Santa Fe, Argentina. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, encabezó esta mañana el acto en el que se promulgó formalmente la ley de Mediación Prejudicial Obligatoria en materia civil y comercial, recientemente aprobada por la Legislatura provincial.
Dicha normativa establece vías no adversariales y desjudicializadas para la resolución de conflictos, y se encuadra dentro del proceso de transformación de los sistemas judiciales que está teniendo lugar en la provincia de Santa Fe.
El acto se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y del mismo participaron también el secretario de Justicia, Roberto Vicente; la directora provincial de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales, María Bressa; representantes de entidades formadoras de mediación, del colegio de Procuradores de Santa Fe, los colegios de Abogados de Rafaela, Firmat, Venado Tuerto y Rosario, autoridades provinciales y universitarias.
"A este acto la damos singular importancia porque para nosotros significa un importante avance institucional que nos lleva a producir un cambio cultural en cuanto a la forma en que el Estado participa en la resolución de los conflictos interpersonales", dijo Superti.
"Este es un día clave -aseguró el ministro-, tanto si miramos al pasado como al futuro. Si miramos al pasado porque se trata de una larga historia. No es casual llegar a esta ley ya que desde el comienzo de 1990 se estuvo trabajando en la provincia en torno a la idea de los métodos no adversariales de resolución de conflictos", expresó el funcionario, al tiempo que recordó que Santa Fe fue una de las primeras provincias en contar con la ley de mediación no obligatoria, y fue pionera en el interior del país en tener mediadores matriculados.
"Aquel trabajo es el que nos lleva al día de hoy a tener un sistema legal previo y obligatorio en materia civil y comercial. Si miramos atrás nos sentimos reconfortados porque logramos un objetivo", afirmó Superti.
"Mirando al futuro, asumimos un compromiso que espero sea entre todos, tratando de construir un aspecto nuevo en la institucionalidad de la resolución de los conflictos que, si llevamos adelante de manera positiva y proactiva, permitirá hacer realidad el cambio cultural", confió.
Un nuevo desafío
En la continuidad de su discurso, el ministro manifestó que este es también "un día de inicio de una nueva etapa, que no es fácil porque ahora enfrentamos el desafío de implementar estas ideas, y aquí las variables son dos: o logramos mejorar notablemente la oferta estatal en la manera de resolver conflictos, generando un modelo práctico que permita que las ideas de la mediación se instalen, logrando que las partes encuentren un acuerdo de manera simple, económica y rápida, que se descongestione el sistema judicial, y que los operadores judiciales puedan trabajar con libertad y agilidad; o nos equivocamos en la implementación y vamos a construir un obstáculo al acceso de la justicia".
"Yo me hago cargo de que las discusiones parlamentarias fueron muy valiosas y ricas en observaciones, críticas y alertas, aún las de aquellos que se oponían en forma expresa", reconoció el ministro.
Al respecto, aseguró que "en esta etapa que iniciamos tomamos en cuenta todas aquellas cuestiones esgrimidas y vamos a tratar seriamente de que esos temores planteados no se conviertan en hechos concretos negativos para la institucionalidad de Santa Fe".
"Vamos a hacer todo lo posible para que las cajas profesionales no se desfinancien, para que esto sea simple y no una dificultad burocrática, para que los resultados sean los que uno pretende y no se conviertan en un trámite y un obstáculo antes que en una solución", agregó.
Un cambio cultural
El ministro de Justicia y Derechos Humanos indicó también que para poder cumplir con lo antes mencionado, "se necesita no sólo el compromiso del Estado, sino también de todos los operadores judiciales, e ir asumiendo la comunidad una nueva forma de encarar la solución de conflictos: si esto no va acompasado con un cambio cultural, va a ser muy difícil que ello suceda", advirtió.
En referencia a esto, Superti aclaró que en una sociedad creciente en conflictividad, en el porvenir deberá encontrar una manera distinta de resolver los problemas, sino "va a ser imposible construir la paz interna, porque el sistema judicial no va a dar abasto: no hay sistema judicial en el mundo que soporte, con índices demográficos muy altos y con relaciones interpersonales complejas, poder abarcar en el método tradicional (es decir, a través de juicios) la resolución de todos los problemas".
"Por eso, mirando hacia adelante, todos tenemos que aprender que si queremos una sociedad distinta, también tenemos que ser distintos a la hora de resolver nuestros entuertos", sostuvo.
Implementación
Finalmente, el ministro explicó que hay un plazo de tres años para implementar el sistema. "Hay que organizarlo y hacerlo con cuidado. Inclusive la ley prevé la aplicación progresiva. Estamos estudiando la manera de hacerlo, ver en qué lugares se inicia. Además, tenemos que tener la cantidad suficiente de mediadores y tenemos que armar un sistema de gerenciamiento que ya está preelaborado, fundamentalmente para que se pueda pedir todo vía Internet, para que se agilice el trámite".
Sobre la aplicación del trámite, Superti explicó que el mismo será obligatorio entre las parte, aunque no así el acuerdo. Al respecto graficó que "en algunos lugares donde (la mediación) funciona bien, por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después de 15 años el 70 por ciento de los problemas se arregla en el tramo de la mediación. Al principio era al revés: el 70 por ciento llegaba a juicio".
Sin Mordaza.com. 7/Dic/2010
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