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Justicia Restaurativa
Guaynabo, Puerto Rico. Al sostener que los gobiernos no cumplen con el mandato constitucional de rehabilitar al confinado y no se respetan las normas de inviolabilidad de la dignidad del ser humano, la Comisión de Derechos Civiles (CDC) lanzó un reto para que se implanten las medidas que conduzcan a su reinserción en la sociedad.
El presidente del CDC, José I. Irizarry Yordán, señaló que por décadas se ha planteado la necesidad de analizar los programas correccionales con el propósito de determinar si, efectivamente, contribuyen a la rehabilitación de la población confinada.
Es así que la Comisión presentó ayer los hallazgos de un estudio denominado Análisis del sistema correccional puertorriqueño: Modelos de rehabilitación.
Entre las recomendaciones figura la implantación de un programa de justicia restaurativa y medidas jurídico-penales.
Se señaló que como parte del proceso de rehabilitación para integrar al confinado a la sociedad debe haber la participación activa de la familia, del sistema correccional y de la comunidad.
Además habría que proveerles herramientas para prepararlos para su salida, que incluye educación, atención de salud mental y física, programas recreativos y hasta religiosos.
La justicia restaurativa contempla la reconciliación entre la víctima y el ofensor, explicó Irizarry.
Irizarry, acompañado por los comisionados, los investigadores del estudio, todos profesores universitarios y expertos en sistemas penales, destacó que con más castigos, medidas punitivas, más policías y militares ya se ha probado que no se resuelve nada.
“Nos enfrentamos a un paradigma, a la legislomanía que existe de que con hacer leyes se resuelve el problema de la criminalidad. La política criminal no debe ser legislativa, sino social. No es concentrarse en una política policiaca y militarista. Es un error”, dijo Irizarry.
“Ese paradigma de castigo penal no está previniendo la criminalidad, el sistema penal hay que contraerlo, no necesitamos más cárceles, porque lo que hacemos es reproducir lo que el sistema dice que va a combatir”, expuso.
Mencionó que en otros países se contempla la descriminalización y la despenalización de ciertas conductas de delitos para lidiar con los graves males que los ocasionan y mencionó que en Puerto Rico se habla de la medicación.
En cuanto al principio de la justicia restaurativa, se aludió a la importancia del apoyo a la víctima para su sanación.
Trata, además, de que los ofensores asuman su responsabilidad. Un tercer aspecto es el de la prevención.
Al hablar de sanación, Irizarry mencionó a la periodista Camille Rodríguez, quien perdió a sus hijos en un desgraciado accidente, en el que fue impactada por otro vehículo.
“¿Qué se va a hacer con esa persona?”, cuestionó.
Para que el estudio no se quede en la teoría, crearon lo que llaman un Observatorio Correccional, “una especie de Blue Ribbon”, integrado por el grupo de expertos, como Lorenzo Villalba, ex presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra y ex administrador de Corrección; el profesor de la UPR Miguel Poupart, experto en instituciones juveniles y de adultos, y muchos otros.
“Queremos seguir dándole por la cabeza al problema. No es un problema policiaco. No es Figueroa Sancha. No es Toledo. Es que seguimos engañándonos con ese modelo, pero la cárcel no es la solución. Es un problema social que tenemos que manejarlo”, dramatizó Poupart.
Nota de Rosita Marrero publicada el 27 de Febrero de 2010 en el sitio "Primera Hora.com"
http://www.primerahora.com/diario/noticia/otras_panorama/noticias/menos_carceles_y_castigos/370519 El presidente del CDC, José I. Irizarry Yordán, señaló que por décadas se ha planteado la necesidad de analizar los programas correccionales con el propósito de determinar si, efectivamente, contribuyen a la rehabilitación de la población confinada.
Es así que la Comisión presentó ayer los hallazgos de un estudio denominado Análisis del sistema correccional puertorriqueño: Modelos de rehabilitación.
Entre las recomendaciones figura la implantación de un programa de justicia restaurativa y medidas jurídico-penales.
Se señaló que como parte del proceso de rehabilitación para integrar al confinado a la sociedad debe haber la participación activa de la familia, del sistema correccional y de la comunidad.
Además habría que proveerles herramientas para prepararlos para su salida, que incluye educación, atención de salud mental y física, programas recreativos y hasta religiosos.
La justicia restaurativa contempla la reconciliación entre la víctima y el ofensor, explicó Irizarry.
Irizarry, acompañado por los comisionados, los investigadores del estudio, todos profesores universitarios y expertos en sistemas penales, destacó que con más castigos, medidas punitivas, más policías y militares ya se ha probado que no se resuelve nada.
“Nos enfrentamos a un paradigma, a la legislomanía que existe de que con hacer leyes se resuelve el problema de la criminalidad. La política criminal no debe ser legislativa, sino social. No es concentrarse en una política policiaca y militarista. Es un error”, dijo Irizarry.
“Ese paradigma de castigo penal no está previniendo la criminalidad, el sistema penal hay que contraerlo, no necesitamos más cárceles, porque lo que hacemos es reproducir lo que el sistema dice que va a combatir”, expuso.
Mencionó que en otros países se contempla la descriminalización y la despenalización de ciertas conductas de delitos para lidiar con los graves males que los ocasionan y mencionó que en Puerto Rico se habla de la medicación.
En cuanto al principio de la justicia restaurativa, se aludió a la importancia del apoyo a la víctima para su sanación.
Trata, además, de que los ofensores asuman su responsabilidad. Un tercer aspecto es el de la prevención.
Al hablar de sanación, Irizarry mencionó a la periodista Camille Rodríguez, quien perdió a sus hijos en un desgraciado accidente, en el que fue impactada por otro vehículo.
“¿Qué se va a hacer con esa persona?”, cuestionó.
Para que el estudio no se quede en la teoría, crearon lo que llaman un Observatorio Correccional, “una especie de Blue Ribbon”, integrado por el grupo de expertos, como Lorenzo Villalba, ex presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra y ex administrador de Corrección; el profesor de la UPR Miguel Poupart, experto en instituciones juveniles y de adultos, y muchos otros.
“Queremos seguir dándole por la cabeza al problema. No es un problema policiaco. No es Figueroa Sancha. No es Toledo. Es que seguimos engañándonos con ese modelo, pero la cárcel no es la solución. Es un problema social que tenemos que manejarlo”, dramatizó Poupart.
Nota de Rosita Marrero publicada el 27 de Febrero de 2010 en el sitio "Primera Hora.com"
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