertad hace falta una orden judicial, pero es como cuando hablamos de personas que tienen un tipo de patología como el alcoholismo o drogadicción y se producen ingresos voluntarios. Hay que ir por la misma vía, que aquellos jóvenes que saben que tienen un conflicto con sus padres ingresen voluntariamente", subraya Arturo Canalda, defensor del menor de la Comunidad de Madrid, que aplaude tanto ésta como "cualquier iniciativa para mediar y evitar los conflictos que se pueden dar con los hijos".
Demanda de ayuda especializada
Canalda subraya que aunque "las administraciones están trabajando mucho en el ámbito de la mediación" para este tipo de "patologías", no hay "recursos específicos o hay uno nada más" y esta "escasez de recursos limita mucho la posibilidad que tienen los padres" de recibir una asistencia gratuita. "Por eso surgen estas iniciativas, por complementar de alguna manera los medios que la administración no puede aportar" y menos aún "en un entorno de crisis, donde se están restringiendo mucho los gastos e intentar que la administración cubra todo resulta muy complejo".
Hasta hace cinco años los padres que sufrían maltrato no podían encontrar prácticamente ninguna ayuda pública especializada. Actualmente, existen programas que abordan esta problemática en concreto, como los servicios de orientación, atención psicológica o mediación familiar que se han ido extendiendo por gran parte del territorio nacional o incluso teléfonos de atención directa a padres maltratados, como el que puso en marcha hace un año La Rioja (696121212). Los recortes en las Administraciones regionales, no obstante, están haciendo ya mella en la atención social y, según fuentes sindicales, los frecuentes retrasos e impagos a ayuntamientos y entidades privadas que los gestionan están deteriorando la calidad de los servicios y forzando cierres en toda España.
Estela consultó a psicólogos privados, psiquiatras y recurrió a los servicios sociales sin encontrar en aquel momento una ayuda profesional "especializada". "Se quedan cortos antes de estas intervenciones. Van derivando de un sitio a otro a las familias", subraya recurriendo al plural al hacerse eco también de la experiencia que otros padres de la Asociación Familias por la Convivencia, que desde hace un año reúne a personas que sufren conflictos graves en las relaciones con sus hijos.
A los 14 años, Roberto ya prácticamente no acudía a clase, comenzó a consumir porros y a ausentarse de casa. En una ocasión, llegó a permanecer hasta nueve días desaparecido. La pendiente en la que se había convertido su vida les acercaba cada día más, a los dos, al borde del abismo. Comenzó a relacionarse con gente mayor que él y terminó cometiendo delitos fuera de casa y dentro...
Los enfrentamientos con su madre comenzaron a ser muy agresivos y con su padre no quería mantener ningún tipo de relación, relata sintiendo aún la desazón de aquellos momentos que padeció prácticamente en soledad —"mi familia sabía que había problemas pero no hasta qué grado"—. Y atrapada en esa situación de violencia, devastada por el sufrimiento y la impotencia, recibió –y escuchó- el consejo de alguien que conocía de cerca su situación: un agente tutor.
Policías y mediadores
Desde 2002, policías de paisano patrullan las calles de la ciudad de Madrid para detectar de forma temprana situaciones de riesgo en las que se puedan ver envueltos menores y prestan asistencia inmediata en centros escolares y domicilios, como el de Estela. "Cuando los padres ya no saben dónde acudir y necesitan una figura de autoridad, acuden a la policía", explica Mariluz tras ocho años de contacto diario con familias y adolescentes en el distrito de Retiro. Estos agentes, que trabajan en estrecha colaboración con los Servicios Sociales, crean un clima de confianza y ejercen de mediadores para tratar de que mejore la convivencia. Orientan a los padres para que cambien su forma de relacionarse con su hijo, de educarle, y advierten al menor de las consecuencias de su comportamiento y tratan de marcarle nuevas pautas de conducta, entre ellas habitualmente, la de asistir a clase.
Se hace un seguimiento continuo, con llamadas y visitas tanto al domicilio como al centro escolar del menor, durante uno o dos años. No obstante, cuando se detecta un delito de maltrato actúan como fuerzas del orden público y el adolescente es detenido y puesto a disposición judicial, aunque los progenitores no quieran denunciar. "No podemos permitir que maltrate a sus padres. Sacarle de casa es lo último, pero a veces es necesario", advierte Mariluz.
"Tú no te das cuenta de que no va a parar y va a más. Denuncié alentada por los agentes tutores. También al pensar que si no paraba esto, sería un futuro maltratador", explica Estela. El juez decretó libertad vigilada para Roberto y la obligación de acudir a unos talleres de reeducación pero "se los saltaba". Le citaron a juicio y se decretó el internamiento durante un año en 'El Laurel', un centro de menores de la Comunidad de Madrid especializado en maltrato familiar ascendente. "Fue muy duro ver a unos policías que esposan a tu hijo delante de ti y se lo llevan", recuerda.
Responsabilidad compartida
Estela consultó a psicólogos privados, psiquiatras y recurrió a los servicios sociales sin encontrar en aquel momento una ayuda profesional "especializada". "Se quedan cortos antes de estas intervenciones. Van derivando de un sitio a otro a las familias", subraya recurriendo al plural al hacerse eco también de la experiencia que otros padres de la Asociación Familias por la Convivencia, que desde hace un año reúne a personas que sufren conflictos graves en las relaciones con sus hijos.
A los 14 años, Roberto ya prácticamente no acudía a clase, comenzó a consumir porros y a ausentarse de casa. En una ocasión, llegó a permanecer hasta nueve días desaparecido. La pendiente en la que se había convertido su vida les acercaba cada día más, a los dos, al borde del abismo. Comenzó a relacionarse con gente mayor que él y terminó cometiendo delitos fuera de casa y dentro...
Los enfrentamientos con su madre comenzaron a ser muy agresivos y con su padre no quería mantener ningún tipo de relación, relata sintiendo aún la desazón de aquellos momentos que padeció prácticamente en soledad —"mi familia sabía que había problemas pero no hasta qué grado"—. Y atrapada en esa situación de violencia, devastada por el sufrimiento y la impotencia, recibió –y escuchó- el consejo de alguien que conocía de cerca su situación: un agente tutor.
Policías y mediadores
Desde 2002, policías de paisano patrullan las calles de la ciudad de Madrid para detectar de forma temprana situaciones de riesgo en las que se puedan ver envueltos menores y prestan asistencia inmediata en centros escolares y domicilios, como el de Estela. "Cuando los padres ya no saben dónde acudir y necesitan una figura de autoridad, acuden a la policía", explica Mariluz tras ocho años de contacto diario con familias y adolescentes en el distrito de Retiro. Estos agentes, que trabajan en estrecha colaboración con los Servicios Sociales, crean un clima de confianza y ejercen de mediadores para tratar de que mejore la convivencia. Orientan a los padres para que cambien su forma de relacionarse con su hijo, de educarle, y advierten al menor de las consecuencias de su comportamiento y tratan de marcarle nuevas pautas de conducta, entre ellas habitualmente, la de asistir a clase.
Se hace un seguimiento continuo, con llamadas y visitas tanto al domicilio como al centro escolar del menor, durante uno o dos años. No obstante, cuando se detecta un delito de maltrato actúan como fuerzas del orden público y el adolescente es detenido y puesto a disposición judicial, aunque los progenitores no quieran denunciar. "No podemos permitir que maltrate a sus padres. Sacarle de casa es lo último, pero a veces es necesario", advierte Mariluz.
"Tú no te das cuenta de que no va a parar y va a más. Denuncié alentada por los agentes tutores. También al pensar que si no paraba esto, sería un futuro maltratador", explica Estela. El juez decretó libertad vigilada para Roberto y la obligación de acudir a unos talleres de reeducación pero "se los saltaba". Le citaron a juicio y se decretó el internamiento durante un año en 'El Laurel', un centro de menores de la Comunidad de Madrid especializado en maltrato familiar ascendente. "Fue muy duro ver a unos policías que esposan a tu hijo delante de ti y se lo llevan", recuerda.
Responsabilidad compartida
El primer paso que deben dar tanto los hijos como los padres para comenzar a reconstruir la relación ha de ser en la misma dirección: asumir parte de la responsabilidad. En esta Clínica, los psicólogos dan "habilidades" a las familias para relacionarse sin violencia: intervienen a nivel cognitivo —desmontando las justificaciones de los menores o clarificando pensamientos—; emocional —desarrollando la empatía y el autocontrol—; conductual, trabajando la comunicación, que ambas partes sepan hablar, expresar críticas y recibirlas, mostrar afecto y solucionar los problemas.
La fuerte demanda que recibe la Clínica, a la que son derivados casos desde los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, aunque también pueden llamar directamente las familias, las "dificultades para abarcar" y que la gente llegue a esperar hasta tres meses sin encontrar otro recurso que se adapte a sus necesidades, son indicativos de que las familias requieren y demandan una asistencia "integral" para superar esta problemática.
Bajo este planteamiento se va a poner en funcionamiento en la localidad madrileña de Brea de Tajo un complejo privado que ofrece un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a las familias con menores de entre 12 y 18 años con una conducta agresiva. Los jóvenes, sobre los que no pesa ninguna orden judicial, son internados entre dos meses y un año y tanto ellos como sus padres debe firmar un 'contrato terapéutico' que garantice su implicación.
Este 'Campus Unidos', gestionado por Ginso —una empresa con experiencia en centros de menores— y dirigido por el psicólogo Javier Urra, ocupa 15.000 metros cuadrados repartidos entre cuatro chalés de 10 plazas, dos edificios para terapias y actividades de ocio y formación, pero el entorno vallado, las cámaras de vigilancia, el régimen disciplinario y las puertas blindadas de centros de reforma dejan claro que dista mucho de ser un campus convencional.
Esta iniciativa privada nace bajo una situación de "limbo jurídico" reconocida por el propio Urra. ¿Se puede recluir a un menor sin orden judicial? "Es cierto que para privar de libertad hace falta una orden judicial, pero es como cuando hablamos de personas que tienen un tipo de patología como el alcoholismo o drogadicción y se producen ingresos voluntarios. Hay que ir por la misma vía, que aquellos jóvenes que saben que tienen un conflicto con sus padres ingresen voluntariamente", subraya Arturo Canalda, defensor del menor de la Comunidad de Madrid, que aplaude tanto ésta como "cualquier iniciativa para mediar y evitar los conflictos que se pueden dar con los hijos".
Demanda de ayuda especializada
Canalda subraya que aunque "las administraciones están trabajando mucho en el ámbito de la mediación" para este tipo de "patologías", no hay "recursos específicos o hay uno nada más" y esta "escasez de recursos limita mucho la posibilidad que tienen los padres" de recibir una asistencia gratuita. "Por eso surgen estas iniciativas, por complementar de alguna manera los medios que la administración no puede aportar" y menos aún "en un entorno de crisis, donde se están restringiendo mucho los gastos e intentar que la administración cubra todo resulta muy complejo".
'Los comportamientos se modifican'
El dolor de Estela es el de la mayoría de madres que acude a la vía judicial para denunciar a su hijo. "En todas las guardias hay un caso de maltrato. Y desde el Juzgado cuidamos de que las madres no sufran y tratamos de transmitirle que tiene el apoyo de las instituciones y darle una respuesta", asegura Concepción Rodríguez, juez de menores del Juzgado de instrucción número 1 de Madrid. Durante 10 años ha trabajado para reconducir el camino de muchos de ellos y su balance es positivo: "Los comportamientos a ciertas edades sí se modifican. Hay que decirles a las madres que no tengan miedo, que no es algo que tenga que mantenerse oculto, hay que abordarlo y tiene solución con una intervención psicológica y pautas educativas".
Siempre se trata de que el proceso judicial se inicie de la forma más rápida posible, tanto para evitar mayores "perturbaciones" al menor como para darle a los familiares una protección inmediata, según subraya la Fiscalía en una extensa circular sobre el maltrato filioparental de 2010. Si el menor es detenido y puesto a disposición judicial, se puede incluso realizar una "instrucción acelerada" y decretar una "tutela cautelar", al correr riesgo la vida de la víctima ya que es habitual que las agresiones se intensifiquen cuando el maltratado se decide a dar el paso y denunciar los hechos.
Respuesta judicial
Para decidir la intervención más adecuada sobre ese menor y a familia, la Ley del Menor establece la obligación de investigar y elaborar un informe muy detallado sobre la situación sociofamiliar. "El informe, que es preceptivo —no se podría celebrar juicio sin él—, pero no vinculante, resulta muy valioso porque el juez conoce cuáles son las circunstancias del menor y en ocasiones sus propuestas sí se pueden llevar a cabo", explica Concepción Rodríguez.
Para la reeducación y reinserción de estos menores maltratadores, que no suelen cometer actos delictivos fuera de su entorno familiar, la Fiscalía opta normalmente por pedir medidas -no penas, como en la justicia penal de adultos- que no requieren la privación de libertad, como son la convivencia con grupo familiar o educativo, que se considera la más indicada, o la libertad vigilada. También se establece la posibilidad de que las familias lleguen a acuerdos extrajudiciales a través de la mediación en caso de violencia leve y cuando la convivencia es posible. Si existe reincidencia o es un delito de carácter especialmente grave, como en el caso de Roberto, se toman medidas más severas, como es la de internamiento en un centro de menores.
Y todas las medidas vienen acompañadas de la obligación de recibir un tratamiento terapéutico y pautas educativas orientadas al restablecimiento de la normalidad en las relaciones familiares. La implicación de los padres en la solución del conflicto es crucial por lo que siempre se les aconseja —el sistema judicial español no establece la posibilidad de obligarles— que reciban esa asistencia psicológica de orientación y apoyo. Incluso cuando pesa sobre el menor una orden de alejamiento deben facilitarse esas terapias familiares.
"Estamos viviendo ese proceso de intentar darle respuesta lo mejor posible y hemos dado pasitos, pero nos encontramos a años luz de la respuesta existe ante otras violencias intrafamiliares, como el maltrato infantil o la violencia de género", resume Manuel Córdoba, director del centro de menores El Laurel.
Roberto salió en noviembre de 2009 en libertad vigilada con la obligación de acudir durante ocho meses al Centro Educativo 'Luis Amigó', donde él y su madre seguían recibiendo terapia para reforzar los pasos que habían dado en El Laurel y facilitar en la mayor medida posible la adaptación progresiva de los menores en su núcleo familiar.
Pero el regreso a casa no resulta fácil. "Se acaba la medida judicial pero no el problema. Los centros de menores te hablan de las estadísticas de reinserción [la reincidencia en Madrid es del 2,6%], pero no vuelven porque no agreden más. Normalizar tanta falta de límites, tanta agresividad, tanto dolor en un año es poco tiempo. Necesitamos que se extienda el apoyo y que cuando cumplan la mayoría de edad estén un poco más asentados. En el terreno educativo y laboral están totalmente perdidos", advierte Estela, basada en su experiencia y la del resto de familiares de la asociación AFASC.
Su hijo, ya con la mayoría de edad, ni estudia, ni trabaja, una pasividad reforzada por el subsidio de 426 euros que ha recibido durante el último año y medio por su internamiento. Sí le ve "más tranquilo" y ella se ha ido "reconstruyendo" después de "vida de tristeza en la que sólo quería morir". Tras seis años de lucha emocional, ha recobrado la fuerza para seguir adelante y ayudar a otras familias a emprender el camino en busca de una salida.
Yaiza Perera. EL Mundo.es. 22/01/12
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