El sistema
penitenciario necesita generar alternativas a las actuales formas de
relacionarse entre personas privadas de libertad y autoridades, generar
espacios de diálogo para manifestar conflictos e inconformidades, lo cual
contribuirá en disminuir la prevalencia de conductas disruptivas y no
involucrarse en delitos dentro de la prisión.
Somos seres sociales, nos apropiamos y desarrollamos ciertas
habilidades para incorporarnos en cualquiera de las instituciones
socializadoras en que nos relacionamos. Por lo cual, el conflicto puede ser
comprendido como inherente al desarrollo humano, las habilidades o herramientas
psicosociales con las que contemos o desarrollemos contribuyen en hacer frente
a situaciones problemáticas, en la deliberación de toma de decisiones,
tolerancia, búsqueda de acuerdos y consensos para solucionar los conflictos en
cualquier área de nuestra vida. Sin embargo, la cultura actual ha llevado a la
sociedad a ser individualistas, hedonistas (realizar conductas que favorezcan
el placer sin restricción) y regirnos por la gratificación inmediata, entendida
esta como la poca capacidad en demorar las acciones de bienestar y atender de
forma intempestiva las acciones alrededor.
En este contexto, es necesario abordar el análisis del
conflicto y denotar que la violencia social es exacerbada. Como sociedad
pareciera que nos estamos desensibilizando ante la cotidianidad de los conatos
violentos, lo cual está estrechamente ligado a la casi inexistente prevención
delictiva y victimal, que a su vez favorece la falta de habilidades
psicosociales para hacer frente a las adversidades y controversias en nuestro
entorno, y finalmente, la falta de políticas públicas que incentiven alternativas
ante la serie de actos violentos. Lo anterior hace comprender que en todos los
ámbitos que nos desempeñemos, incluyendo el sistema penitenciario (tema que nos
ocupa), prevalece el mal abordaje de los conflictos, donde la prisionalización
(Clemmer 1940, mencionaba que la prisionalización es el efecto de asimilación
de hábitos, usos, costumbres, cultura en prisión, lo cual es parte de una etapa
prolongada en el centro penitenciario) es parte activa de los conflictos
penitenciarios, los cuales pueden verse reflejados de forma indirecta a la
sociedad que no se encuentra en prisión, permeando aún más la estructura
psíquica y los procesos de socialización.
Entre los conflictos penitenciarios más comunes se
encuentran las riñas, motines, nueva comisión de un delito, corrupción,
amenazas, comunicación inadecuada, falta de comida y de espacios para dormir,
entre otros. En México durante el 2016, estos incidentes provocaron un total de
54 fallecidos y 57 heridos al interior de los centros penitenciarios estatales,
según los datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatal 2017.
Hay que precisar que en su gran mayoría las personas
privadas de libertad son quienes nuevamente se reinsertan en la sociedad con
habilidades sociocognitivas propias del entorno penitenciario, que en muchos
casos prevalece menor tolerancia a la frustración que favorece e incentiva la
generación de conductas violentas. En el actual Sistema de Justicia Penal,
garante de Derechos Humanos y que promueve la igualdad, desarrollar
alternativas para la solución de conflictos y generar habilidades para hacer
frente a los mismos mediante el diálogo debe ser prioritario para disminuir la
reiteración de conductas disruptivas y de trasgresión de la estabilidad
penitenciaria.
En cambio, los datos estadísticos sobre la población privada
de libertad reflejan la poca eficiencia del sistema penitenciario mexicano, así
como la carente plantilla del área de seguridad y custodia. En 2015, cada
agente de seguridad y custodia debía hacerse cargo de al menos 9 personas
privadas de la libertad, tal como lo refiere el siguiente gráfico.
Según la Ley Nacional de Ejecución de Penas, la mediación
penitenciaria, al igual que los diferentes enfoques de mediación, está diseñada
para que los involucrados ante una controversia puedan gestionar sus conflictos
ponderando la práctica de habilidades sociocognitivas de forma positiva,
accionando la interdependencia de posturas y posiciones ante el conflicto.
Nuestros recursos psicosociales determinan gran parte del
proceso socializador por el que nos regimos los seres humanos. Nos enseñan
patrones de comportamiento y son una herramienta para funcionar en sociedad.
Por ello el sistema penitenciario necesita generar alternativas para que
personas privadas de libertad y autoridades puedan relacionarse; generar
espacios de dialogo para manifestar conflictos e inconformidades que permitan
disminuir la prevalencia de conductas disruptivas y el involucramiento en delitos
dentro de la prisión. La mediación penitenciaria deberá estructurarse con
visión de eficacia medible, cuantificable, con proyección longitudinal y no
solo unas horas o de forma aislada para cubrir criterios presupuestales de tipo
gubernamental. Brindar capacitación constante al personal penitenciario, y
seguridad y custodia a quienes serán los mediadores penitenciarios más allá de
los 940 servidores públicos capacitados, como señalan los datos del Censo
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2017.
La Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho
Penal A.C (AMPJyDP) considera necesario atender los conflictos con las personas
privadas de libertad dentro del sistema penitenciario mexicano, con la
finalidad de establecer habilidades, estrategias que fomenten y fortalezcan la
empatía entre las personas privadas de libertad, así como la no polarización de
los conflictos, y brindar alternativas para solucionar los conflictos desde un
enfoque de Mediación Penitenciaria, el cual puede ser entendida como un método
de solución pacífica, basado en el diálogo y respeto, que permita a las
personas privadas de libertad asumir la responsabilidad de sus actos y generar
posibles soluciones ante los mismos. El proyecto de la AMPJyDP es de tipo
longitudinal -ya que será indispensable el seguimiento de la sociedad civil y
el monitoreo de las instancias gubernamentales- y va más allá de una charla o
un Curso-Taller toda vez que está enfocado al modelo formador de formadores con
personas privadas de libertad, con la finalidad de trabajar las habilidades
socio-cognitivas para la gestión de conflictos penitenciarios
La AMPJyDP apuesta por generar alternativas para la solución
de conflictos, promoviendo un clima de comunicación pacifica inherente al
proceso de reinserción social. Aunque al aplicar la mediación penitenciaria no
se cambiará el contexto penitenciario (relacionadas con las limitaciones
presupuestales y la necesidad de una óptima implementación que requiere
modificar todo el aparato jurídico del sistema penitenciario), sí podemos
pensar que la relación entre las personas privadas de libertad podrá generarse
con mejor comunicación y llegar a acuerdos en pro de una mejor convivencia,
para disminuir correctivos y sanciones disciplinarias. Es por ello que aquellos
profesionistas que deseen colaborar en procesos de mediación penitenciaria
deberán contar con instrucción teórico-práctico, como el psicólogo jurídico,
quien tiene un papel muy importante en el desarrollo del Sistema de Justicia
Penal.
Si el término reinserción social atiende a generar cohesión
social entre las personas privadas de libertad y la sociedad en el exterior de
un centro penitenciario, la mediación penitenciaria deberá ser parte de
cualquier plan de actividades de las personas privadas de libertad de acuerdo
con la Ley Nacional de Ejecución Penal, y no solo quedar en buenas intenciones
o utopías legales. Por ello la mediación penitenciaria es una necesidad
psicosocial que requiere de actores comprometidos, con formación y vocación en
la solución de conflictos, así como la participación de diversos actores que
generen programas enfocados a disminuir los conflictos penitenciarios.
Martha Vanesa Díaz Padilla. Integrante de la @Red_SJP,
directora y fundadora de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y
Derecho Penal (AMPJyDP) y directora científica en México de la Asociación
Latinoamericana en Psicología Jurídica y Forense (ALPJF).
Insyde. El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es
una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para
ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de
paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento
de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática,
migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros
temas.
Martha Vanesa Díaz Padilla. Animalpolitico.com. México, 08/10/18
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