Democracia y Mediación

Tercero Neutral: "Democracia y Mediación"

Rubén Cardoza Moyrón

De acuerdo con Guillermo O’Donnell (2008), una definición del Estado democrático incluye cuando menos cuatro dimensiones: poner en práctica las reglas del sistema jurídico; lograr que las burocracias sean eficaces; respetar una identidad común, por encima de los conflictos y diferencias; y, filtrar incidencias dentro y fuera del territorio. Si un Estado logra actualizar estos temas eficientemente se puede decir que es un Estado que ha logrado la expansión de los derechos democráticos.

Las revoluciones iniciadas desde el siglo XVII para proscribir a las monarquías absolutistas y configurar gobiernos democráticos, sujetos a un estado de derecho, se han constituido como un fuerte símbolo que ha dotado al poder público y a la sociedad en general de una serie de valores vinculados al ejercicio de gobierno; al funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil; y, en general, al desarrollo cotidiano de actividades en diversos ámbitos y condiciones como escuela, familia o trabajo, valores que se oponen, por definición, al poder despótico. Uno de estos valores democráticos es precisamente el de la justicia, o la calidad de lo justo que pueda atribuirse a normas, procedimientos, sentencias, etc. (Massini, 2006). Precisamente, de los temas o dimensiones apuntadas para la idea de un Estado democrático, al menos tres tienen que ver directamente con el tema de la justicia.

Y lo más sugestivo de todo esto, desde mi punto de vista, es que el tema mismo de la justicia, en épocas relativamente recientes, ha sido buscado en una condición democrática; es decir, no solo es la justicia como condición de la democracia, sino la democracia como principio en la justicia.

En efecto, los estados modernos, y de manera particular las todavía incipientes democracias africanas y latinoamericanas, postulan reformas para lograr la justicia democrática, en las que la asunción de sus principios en el ámbito del sistema judicial se constituye como un eje (INECIP, 2010), tratando de establecer un derecho preocupado por las personas y la solución de los conflictos, más que en la formulación de procesos requisitosos y formalistas, lo que puede llevar a una sociedad más participativa e igualitaria. Estas reformas vinculan necesariamente a lo que considero es el sistema de justicia democrático por excelencia: la mediación.

Así es; la mediación, como medio para abordar y solucionar conflictos, supone el desarrollo de una fórmula participativa en la que los directamente vinculados a un conflicto aportan sus ideas sobre cómo este debe resolverse, a partir de analizar detenidamente las circunstancias de la disputa y valorar lo que más conviene a cada parte, y a todos en general. El mediador participa como un tercero (si se me permite la analogía procesal) que contabiliza las ideas y propuestas, y busca definir, desde un papel neutral e imparcial, un resultado para los participantes del proceso, que además abarca sus sentimientos y necesidades.

Por ende, toda vez que la mediación es en sí misma un proceso democrático de solución de conflictos, creo que es un deber de nosotros los mediadores no solo llevar a cabo procesos de mediación apegados a los principios y normas que los rigen (democráticos por definición), sino constituirnos en precursores de los valores democráticos en los diversos ámbitos de nuestras vidas: valores como igualdad de oportunidades y ante las normas, libre expresión, diálogo, tolerancia, transparencia y, desde luego, justicia. La congruencia es obligada. Y creo también, que debe ir todavía más allá.

Afirma Jean Françoise Six (1997) que ante la preeminencia de grupos poderosos de interés (legales o ilegales) que rebasan la capacidad del Estado democrático para evitar que todo lo tomen, incluso la justicia, cada uno de nosotros sabemos que, en un momento dado, tendremos que contar con nosotros mismos para construir, junto con otros agentes sociales, una red solidaria cuyo lazo de unión puede constituirse con procesos participativos como la mediación. Los mediadores tenemos pues una tarea importante e impostergable fincada en este ejercicio de congruencia; tejer esta red democrática de mediación es una apuesta por la justicia, la igualdad y finalmente, por la paz.

Rubén Cardoza Moyrón. Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey (ITESM); Maestro en Derecho Público por la UANL; realiza estudios de maestría en Administración y Política Pública en la EGAP del ITESM; y diplomado en Mediación por el Instituto de Mediación de México. Es miembro fundador de la Asociación Nacional para la Resolución de Conflictos, A.C. (ARCO); de la Academia Mexicana de Justicia Restaurativa y Oralidad, A.C. y de la Comisión Nacional de Centros de Justicia Alternativa (CONACEJA). Primer Director del Centro de Mediación del Poder Judicial de Baja California Sur. Desde marzo de 2005 es Director del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial de Nuevo León. rubencardoza69@hotmail.com