Euskadi, España. Las víctimas que han participado en encuentros con terroristas afirman sentirse reconfortadas. A Carmen Hernández, Josu Elespe, Iñaki García Arrizabalaga, Rosa y Roberto Manrique, les ha servido. Probablemente, también a Emiliano Revilla. Todas estas víctimas de ETA —heridos, huérfanos, una viuda y un secuestrado cuyas vidas quedaron marcadas para siempre por la barbarie terrorista— se han reunido cara a cara con presos de la organización que han rechazado la violencia y que querían, de alguna manera, pedirles perdón. Así, reconocían el inmenso dolor que la banda ha provocado durante sus décadas de existencia.
Cuando ETA anunció que dejaba de matar, el 20 de octubre de 2011, cinco reclusos de la banda se habían reunido ya con cinco víctimas en unos encuentros impulsados por el Ministerio del Interior del Ejecutivo socialista. Desde entonces lo han hecho seis presos y seis víctimas más, y el ministerio ha incluido estas reuniones dentro del plan de reinserción anunciado a finales de abril —no sin generar fuertes críticas por parte de algunas asociaciones de afectados—. La de Manrique ha sido la primera de la nueva etapa del Gobierno del PP—y la primera también en ser retransmitida en directo por los medios—, pero no será la última. Otras víctimas han pedido encontrarse con los reclusos.
La polémica no acaba en los encuentros, sino que lleva a otra cuestión más profunda. ¿Qué tipo de justicia debe aplicarse en estos momentos en Euskadi? ¿Basta con que los reos cumplan la pena que les han impuesto y paguen sus delitos ante el Estado o sería deseable promover una perspectiva que incluya, además de la pena, algún tipo de reparación a las víctimas a través del diálogo? ¿Tiene sentido la llamada “justicia restaurativa”? ¿En qué consiste exactamente? El debate, como no podía ser de otro modo tras 50 largos y difíciles años de terrorismo que ha dejado heridas que están aún en carne viva, está abierto.
Hace 10 días se celebró en Bilbao un seminario peculiar. Bajo el título “Justicia retributiva y restaurativa: su articulación en los delitos de terrorismo”, la Universidad de Deusto juntó a jueces, profesores de Derecho, víctimas del terrorismo, políticos, abogados... para hablar de esta cuestión. Se sentaron en la misma mesa participantes con posturas tan diversas como Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas contra el Terrorismo, y Jone Goirizelaia, conocida abogada del entorno abertzale. Fue una jornada intensa, pero tranquila, en la que se abordaron diversas cuestiones. Entre ellas, como no podía ser de otra manera, el concepto de perdón. ¿Deben pedir perdón los terroristas de ETA? ¿A las víctimas? ¿A la sociedad? ¿Es suficiente con que reconozcan el daño causado? ¿Es el perdón un concepto religioso o civil? Un debate complicado y lleno de aristas.
Han sido las leyes las que han introducido el perdón en la política penitenciaria. En 2003, una reforma del Código Penal incluyó la petición de perdón a las víctimas como requisito necesario para que los presos por terrorismo pudieran acceder a la libertad condicional. El requisito, después, se extendió en la práctica al tercer grado y a la obtención de permisos para salir de la cárcel.
Desde algunos sectores políticos y jurídicos se plantea la posibilidad de reformar estos artículos. Se dice que lo único exigible para el preso debería ser el reconocimiento del daño causado y el compromiso de no volver a cometer delitos; y que, más allá de eso, el resto de las dinámicas de justicia restaurativa, y cualquier petición de perdón, deberían quedar al margen de la ley.
Pero, hoy por hoy, el perdón está en la legislación. Entonces, ¿cómo debe llevarse a cabo esta exigencia legal? ¿En persona? ¿Por carta? Hasta el momento, lo que se ha hecho es exigir a los presos que se acogen a la reinserción una carta genérica de petición de perdón y reconocimiento del daño causado. Los encuentros cara a cara se han mantenido totalmente ajenos al cumplimiento de la ley porque se ha considerado que, vinculados a los beneficios penitenciarios, dejaban de tener sentido y no tenían ninguna virtud restaurativa para las víctimas.
Algunas organizaciones los han criticado fuertemente. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha planteado dudas, y criticado que los recursos se empleen en la reinserción de los presos. Otras, como Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco) han llegado a hablar de que los encuentros suponen un empate técnico entre las víctimas y los terroristas, aunque asegurando que la crítica se centra en el procedimiento y que en ningún momento se cuestiona a las víctimas que acuden a las reuniones.
Los afectados están de acuerdo en algo: los encuentros solo tienen sentido como algo voluntario e individual, para el que se sienta preparado para ello y crea que le puede servir. Los que lo han llevado a cabo hablan, en general, de que se han sentido reconfortados. Como Josu Elespe, hijo del primer concejal socialista asesinado por ETA, Froilán Elespe, o Iñaki García Arrizabalaga, hijo del delegado de Telefónica en San Sebastián asesinado en 1980 Juan Manuel García Cordero.
“Creo que la finalidad de la pena no es solo castigar —que también— sino también recuperar a los presos para la sociedad, y si eso se logra, si el recluso ha aceptado los principios democráticos y ha hecho autocrítica de la violencia, entiendo que es un éxito”, señala García Arrizabalaga, que se reunió con un preso de ETA no directamente relacionado con el atentado de su padre —en su caso, los culpables nunca fueron condenados—. “Por otro lado, cuando vas a un encuentro de este tipo buscas respuestas directas a muchas preguntas que siempre te planteas, como qué mecanismos usa una persona para despojar a otra de todo vestigio humano y darle un tiro en la nuca. Al final, te das cuenta de que tú haces las preguntas desde una lógica y la que el terrorista usa es totalmente distinta. Pero, si se le ha recuperado para una sociedad en paz, bien está”.
“La víctima acepta romper la distancia infinita que le separa del criminal, pero al precio de que este renuncie a la lógica de la violencia y que milite, por tanto, en la causa de la paz y de la justicia”, ha escrito el filósofo Manuel Reyes Mate, que también ha acudido a los talleres de convivencia que se desarrollaron en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava). “Es el trueque de la culpabilidad por la responsabilidad”. El juez de la Audiencia Nacional Ramón Sáez, escribía en una ponencia que presentó en el seminario celebrado en Deusto hace 10 días que “ese es el juego que podría cumplir, en su caso, el perdón, el de un intercambio de la culpa moral que pesa sobre el victimario por la responsabilidad política que asume como ciudadano, en el horizonte de una justicia penal que ha afirmado la vigencia de la norma”.
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua —hermana de Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA en 2003— plantea sus dudas sobre la justicia restaurativa; fundamentalmente, el alcance que puede tener en Euskadi, en estos momentos. “Los encuentros que se lleven a cabo, voluntarios, dentro de los parámetros precisos, con delicadeza hacia las víctimas, merecen todo el respeto. No podemos pensar que el ser humano no es capaz de evolucionar. Pero en estos momentos son muy pocos; son habas contadas”, señala. Apenas una veintena de los más de 500 presos de ETA en cárceles españolas se han acogido a medidas de reinserción y solo se han celebrado 12 encuentros. “La justicia restaurativa, ahora mismo tiene un recorrido muy limitado porque el contexto dentro del mundo de los presos es el negacionismo de la realidad; siguen diciendo que llevan 500 años de opresión y no asumen su responsabilidad por lo sucedido. Y nada de esto va a cambiar mientras no haya un reproche real de la sociedad vasca hacia el pasado terrorista. El tejido social está muy dañado y Batasuna aprovecha el negacionismo en su estrategia política”.
Efectivamente, los que han dado el paso de la autocrítica son pocos, y otro debate no resuelto es el papel que esta veintena de presos debe jugar. ¿Puede servir de algo que tengan presencia pública? Interior, hasta el momento, no lo ha permitido. Por otro lado, están las trabas que muchas veces se han encontrado estos reclusos para acceder a beneficios penitenciarios a pesar de haber cumplido con todos los requisitos que se les exigían. Es complicado que otros presos se acojan a un camino si no ven que funciona y si pueden tener la sensación de que los que han decidido dar el paso han podido ser engañados o manipulados.
Por otro lado está la cuestión del cómo deben llevarse a cabo los encuentros restaurativos —ahora llamados “reparadores” por el Gobierno del PP—. El método ha cambiado. Hasta el momento, la iniciativa partía del preso. Eran los reclusos quienes, al final de un proceso de desvinculación de la violencia, pedían reunirse con una víctima. De hecho, el propio programa de encuentros nació bajo la iniciativa de los presos de Nanclares a finales de 2010.
El plan de reinserción de presos terroristas del actual Ministerio del Interior modifica las reglas del juego. Ahora se prima la iniciativa de la víctima, que es quien pide reunirse con el preso para que este le pida perdón. El cambio no es menor. Es dudoso que sea un encuentro sincero cuando no parte de aquel que debe reconocer el daño causado y, sobre todo, cuando una negativa puede tener consecuencias penitenciarias negativas.
El viernes se celebró el primer encuentro de la nueva etapa. Con todos los medios convocados a la puerta de la cárcel y sin el trabajo previo de los mediadores. A pesar de todo, Roberto Manrique, víctima de Hipercor que se reunió con el jefe del comando Barcelona en 1987, Rafael Caride, salió “tocado”, según él mismo expresó, y convencido de la sinceridad de Caride. Su experiencia fue positiva
Consuelo, la hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, ha pedido reunirse con Valentín Lasarte, condenado por el asesinato. En este caso, la víctima ha expresado que va para comprobar cómo funciona un modelo, el de Nanclares, en el que no cree. El encuentro se está trabajando.
Mónica Ceberio Belaza. El País.com. 17//06712
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