Bilbao, España. Cada día siete familias vascas son desalojadas de sus viviendas por no ser capaces de hacer frente a sus hipotecas. La cifra no deja de crecer fruto de la crisis económica y la pérdida de empleo. Con el fin de intentar atajar el drama que esto supone, el Departamento de Justicia del Gobierno vasco anunció este mes que se propone aprovechar los servicios de mediación que ya existen en los juzgados para ayudar a los morosos y a las entidades financieras a negociar y encontrar soluciones para hacer frente a esta situación sin recurrir a medidas tan drásticas. Una estrategia que «evitará un gran número de desahucios», pronosticó ayer el consejero de Vivienda.
Iñaki Arriola mostró su esperanza en que la mediación permita «conseguir que las entidades financieras y los particulares alcancen acuerdos que contemplen aplazamientos de pago u otras soluciones» para que las familias puedan continuar en sus casas. Se refirió a la búsqueda de «fórmulas flexibles para la devolución ordenada de la deuda» durante unas jornadas sobre financiación de las políticas de vivienda celebradas en Bilbao.
En ellas también participó Carme Trilla, ex secretaria de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, y presumió de un antecedente que da motivos para la esperanza: aseguró que desde que se puso en marcha la mediación en aquella comunidad los desahucios se redujeron a la mitad.
El asunto preocupa, sobre todo, a las miles de familias que viven en la incertidumbre de si serán echadas de sus hogares. Pero también hay inquietud entre los jueces, no sólo ni principalmente por la creciente carga de trabajo que está llegando a los juzgados, sino porque en casos de ejecuciones hipotecarias y desahucios no les queda otra posibilidad que aplicar la ley y acabar convertidos en «el cobrador del frac» de las entidades financieras. Esta expresión tan gráfica fue utilizada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.
Durante las jornadas de ayer el consejero Arriola también se refirió a la otra cara de la moneda: dar soluciones a quienes aún no tienen vivienda y buscan acceder a ella. En este sentido, se refirió al alquiler como salida, aunque para que se trate de una opción real a la compra debe haber un «cambio de mentalidad por parte de la ciudadanía» y «una fuerte inversión de las administraciones públicas para construir un parque de vivienda en alquiler». El panorama económico no pone las cosas fáciles y, de momento, en Bizigune hay 5.000 pisos en régimen de arrendamiento. Además, antes de fin de año el Ejecutivo pondrá en marcha un programa de intermediación que pretende movilizar 3.000 casas vacías.
Luis López. El Correo.com. 21/10/11
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