A partir del 14 de febrero empieza la oralidad penal en Santa Fé, Argentina

-Mediación Penal-

-Mundo Mediación-

El gobierno trabaja contrarreloj con el fin de habilitar las nuevas opciones para las víctimas y el tratamiento de las causas. Ya están listos los cinco proyectos de ley tendientes a que el sistema funcione en su totalidad. Cómo desarrollarán sus tareas ahora los jueces.

Este año, la provincia de Santa Fe debe poner en marcha la primera fase del nuevo sistema procesal penal, basado en la oralidad. Pero, además, deberá establecer las leyes básicas para su funcionamiento definitivo, y organizar e iniciar la transición. Lo que involucra nuevas leyes, una progresiva reestructuración de los tribunales, montar una infraestructura especial, desarrollar el necesario soporte informático, habilitar una serie de institutos novedosos y, a los efectos de todo esto, llevar a cabo una intensiva capacitación —tanto de jueces y fiscales como de policías, peritos, etcétera—, que ya dio comienzo durante el año pasado. Como dice el ministro de Justicia, Héctor Superti, “va a ser un año muy movido”.

“La reforma involucra tres núcleos: la persecución penal, la oralidad y la investigación. Al primero lo podemos poner en marcha; al segundo, también, aunque con capacidad operativa limitada, y para el tercero necesitamos una serie de leyes, cuyos proyectos se van a enviar a la Legislatura a principios de febrero, para ser tratados en sesiones extraordinarias”, resumió.

Organismos de apoyo

El inicio de todo esto tiene fecha, dispuesta por la ley de implementación: el 14 de febrero. Y en lo que refiere a la persecución penal, se están organizando tres organismos de apoyo, que responden a otras tantas premisas del nuevo sistema: la oficina de asistencia a las víctimas, la oficina de mediación penal y la reformulación del patronato de liberados (a los fines de que se puedan controlar y ejecutar las nuevas reglas de conducta a aplicar a aquellos que tienen salidas alternativas).

“Ante la comisión de un delito, el Estado —estas normas y los jueces y fiscales que intervengan— no siempre va a limitar su respuesta a la investigación, juicio y castigo, sino que se van a abrir distintas posibilidades. En algunos delitos (económicos y culposos) va a poder proponer una mediación entre víctima y victimario; puede ser que se suspenda el juicio y se coloque a prueba a la persona, lo que requiere un control de conducta; o puede ser que se decida seguir adelante con la persecución penal, y que la víctima quiera participar. Para eso está la querella, pero nosotros tenemos que ofrecer un abogado a todos los que no puedan pagarlo”, planteó Superti.

Este menú de opciones requerirá un ámbito físico: los Centros de Asistencia Judicial, que funcionarán en las cinco circunscripciones de la provincia —el primero será inaugurado el mes próximo en nuestra ciudad—, donde estarán, precisamente, las oficinas de mediación y de asistencia a la víctima, y que en el futuro concentrarán también otros servicios.

El andamiaje legal

Pero febrero será también el mes en que se sienten las bases para el funcionamiento de todo el nuevo esquema, algo que ocurrirá a partir de la remisión a la Legislatura de los cinco proyectos en que se asentará, referidos al Ministerio Público de Acusación, el Ministerio Público de Defensa Penal, la reorganización de los tribunales, el programa de protección de testigos y víctimas, y la ley de transición, que oficiará como “puente” para el progresivo traspaso de recursos del sistema actual al nuevo.

Con respecto al programa de protección de testigos y víctimas, Superti explicó que “ahora tenemos uno para víctimas de delitos de lesa humanidad, pero esto será también para los comunes”, contemplando el caso de las personas que no denuncian o no comparecen por temor a represalias o por considerarlo un esfuerzo inútil. “La combinación entre la oficina de asistencia a la víctima y la dirección de protección a testigos y víctimas va a generar, pensamos nosotros, una respuesta política adecuada a esa sensación de abandono que sufren muchos ciudadanos, con una base de realidad”, definió Superti.

El ministro indicó que “el Estado tiene un sistema de protección para todos los ciudadanos. Pero, en una situación crítica, como es la de ser víctima o testigo en un proceso penal —donde esa condición puede acarrear otras consecuencias, emocionales, sociales, económicas o de seguridad—, el Estado debe tener un plan específico”.

Al pedírsele que describiera las características del programa, sostuvo que la persona que ingresa en él tiene “un menú de posibilidades, tanto en el acompañamiento psicológico, emocional o económico, como para la seguridad física”. En este último caso, será a través de “una repartición policial específica, creada al efecto, con entrenamiento especial y que no depende del jefe de Policía, sino del ministro de Seguridad”. Aclaró, además, que esto no reemplaza a otras políticas, sino que tiene carácter temporal: comienza cuando se produce la causa y termina cuando ésta desaparece.

Otro modelo de gestión

“Los tribunales penales van a tener una dinámica de funcionamiento distinta”, explicó el ministro. Y es que, por un lado, “los jueces no van a tener juzgados, van a ser jueces de un colegio”. En la práctica, habrá un “colegio” para la primera instancia y otro para la segunda. En la primera, a su vez, habrá dos secciones: la de los integrantes del tribunal oral —encargados de juzgar— y la de instrucción penal preparatoria, que funcionará basándose en turnos, y cuyos integrantes lo serán por un año, y luego les tocará volver a la ronda de sorteos, para integrar los tribunales orales o ser jueces de ejecución penal. “Ése es el modelo, no es fácil el cambio y la capacitación es fundamental”.

Por eso, la ley no solamente organiza los tribunales en este esquema de colegios, sino también la Oficina de Gestión Judicial. “Porque, en el nuevo diseño, los jueces se tienen que dedicar a trabajar de jueces. Y el gerenciamiento lo tienen que hacer expertos en administración de empresas, para lograr la mayor eficiencia al menor costo posible”.

Entre las tareas de esta oficina estará la de asignar los turnos para utilizar las salas de audiencia, e indicar al magistrado los días, horarios y tribunales que le corresponden, lo que permitirá utilizar la infraestructura durante muchas horas del día, con distinta dotación de personal, según el caso.

Publicado originalmente en el sitio "El Litorial.com", el 26 de Enero de 2009.