Por Joaquín Arnulfo Roché Cisneros
Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hablar de políticas públicas, de medios alternativos de justicia, de pacificación social y de mediación, tiene una connotación muy especial.
Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hablar de políticas públicas, de medios alternativos de justicia, de pacificación social y de mediación, tiene una connotación muy especial.
La mediación nos plantea nuevos escenarios, nuevos paradigmas y circunstancias complejas y difíciles.
El desarrollo de una justicia que no busque la criminalización ni el castigo, sino el diálogo y la reparación del daño, debe inscribirse como parte de un proceso mucho más amplio de democratización.
Los ciudadanos percibieron, perciben y seguirán percibiendo a la democracia como un método y un medio para solucionar dos aspectos fundamentales.
Por un lado, el desarrollo económico y la solución a los contrastes sociales extremos y por el otro lado, la democratización debe dar a los ciudadanos la convicción de que son protegidos por la ley y que vean en las instituciones públicas, un garante de derechos y no un especio de riesgos, atropellos y autoritarismo.
Nuestra transición a la democracia, busca algo más que el simple conteo de votos; busca sociedades más equitativas y también sociedades más justas; así, la mediación es uno de los pilares fundamentales para que el proceso democrático se complete y tenga contenidos verdaderos para la ciudadanía.
Que las leyes solucionen conflictos, antes que exacerbarlos; que las leyes fomenten el diálogo, antes que la confrontación; que las leyes permitan la reparación del daño, antes que el castigo; todo esto tiene una lógica natural en el deseo de justicia verdadera que existe en la población.
Todos conocemos historias donde una pequeña infracción, deriva en tragedias familiares y económicas; de trabajadores que no disponen de recursos para enfrentar un proceso penal y que pasan largos años en la cárcel, por no disponer de capacidad financiera o de la oportunidad de trabajar para reparar daños relativamente menores.
Y si bien, muchos de los actuales esquemas de justicia alternativa y de mediación provienen y fueron desarrollados en el primer mundo, lo cierto es que donde pueden generar los frutos más importantes y de impacto más inmediato, es en sociedades como la nuestra.
Porque donde nuestras normas, leyes y esquemas tradicionales de justicia penal generan más sanciones, más encarcelamientos y menos soluciones, no es entre sectores privilegiados o de clase media, sino precisamente en los sectores con menos ingresos.
Quien no puede pagar multas, quien no puede pagar fianzas, quien no puede pagar a un equipo de abogados, generalmente es el más pobre, el trabajador más marginal y las familias en situación económica más crítica.
Así, quienes necesitan con mayor urgencia leyes que permitan el diálogo, leyes que eviten las confrontaciones costosas, leyes que no busquen sanciones inmediatas, son precisamente los sectores mayoritarios.
Yo considero, que la justicia penal mediante instrumentos de mediación, puede dar a las leyes el sentido y el contenido que buscamos. Emplear la mediación y los medios alternativos, es permitir que la justicia llegue a todos y pueda ser para todos. Es hacer que la justicia no sólo sea para quienes tienen los recursos y las capacidades para entender sus minucias y sus detalles.
Y es precisamente por ese factor, que la mediación debe considerarse como una prioridad para lograr y mantener la paz social.
Creo que esa es la visión democrática con la que el Gobierno se comprometió de manera firme y sólida cuando optó por la mediación.
Porque si en Tamaulipas ya tenemos alternancia democrática y ya tenemos instituciones públicas funcionales y legitimadas, es natural que las prioridades sean la equidad social, el mantenimiento de la seguridad, la paz y la justicia.
Y para hermanar estas dos áreas, el área de la gobernabilidad y la paz y el área de la equidad y la justicia social, la mediación es un instrumento vital y claramente funcional; permitirá que las leyes de verdad protejan y sirvan a todos.
Porque para nuestra gente, para nosotros, para todos, la esperanza de la democracia es la esperanza de cambios y resultados. Es la esperanza de beneficios que se sientan y se perciban y no sólo de elecciones y conteo de votos.
Digámoslo en términos más claros, es tal la sed de justicia y de aplicación justa de la ley, que la mediación tiene que llevar un paso muy veloz.
Por eso en noviembre de 2006, Tamaulipas fue sede del II Congreso Mundial y VI Congreso Nacional de Mediación.
En agosto de 2007, se publicó la Ley, norma que vuelve ley conceptos tan fundamentales como la mediación, la buena fe, la neutralidad, la imparcialidad y la equidad.
En esa misma ley, ya se contempló la creación del Instituto de Mediación del Estado de Tamaulipas (IMET) que depende del Poder Ejecutivo.
Por su parte el Poder Judicial del Estado, ya hace lo que le corresponde, a través de su Centro de Mediación y de las diversas unidades que ha establecido en algunos de los Distritos Judiciales.
Y en materia de Justicia para Adolescentes, la mediación ya se ha convertido en una herramienta fundamental para solucionar problemas entre las familias y los menores de edad.
Igualmente la Procuraduría General de Justicia, ha establecido un centro de mediación en cada una de sus delegaciones y ha logrado, con base en su nueva Ley Orgánica, establecer la mediación y la conciliación durante la etapa de investigación.
Por su parte, el 28 de los corrientes, el IMET firmó un convenio con el Infonavit que garantiza que los conflictos derivados del atraso en pagos, antes que generar embargos, gastos en abogados u órdenes de desalojo, que no benefician al Instituto, ni mucho menos a familias que se quedan sin hogar, puedan ahora solucionarse a través de la mediación y el diálogo.
Así, juicios mercantiles, conflictos costosos para la familia y para el Instituto, se irán erradicando para convertirse en diálogos, donde los trabajadores puedan cumplir sus obligaciones de acuerdo a sus posibilidades económicas.
Es oportuno, ahora, vincular efectivamente a las universidades, las ONG’s y la sociedad civil, con estrategias para hacer de la mediación un conjunto de políticas públicas, para la implementación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Es necesario que la sociedad y el Gobierno se repartan las tareas para implantar la mediación en diversos aspectos de la vida en comunidad, tales como son la mediación familiar, la escolar y la comunitaria.
Y sobre todo, aspiramos a que la ley deje de ser un punto de confrontación y conflicto para ser uno de diálogo y construcción de soluciones.
La mediación y la solución de conflictos mediante el diálogo van a dar por fin, valor real al ideal de que todos, absolutamente todos, seamos en los hechos y la práctica, iguales ante la ley.
Esa igualdad ante la ley es el gran valor por el que vale la pena que nos comprometamos.
Ese es el gran sueño que podemos concretar y que podemos hacer realidad.
Esa es la esperanza ciudadana a la que no le podemos ni le debemos fallar.
Por Joaquín Arnulfo Roché Cisneros. Diario de Ciudad Victoria.com.mx. 29/Dic/2010
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