Madrid, España. La Comisión Europea está apostando fuerte por la resolución de controversias de consumo transfronterizo en el territorio de la Unión Europea (UE) a través de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos -mediación y arbitraje-.
En concreto, el Ejecutivo comunitario ha abierto un periodo de consulta -cuya fecha límite es el próximo 15 de marzo- para tantear el terreno en cuestiones como las dificultades identificadas en relación con estos mecanismos, las formas de mejorar su uso o las posibles vías para su financiación.
El objetivo es aumentar la confianza en el Mercado Único, a través de una alternativa más ágil y barata que permita resolver conflictos con los comerciantes sin necesidad de acudir a los tribunales. Por ello, desde Bruselas recomiendan la intervención de un mediador que proponga o imponga una solución, garantizando unos requisitos mínimos de independencia y eficacia.
Y es que según afirma la Comisión, "una de las razones por las que a menudo los consumidores se abstienen de compras transfronterizas es la incertidumbre acerca de qué hacer o a quién dirigirse en caso de que surja algún problema con un comerciante extranjero". Así, los datos contenidos en el documento revelan que el 48 por ciento de los consumidores no acuden a los tribunales cuando se trata de daños inferiores a los 200 euros, y un 8 por ciento se niega a acudir con independencia de la cuantía.
Además, apunta que, a pesar de que los estados miembros cuentan para los casos transfronterizos con un mecanismo de cooperación a través de una red de servicios de seguridad de los consumidores o la opción para los perjudicados de acudir a los tribunales, sin embargo, estos sistemas "no suelen proporcionarles una compensación por los daños sufridos". Así, el 46 por ciento de los consumidores que denuncian y no quedan satisfechos con la resolución no recurren. Según Bruselas, los procesos extrajudiciales facilitarían que el consumidor obtuviera una indemnización.
Finalmente, el documento critica la ausencia de sistemas de resolución extrajudicial de conflictos que diferencien entre las compras a través de métodos de venta a distancia, tales como el comercio electrónico, o métodos de venta directa. Algo que "puede crear confusión e incertidumbre para los consumidores, ya que pueden tener dificultades para identificar si existe un mecanismo extrajudicial que pueda dar solución a sus controversias".
Teresa Blanco. El Economista.es. 21/01/2011
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