Mundo MediaciónAcceso a la Justicia
Guatemala, Guatemala. Las sociedades democráticas necesitan un Poder Judicial capaz de impartir justicia de manera independiente, rápida e igual para todos. Esto contribuye a la construcción y mantenimiento de la democracia y propicia el desarrollo económico, al velar porque existan reglas claras y de cumplimiento general y al contribuir a que los conflictos se resuelvan de manera pacífica. En todas las naciones de Centroamérica se establece constitucionalmente la obligación de destinar una parte del presupuesto nacional al Poder Judicial, pero existen diferencias importantes, que van desde Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, en donde el presupuesto oscila el 1% del PIB, hasta Panamá en donde apenas ronda el 0.3% del PIB.
La inversión por ciudadano también revela considerables diferencias, pues en Costa Rica este indicador roza los US$100 anuales, mientras en Nicaragua y Honduras, apenas ronda los US$10. Las brechas en el gasto judicial se reflejan en el acceso ciudadano y su efectividad. Mientras en Costa Rica hay en promedio un juez por cada 5,000 ciudadanos, en el otro extremo se encuentra Guatemala en donde este promedio supera los 19.000 ciudadanos. Si se mide la efectividad de la justicia por medio de la tasa de resolución de casos, el país más efectivo es Panamá, en donde se han aumentado los despachos judiciales municipales y se pusieron en marcha métodos alternos para la solución de conflictos.
Los países con la menor efectividad son Guatemala y Costa Rica. En el primero esta se explica por el bajo número de jueces con respecto a la población y al territorio. En Costa Rica la baja resolución de casos es consecuencia de procesos escritos, que retardan los juicios, por lo que la reforma procesal en marcha, da preeminencia a la oralidad. En cuanto a la transparencia de la información, todos los países, con excepción de El Salvador, han avanzado en el manejo de sitios de internet que permitan el acceso de una manera más amplia.
En términos de la independencia judicial, en todos los países, con excepción de Costa Rica, la mayoría de ciudadanos perciben que el poder judicial está influenciado por miembros del gobierno, ciudadanos y empresas. Aunque todos los países transitan, con distinta velocidad, hacia sistemas judiciales más modernos, el Instituto Centroaméricano de Estudios Fiscales (ICEFI) afirma que ante los retos que plantean la violencia y el crimen organizado, los presupuestos públicos destinados a los poderes judiciales centroamericanos en el 2010 parecen insuficientes. Es urgente continuar con las reformas que permitan contar en Centroamérica con un poder judicial no solo mejor financiado, sino más independiente, efectivo y transparente en sus funciones. Solo así se podrá garantizar la consolidación de la democracia en la región.
La inversión por ciudadano también revela considerables diferencias, pues en Costa Rica este indicador roza los US$100 anuales, mientras en Nicaragua y Honduras, apenas ronda los US$10. Las brechas en el gasto judicial se reflejan en el acceso ciudadano y su efectividad. Mientras en Costa Rica hay en promedio un juez por cada 5,000 ciudadanos, en el otro extremo se encuentra Guatemala en donde este promedio supera los 19.000 ciudadanos. Si se mide la efectividad de la justicia por medio de la tasa de resolución de casos, el país más efectivo es Panamá, en donde se han aumentado los despachos judiciales municipales y se pusieron en marcha métodos alternos para la solución de conflictos.
Los países con la menor efectividad son Guatemala y Costa Rica. En el primero esta se explica por el bajo número de jueces con respecto a la población y al territorio. En Costa Rica la baja resolución de casos es consecuencia de procesos escritos, que retardan los juicios, por lo que la reforma procesal en marcha, da preeminencia a la oralidad. En cuanto a la transparencia de la información, todos los países, con excepción de El Salvador, han avanzado en el manejo de sitios de internet que permitan el acceso de una manera más amplia.
En términos de la independencia judicial, en todos los países, con excepción de Costa Rica, la mayoría de ciudadanos perciben que el poder judicial está influenciado por miembros del gobierno, ciudadanos y empresas. Aunque todos los países transitan, con distinta velocidad, hacia sistemas judiciales más modernos, el Instituto Centroaméricano de Estudios Fiscales (ICEFI) afirma que ante los retos que plantean la violencia y el crimen organizado, los presupuestos públicos destinados a los poderes judiciales centroamericanos en el 2010 parecen insuficientes. Es urgente continuar con las reformas que permitan contar en Centroamérica con un poder judicial no solo mejor financiado, sino más independiente, efectivo y transparente en sus funciones. Solo así se podrá garantizar la consolidación de la democracia en la región.
Nota publicada el 14 de Junio de 2010 en el sitio "Capitales.com"
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