Páginas de Mediación Monterrey
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La No Violencia y el Derecho
Avances de la Mediación en la Tierra del Fuego, Argentina
Casa de la Justicia en Tohuin
http://www.tiempofueguino.com.ar/cms/tiempofueguino_sp/content/view/7475/31/
Mediación y Arbitraje en el libro "Obra en Homenaje a Rodolfo Cruz Miramontes"
En el Tomo 1 se dedica un apartado a la Mediación y el Arbitraje con grandes exponentes en el tema como José Luís Sequeiros, Francisco González de Cossio, Francisco Javier Gorjón Gómez y James Graham entre otros.
Les recomendamos esta reciente obra que será del deleite de los juristas y de los interesados en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Puede conseguirse físicamente en librerías o consultarse de manera virtual en la Biblioteca jurídica electrónica del IIJ de la UNAM.
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2552
OBRA EN HOMENAJE A RODOLFO CRUZ MIRAMONTES
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
Reflexiones en torno al papel del abogado dentro de los procesos de mediación
Blanco Escandón, Celia
Solución de controversias en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y la Unión Europea
Contreras Vaca, Francisco José
Mecanismos alternativos de solución de controversias
Estavillo Castro, Fernando
Solución de controversias comerciales on line: algunos comentarios y reflexiones a la luz del derecho internacional
El laudo arbitral no motivado. Vía de solución poco explorada en México
Gómez-Palacio, Ignacio
El árbitro. Homenaje al doctor Rodolfo Cruz Miramontes
González de Cossio, Francisco
Mediación y arbitraje, factores de internacionalización del sistema judicial
Gorgón Gómez, Francisco Javier
La atracción de los no firmantes de la cláusula compromisoria en los procedimientos arbitrales
Graham, James A.
El arbitraje internacional público y privado en la obra de Rodolfo Cruz Miramontes
Rábago Dorbecker, Miguel
La controversia entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay sobre las “pasteras” en el ámbito del Mercosur. El laudo del tribunal arbitral ad hoc de septiembre de 2006
Rey Caro, Ernesto J.
Consideraciones iniciales para la presentación de una reclamación d e arbitraje en materia de inversión del capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Romero Jiménez, Máximo
Los procesos arbitrales
Serrano Figueroa, Rafael Ángel
La persona humana y el arbitraje internacional privado
Siqueiros, José Luis
Día del Planeta: Por la Paz con la Tierra
Mediación en Ejecuciones Hipotecarias en Nueva York
Las Transformaciones del Derecho en Iberoamérica: Visión 2008 de los MASC en México
El evento estuvo enmarcado dentro de las actividades del II Concurso Nacional del CEDDAL en México, la presentación corrió a cargo del Director de la FACDYC; Dr. José Luís Prado Maillard y los editores del texto; la Dra. Ángela Figueruelo Burrieza y el Dr. Francisco Javier Gorjón Gómez.
El documento es un esfuerzo conjunto por parte de académicos e investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Salamanca, España (una de las más antiguas del mundo) por mostrar la realidad jurídica que se vive tanto en nuestro país como en la Madre Patria.
El texto abarca también los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la Mediación, motivo de nuestro sitio, en el apartado “Visión 2008 de los MASC en México: referente latinoamericano” a cargo del Dr. Francisco Javier Gorjón Gómez y del MC. José Benito Pérez Sauceda.
“Las Transformaciones del Derecho en Iberoamérica” de Editorial Comares ya se vende desde el año pasado en España y próximamente en nuestro país. El libro formó parte de los festejos del 75 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del 50 aniversario de la Facultad de Derecho y Criminología en Ciudad Universitaria.
PARTE PRIMERA APORTACIONES DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (MÉXICO)
Los Métodos Alternos desde la Perspectiva Internacional
La especialista en MASC hizo un interesante recorrido sobre las diferentes regulaciones de justicia alternativa vigentes en el país ibérico, haciendo énfasis en las normativas sobre mediación familiar.
Ejemplos prácticos, interesantes estadísticas y comparativos sobre la situación que se vive en Europa respecto a los MASC predominaron en su exposición.
La Dra. Martha Gonzalo respondió amablemente las preguntas del auditorio, haciendo una invitación a continuar impulsando los métodos “originales” de solución de controversias pues argumentó que la Mediación y el Arbitraje fueron los mecanismos como se solucionaban los conflictos antes de la instauración del Estado Moderno.
- La aplicación de la Mediación esta rebasando al ejercicio del Arbitraje en España.
- Las Leyes autonómicas de Mediación Familiar españolas carecen de homologación y concordancia
- La Directiva 2008/52/UE es insuficiente.
- Inglaterra y Argentina, países que cuentan con Mediación Obligatoria. Presentan un 50% y un 40% de resolución de sus conflictos respectivamente mediante los MASC. Su población tiene una mejor aceptación al trabajo de la justicia que en los países donde la Mediación no es obligatoria o no se aplica
Se instala Tribunal de Justicia Restaurativa en el Salvador
Califican de excelentes los resultados de la mediación familiar en España
Frente a las competencia autonómica de esté ámbito, Bustelo apostó por la elaboración de una ley estatal de mediación, después de que se haya aprobado una directiva europea en esta materia.
"No hay una cultura de la mediación"
Vidal Raffo afirmó que hay más de 4500 especialistas recibidos en esta materia
"En la última década, casi 6000 abogados se recibieron de mediadores. Hoy somos 4520 en actividad", afirma Vidal Raffo, abogado experto en seguros y uno de los primeros mediadores matriculados en la ciudad.
Hace once años, una ley dispuso que la mediación fuera un paso previo ineludible para iniciar casi cualquier juicio en los tribunales porteños. Desde entonces, es un fenómeno que parece no haber alcanzado su techo.
Cuando el Congreso puso en marcha la mediación obligatoria, lo hizo como un programa piloto. Fue un éxito. "No hay números oficiales, pero las estadísticas indican que los mediadores han logrado resolver casi la mitad de los casos que se presentaron", dice Vidal Raffo. Así, la mediación se convirtió en un alivio para los tribunales porteños, siempre al límite del colapso.
El Club de Abogados Mediadores acaba de cumplir un año. Su primera reunión fue en un restaurante, una noche de invierno, en Barrio Norte. Vidal Raffo reunió a un grupo de amigos ("lo más heterogéneo posible", relata) y le contó su idea. Se entusiasmaron y con el tiempo la mesa se fue agrandando. Hoy, son unas 50 personas.
"Somos un grupo de amigos mediadores que nos reunimos para exigir el cumplimiento de las normas de ética, tender a la excelencia en la profesión y defender los intereses de los mediadores", cuenta.
La queja principal de sus colegas es por los honorarios. "Son bajísimos", dice Vidal Raffo. En asuntos de hasta 3000 pesos, la tarifa es de 150 pesos; hasta 6000, es de 300, y en casos de mayor monto, es de 600. "Y cada mediación puede requerir unas cuantas reuniones", advierte.
"Pero no queremos hacer de esto nuestra bandera. No tenemos ánimo de sindicato. Lo que queremos es ser una entidad seria, calificada, a la que los profesionales puedan recurrir en consulta por temas determinados", dice el presidente de esta agrupación, que él define como "un club al estilo inglés, una reunión de amigos con un sentido de pertenencia".
Ahora se reúnen una vez por mes, organizan actos académicos, cursos y charlas con jueces, profesores y expertos en mediación. -¿Qué porcentaje de casos se resuelven en mediación?
-No hay estadísticas ciertas porque no todos los mediadores informan al Ministerio de Justicia el resultado de la mediación, pero se calcula que un 40 por ciento de los casos... Son muchos los asuntos que se arreglan y, en los casos que no, las partes llegan al juicio más preparados para lograr a un acuerdo, conscientes de sus derechos y sus deberes. La mediación es una gran herramienta para pacificar la sociedad conflictiva y educar al ciudadano.
La Directiva 2008/52/EC de la Unión Europea en Mediación Civil y Mercantil
-Mundo Mediación-
-Mediación Civil-
-Mediación Mercantil-
Una directiva de la Unión Europea sobre determinados aspectos de mediación en materia civil y mercantil se aprobó en 2008 con el objetivo de facilitar la solución amistosa de controversias entre los europeos. El ámbito de aplicación de la directiva de mediación se limita a los litigios transfronterizos. Más concretamente, se aplica a los litigios en los que al menos una de las partes esté domiciliada o sea residente habitual de un Estado miembro distinto del de las demás partes en el momento de la mediación es acordado.
La Unión Europea (UE), la Directiva 2008/52/EC (la Directiva), relativa a determinadas mediación en materia civil y mercantil se aplica a todos los Estados miembros de la UE, con la excepción de Dinamarca, los Estados miembros y se espera que adopten la legislación relacionada con el antes de junio de 2011. La Directiva establece que está limitada en el ámbito de aplicación a los litigios transfronterizos, es decir, se aplica a las controversias en las que al menos una de las partes esté domiciliada o resida habitualmente en un Estado miembro distinto del de cualquier otra parte en el momento en que la mediación está de acuerdo. Las disposiciones de la directiva se aplicará a la mediación civil y controversias, con la excepción de las controversias que comprende los derechos y obligaciones de las partes que no son libres de acordar en virtud de las leyes pertinentes. Esto puede limitar la aplicación de la Directiva en los ámbitos de la familia y la legislación laboral en particular.
¿Cómo funciona la directiva de la UE sobre Mediación de definir el proceso de mediación?
El artículo 3 de la Directiva define la mediación como "un proceso estructurado, sin embargo su nombre o denominación, según el cual dos o más partes en un litigio intentan por sí mismos, con carácter voluntario, para llegar a un acuerdo amistoso sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador ". Esta lengua subraya el carácter voluntario de las partes a participar en un proceso de mediación que ha comenzado, en contraposición a la cuestión de si para participar en el primer lugar, que pueden ser obligatoriamente ordenada por un juez o establecidas por un estatuto. Este hecho se destacó en la definición de la mediación en el artículo 3, que sigue afirmando que el proceso puede ser iniciado "por las partes u ordenado por un órgano jurisdiccional, o prescrito por una ley de un Estado miembro".
¿Cómo se regula la confidencialidad de la directiva de la UE en la mediación?
El artículo 7 de la Directiva se refiere a la confidencialidad de la mediación, afirmando que "la mediación debe efectuarse de manera que se respete la confidencialidad." Asimismo, proporciona un requisito que ni mediadores, ni los que participan en la administración del proceso de mediación podrá ser obligado a prestar declaración en los procedimientos judiciales o de arbitraje en relación con el contenido del proceso de mediación, a menos que las partes acuerden otra cosa. Además de el acuerdo de las partes, esta limitación también pueden ser superados en los casos de consideraciones de orden público, así como cuando la revelación del contenido sea necesaria para la aplicación o la ejecución del acuerdo. Artículo 4 de la Directiva prevé la publicación y aprobación de un código de conducta para los mediadores. El artículo 9 de la Directiva establece que los Estados miembros deberían fomentar la difusión de información al público en relación con los mediadores y la mediación en las organizaciones.
¿Cuál es el papel del tribunal en la facilitación de la mediación?
Artículo 5 de la Directiva permite que el tribunal, cuando sea apropiado, se invite a las partes a utilizar la mediación para resolver su controversia. Esta disposición se entiende sin perjuicio de la legislación nacional la prestación obligatoria de mediación o sancionar la falta de utilización de la misma.
¿Cuáles son las implicaciones del artículo 5 de la Directiva sobre el derecho de acceso a los tribunales?
La Directiva establece que la legislación nacional la prestación obligatoria de mediación o sancionar la falta de uso no debe impedir el acceso a la justicia, ya que esa barrera puede constituir una infracción del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece el derecho a un juicio justo y audiencia pública.
¿El límite de la Directiva de la aplicación de sus disposiciones sólo a la mediación de litigios transfronterizos?
Sí. Las disposiciones sólo se aplicarán a la mediación en los litigios transfronterizos, aunque esto no impide que los Estados miembros de adoptar disposiciones similares en sus respectivas legislaciones internas de los procesos de mediación.
Del sitio “IBLS: Internet Business Law Services”
http://www.ibls.es/internet_law_news_portal_view.aspx?s=articles&id=E04D0CA8-8E50-441E-B032-FE4832FC29B2
Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 61, letra c), y su artículo 67, apartado 5, segundo guión,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo [1],
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [2],
Considerando lo siguiente:
(1) La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia donde esté garantizada la libre circulación de personas. Con este fin, la Comunidad debe adoptar, entre otras cosas, las medidas de cooperación judicial en materia civil que sean necesarias para el correcto funcionamiento del mercado interior.
(2) El principio de acceso a la justicia es fundamental y, con vistas a facilitar y mejorar el acceso a la justicia, el Consejo Europeo, en su reunión de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, instó a los Estados miembros a que instauraran procedimientos alternativos de carácter extrajudicial.
(3) En mayo de 2000, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre modalidades alternativas de solución de conflictos en asuntos civiles y mercantiles, en las que indicó que la definición de principios fundamentales en ese ámbito constituye un paso fundamental para permitir el desarrollo y funcionamiento adecuados de los procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos en asuntos civiles y mercantiles, de manera que se simplifique y mejore el acceso a la justicia.
(4) En abril de 2002, la Comisión presentó un Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil en el que hacía balance de la situación imperante en lo que respecta a métodos de solución en la Unión Europea y con el que inició una amplia consulta con los Estados miembros y las partes interesadas sobre posibles medidas para promover el uso de la mediación.
(5) El objetivo de asegurar un mejor acceso a la justicia, como parte de la política de la Unión Europea encaminada a establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia, debe abarcar el acceso a métodos tanto judiciales como extrajudiciales de resolución de litigios. La presente Directiva debe contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, en particular en lo referente a la disponibilidad de servicios de mediación.
(6) La mediación puede dar una solución extrajudicial económica y rápida a conflictos en asuntos civiles y mercantiles, mediante procedimientos adaptados a las necesidades de las partes. Es más probable que los acuerdos resultantes de la mediación se cumplan voluntariamente y también que preserven una relación amistosa y viable entre las partes. Estos beneficios son aún más perceptibles en situaciones que presentan elementos transfronterizos.
(7) Para promover el uso más frecuente de la mediación y garantizar que las partes que recurran a ella puedan contar con marco jurídico predecible, es necesario establecer una legislación marco que aborde, en particular, los aspectos fundamentales del procedimiento civil.
(8) Las disposiciones de la presente Directiva solo se refieren a los procedimientos de mediación en litigios transfronterizos, pero nada debe impedir que los Estados miembros apliquen dichas disposiciones también a procedimientos de mediación de carácter nacional.
(9) La presente Directiva no debe impedir en modo alguno la utilización de las nuevas tecnologías de comunicaciones en los procedimientos de mediación.
(10) La presente Directiva debe aplicarse a los procedimientos en los que dos o más partes en un conflicto transfronterizo intenten voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo amistoso sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Debe aplicarse a asuntos civiles y mercantiles. No obstante no debe aplicarse a los derechos y obligaciones que las partes no sean libres de decidir por sí mismas en virtud de la legislación aplicable pertinente. Estos derechos y obligaciones son especialmente frecuentes en los ámbitos del Derecho de familia y del Derecho laboral.
(11) La presente Directiva no debe aplicarse a las negociaciones precontractuales ni a los procedimientos de carácter cuasi jurisdiccional como determinados mecanismos de conciliación judicial, los sistemas aplicables a las reclamaciones de consumo, el arbitraje, y la determinación por experto, y tampoco a los procesos administrados por personas u órganos que formulan recomendaciones formales, ya sean jurídicamente vinculantes o no, sobre la solución del conflicto.
(12) La presente Directiva debe ser aplicable a los casos en que un órgano jurisdiccional remite a las partes a la mediación o en que la legislación nacional prescribe la mediación. Debe asimismo ser aplicable, en la medida en que el Derecho nacional permita a un juez actuar como mediador, a la mediación llevada a cabo por un juez que no sea responsable de ningún proceso judicial relacionado con la cuestión o cuestiones objeto del litigio. No obstante, deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva las gestiones que el órgano jurisdiccional o juez competente para conocer del conflicto realice en el contexto de un proceso judicial relativo a dicho conflicto, así como los casos en los que el órgano jurisdiccional o el juez solicitan ayuda o asesoramiento de una persona competente.
(13) La mediación a que se refiere la presente Directiva debe ser un procedimiento voluntario, en el sentido de que las partes se responsabilizan de él y pueden organizarlo como lo deseen y darlo por terminado en cualquier momento. No obstante, el Derecho nacional debe dar a los órganos jurisdiccionales la posibilidad de establecer límites temporales al procedimiento de mediación; por otra parte, también deben poder señalar a las partes la posibilidad de la mediación, cuando resulte oportuno.
(14) Nada de lo dispuesto en la presente Directiva debe afectar a la legislación nacional que haga obligatorio el uso de la mediación o que la someta a incentivos o sanciones, siempre que tal legislación no impida a las partes el ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial. Tampoco afectará nada de lo dispuesto en la presente Directiva a los sistemas de mediación autorreguladores vigentes, en la medida en que se ocupen de aspectos que no estén cubiertos por la presente Directiva.
(15) Para ofrecer seguridad jurídica, la presente Directiva debe indicar la fecha que ha de tenerse en cuenta para determinar si un litigio que las partes intentan resolver por mediación reviste o no carácter transfronterizo. A falta de acuerdo escrito, debe considerarse que las partes convienen en recurrir a la mediación en la fecha en que toman medidas concretas para iniciar el procedimiento de mediación.
(16) Para asegurar la necesaria confianza mutua en lo que respecta a la confidencialidad, el efecto sobre los plazos de caducidad y prescripción, y el reconocimiento y ejecución de los acuerdos resultantes de la mediación, los Estados miembros deben promover, por los medios que consideren adecuados, la formación de mediadores y el establecimiento de mecanismos eficaces de control de calidad relativos a la prestación de servicios de mediación.
(17) Los Estados miembros deben definir mecanismos de este tipo, que pueden incluir el recurso a soluciones disponibles en el mercado, pero no deben quedar obligados a aportar financiación para ello. Los mencionados mecanismos deben aspirar a preservar la flexibilidad del procedimiento de mediación y la autonomía de las partes, y a garantizar que la mediación se lleve a cabo de una forma eficaz, imparcial y competente. Es importante que se informe a los mediadores de la existencia del Código de conducta europeo para los mediadores, al que también debe poder acceder el público en general a través de Internet.
(18) En el ámbito de la protección del consumidor, la Comisión adoptó una Recomendación [3] que establece los criterios mínimos de calidad que los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo deben ofrecer a sus usuarios. Se debe alentar a todos los mediadores u organizaciones que entran en el ámbito de aplicación de dicha Recomendación a que respeten sus principios. Para facilitar la difusión de la información relativa a tales órganos, la Comisión debe crear una base de datos de los sistemas extrajudiciales que, a juicio de los Estados miembros, respetan los principios de la Recomendación.
(19) La mediación no debe considerarse como una alternativa peor que el proceso judicial por el hecho de que el cumplimiento del acuerdo resultante de la mediación dependa de la buena voluntad de las partes. Por tanto, los Estados miembros deben asegurar que las partes en un acuerdo escrito resultante de la mediación puedan hacer que su contenido tenga fuerza ejecutiva. Los Estados miembros solamente deben poder negarse a que un acuerdo tenga fuerza ejecutiva cuando su contenido sea contrario a su legislación, incluido su Derecho internacional privado, o cuando esta no disponga la fuerza ejecutiva del contenido del acuerdo específico. Así podría ocurrir cuando la obligación especificada en el acuerdo no tuviese fuerza ejecutiva por su propia índole.
(20) El contenido de los acuerdos resultantes de la mediación que hayan adquirido carácter ejecutivo en un Estado miembro debe ser reconocido y declarado ejecutivo en los demás Estados miembros, de conformidad con la legislación comunitaria o nacional aplicable, por ejemplo sobre la base del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [4], o del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental [5].
(21) El Reglamento (CE) no 2201/2003 dispone expresamente que los acuerdos entre las partes deben tener fuerza ejecutiva en el Estado miembro en el que se han celebrado para poder ser ejecutivos en otro Estado miembro. Por consiguiente, si el contenido de un acuerdo resultante de la mediación en el ámbito del Derecho de familia no tiene fuerza ejecutiva en el Estado miembro en el que ha sido celebrado o en el que se solicita que se le dé carácter ejecutivo, la presente Directiva no debe alentar a las partes a eludir la legislación del Estado miembro en cuestión mediante gestiones encaminadas a dotarlo de fuerza ejecutiva en otro Estado miembro.
(22) La presente Directiva no afectará a las normas de los Estados miembros aplicables a la ejecución de acuerdos que sean resultado de una mediación.
(23) Dada la importancia de la confidencialidad en el procedimiento de mediación, es necesario que la presente Directiva contenga disposiciones que estipulen un grado mínimo de compatibilidad de las normas procesales civiles en lo que se refiere al modo en que se protege la confidencialidad de la mediación en todo proceso judicial o de arbitraje ulterior, ya sea de carácter civil o mercantil.
(24) Con el fin de alentar a las partes a hacer uso de la mediación, los Estados miembros deben garantizar que sus normas sobre plazos de caducidad y prescripción no impidan a las partes recurrir a los tribunales o al arbitraje en caso de que fracase su intento de mediación. Los Estados miembros deben asegurarse de que se obtenga este resultado, aun cuando la presente Directiva no armonice las normas nacionales sobre prescripción y caducidad. Las disposiciones sobre los plazos de caducidad y prescripción de los acuerdos internacionales, tal como se aplican en los Estados miembros, por ejemplo en el ámbito de la legislación sobre transportes, no deben verse afectadas por la presente Directiva.
(25) Los Estados miembros deben alentar a que se informe al público en general de la forma de entablar contacto con mediadores y organizaciones que presten servicios de mediación. También deben alentar a los profesionales del Derecho a informar a sus clientes de las posibilidades que ofrece la mediación.
(26) De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional “Legislar mejor” [6], se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre las directivas y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.
(27) La presente Directiva trata de promover los derechos fundamentales y tiene en cuenta los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(28) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión o a los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad está facultada para adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(29) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han comunicado su voluntad de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.
(30) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y, por tanto, no está vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
Finalidad y ámbito de aplicación
1. El objetivo de la presente Directiva es facilitar el acceso a modalidades alternativas de solución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial.
2. La presente Directiva se aplicará, en los litigios transfronterizos, en los asuntos civiles y mercantiles, con la salvedad de aquellos derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación pertinente. No se aplicará, en particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos ni a la responsabilidad del Estado por actos u omisiones en el ejercicio de su autoridad soberana (acta iure imperii).
3. En la presente Directiva, se entenderá por “Estado miembro” cualquier Estado miembro, con excepción de Dinamarca.
Artículo 2
Litigios transfronterizos
1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por litigio transfronterizo aquel en que al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado miembro distinto del Estado miembro de cualquiera de las otras partes en la fecha en que:
a) las partes acuerden hacer uso de la mediación una vez surgido el litigio, o
b) un tribunal dicte la mediación,
c) sea obligatorio recurrir a la mediación a tenor de la legislación nacional, o
d) a efectos del artículo 5, se remita una invitación a las partes.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, a efectos de los artículos 7 y 8 de la presente Directiva, también se entenderá por litigio transfronterizo aquel en el que se inicie un procedimiento judicial o un arbitraje tras la mediación entre las partes en un Estado miembro distinto de aquel en que las partes estén domiciliadas o residan habitualmente en la fecha que contempla el apartado 1, letras a), b) o c).
3. A efectos de los apartados 1 y 2, el domicilio se determinará de conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento (CE) no 44/2001.
Artículo 3
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) “mediación”: un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Este procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado miembro.
Incluye la mediación llevada a cabo por un juez que no sea responsable de ningún procedimiento judicial vinculado a dicho litigio. No incluye las gestiones para resolver el litigio que el órgano jurisdiccional o el juez competentes para conocer de él realicen en el curso del proceso judicial referente a ese litigio;
b) “mediador”: todo tercero a quien se pida que lleve a cabo una mediación de forma eficaz, imparcial y competente, independientemente de su denominación o profesión en el Estado miembro en cuestión y del modo en que haya sido designado o se le haya solicitado que lleve a cabo la mediación.
Artículo 4
Calidad de la mediación
1. Los Estados miembros fomentarán, de la forma que consideren conveniente, la elaboración de códigos de conducta voluntarios y la adhesión de los mediadores y las organizaciones que presten servicios de mediación a dichos códigos, así como otros mecanismos efectivos de control de calidad referentes a la prestación de servicios de mediación.
2. Los Estados miembros fomentarán la formación inicial y continua de mediadores para garantizar que la mediación se lleve a cabo de forma eficaz, imparcial y competente en relación con las partes.
Artículo 5
Recurso a la mediación
1. El órgano jurisdiccional que conozca de un asunto, cuando proceda y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, podrá proponer a las partes que recurran a la mediación para solucionar el litigio. Asimismo el órgano jurisdiccional podrá pedir a las partes que asistan a una sesión informativa sobre el uso de la mediación, si se celebran tales sesiones y si son fácilmente accesibles.
2. La presente Directiva no afectará a la legislación nacional que estipule la obligatoriedad de la mediación o que la someta a incentivos o sanciones, ya sea antes o después de la incoación del proceso judicial, siempre que tal legislación no impida a las partes el ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial.
Artículo 6
Carácter ejecutivo de los acuerdos resultantes de la mediación
1. Los Estados miembros garantizarán que las partes, o una de ellas con el consentimiento explícito de las demás, puedan solicitar que se dé carácter ejecutivo al contenido de un acuerdo escrito resultante de una mediación. El contenido de tal acuerdo se hará ejecutivo a menos que, en el caso de que se trate, bien el contenido de ese acuerdo sea contrario al Derecho del Estado miembro donde se formule la solicitud, bien la legislación de ese Estado miembro no contemple su carácter ejecutivo.
2. El contenido del acuerdo podrá adquirir carácter ejecutivo en virtud de sentencia, resolución o acto auténtico emanado de un órgano jurisdiccional u otra autoridad competente, de conformidad con la legislación del Estado miembro en el que se formule la solicitud.
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los órganos jurisdiccionales u otras autoridades competentes para recibir una solicitud de conformidad con los apartados 1 y 2.
4. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las normas aplicables al reconocimiento y a la ejecución en otro Estado miembro de un acuerdo que haya adquirido carácter ejecutivo de conformidad con el apartado 1.
Artículo 7
Confidencialidad de la mediación
1. Dado que la mediación debe efectuarse de manera que se preserve la confidencialidad, los Estados miembros garantizarán, salvo acuerdo contrario de las partes, que ni los mediadores ni las personas que participan en la administración del procedimiento de mediación estén obligados a declarar, en un proceso judicial civil o mercantil o en un arbitraje, sobre la información derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con dicho proceso, excepto:
a) cuando sea necesario por razones imperiosas de orden público en el Estado miembro de que se trate, en particular cuando así lo requiera la protección del interés superior del menor o la prevención de daños a la integridad física o psicológica de una persona, o
b) cuando el conocimiento del contenido del acuerdo resultante de la mediación sea necesaria para aplicar o ejecutar dicho acuerdo.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirá a los Estados miembros aplicar medidas más estrictas para proteger la confidencialidad de la mediación.
Artículo 8
Efecto de la mediación sobre los plazos de caducidad y prescripción
1. Los Estados miembros garantizarán que el hecho de que las partes que opten por la mediación con ánimo de solucionar un litigio no les impida posteriormente iniciar un proceso judicial o un arbitraje en relación con dicho litigio por haber vencido los plazos de caducidad o prescripción durante el procedimiento de mediación.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de las disposiciones sobre plazos de caducidad o prescripción incluidas en los acuerdos internacionales en que sean partes los Estados miembros.
Artículo 9
Información al público
Los Estados miembros fomentarán, por los medios que consideren oportunos, el acceso del público en general, en particular vía Internet, a la información sobre la forma de ponerse en contacto con mediadores y organismos que presten servicios de mediación.
Artículo 10
Información sobre los órganos jurisdiccionales y autoridades competentes
La Comisión hará accesible públicamente, por los medios que considere oportunos, la información sobre los órganos jurisdiccionales o autoridades competentes que le hayan comunicado los Estados miembros de conformidad con el artículo 6, apartado 3.
Artículo 11
Revisión
A más tardar el 21 de mayo de 2016, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. El informe examinará el desarrollo de la mediación en la Unión Europea y el impacto de la presente Directiva en los Estados miembros. Si es necesario, el informe irá acompañado de propuestas de adaptación de la presente Directiva.
Artículo 12
Incorporación al ordenamiento jurídico de los Estados miembros
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva antes del 21 de mayo de 2011, con excepción del artículo 10, al que deberá darse cumplimiento el 21 de noviembre de 2010 a más tardar. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 13
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 14
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
Hecho en Estrasburgo, el 21 de mayo de 2008.
Por el Parlamento Europeo
El Presidente
H.-G. Pöttering
Por el Consejo
El Presidente
J. Lenarčič
[1] DO C 286 de 17.11.2005, p. 1.
[2] Dictamen del Parlamento Europeo de 29 de marzo de 2007 (DO C 27 E de 31.1.2008, p. 129), Posición Común del Consejo de 28 de febrero de 2008 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Posición del Parlamento Europeo de 23 de abril de 2008 (no publicada aún en el Diario Oficial).
[3] Recomendación 2001/310/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo (DO L 109 de 19.4.2001, p. 56).
[4] DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1791/2006 (DO L 363 de 20.12.2006, p. 1).
[5] DO L 338 de 23.12.2003, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 2116/2004 (DO L 367 de 14.12.2004, p. 1).
[6] DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
Promueven mediación en dependencias de Tamaulipas
Ciudad Victoria.- Con más de 560 funcionarios capacitados en los sectores público y privado, el Instituto de Mediación de Tamaulipas promueve la práctica de este recurso alternativo como una herramienta eficaz en la solución de conflictos que permita a la sociedad la convivencia en un clima de tranquilidad y armonía.
Eduardo Garza Rivas, director general del Instituto aseguró que mediante este procedimiento se pueden resolver de manera rápida y de común acuerdo problemas de índole familiar, empresarial, escolar, comercial, y otros que se suscitan de forma cotidiana, extrajudicialmente, permitiendo liberar así al Poder Judicial de una gran carga ocupacional.
Y es que los mecanismos de mediación garantizan el derecho de los ciudadanos de solucionar sus diferencias mediante sistemas alternativos de solución de controversias y son utilizados por las sociedades mas avanzadas del mundo.
“Exhortamos a todos los tamaulipecos con cualquier situación de conflicto para que acudan a las oficinas del Instituto de Mediación de Tamaulipas o los sistemas DIF municipales, donde serán atendidos por personal capacitado”.
Garza Rivas destacó que desde el pasado mes de noviembre a la fecha se han impartido los cursos Introducción a la Mediación y Avanzado en Mediación Familiar en dependencias como el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, DIF Municipales, Dirección General del Trabajo y Previsión Social, Centro de Ejecución de Sanciones, Delegaciones de la Procuraduría General de Justicia, ICEST Tampico, entre otros.
Mediadores en conflictos intracarcelarios
Se trata del Programa Provincial de Mediación en contextos de encierro, que creó el gobierno provincial para resolver esas problemáticas y garantizar a los detenidos una convivencia armónica.
El programa fue creado por el decreto 141, firmado por el gobernador Scioli y su ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, publicado hoy en el Boletín Oficial.
En sus fundamentos, el decreto precisa que "la convivencia de miles de personas en contextos de encierro en la Provincia genera de ordinario episodios de violencia extrema, que muchas veces son la consecuencia directa de la forma de dirimir diferencias entre los internos, o entre ellos y el personal penitenciario".
"Distintos y cotidianos conflictos de intereses, interpersonales o intergrupales, disputas por la asignación y la legitimación de roles, se saldan de ordinario imponiendo una visión unilateral que responde en muchos casos a la relación de fuerzas interna y la violencia", precisa el decreto.
El decreto remarca que "si los prisioneros son ciudadanos a los cuales se les limita únicamente el derecho a su libertad física por el término que corresponde, deben como tales acceder de manera irrestricta al resto de los derechos y garantías que no les han sido enervados".
"Uno de esos derechos lo constituye el derecho a un desarrollo en paz, para loo cual las modalidades alternativas o no violentas de resolución de conflictos importan un insumo fundamental a tales fines", señala el texto de la norma.
El decreto reconoce que será necesario capacitar a los internos y al personal penitenciario, que "deberán reformular las lógicas disuasivas de solución de problemas".
Para la puesta en marcha de este programa, cada unidad carcelaria deberá contar con un gabinete técnico científico multidisciplinario, integrado por profesionales y técnicos del Servicio Penitenciario provincial.
Ese gabinete será el encargado de evaluar y seleccionar a los internos que actuarán como mediadores.
El decreto precisa que los principios en que se basa el programa son: lógicas no violentas ni punitivas en la resolución de los conflictos que se susciten intramuros, celeridad, autonomía de la voluntad de las partes, igualdad de las partes, confidencialidad, privacidad, informalidad y flexibilidad del procedimiento, buena fe, solidaridad, mediación.
"El mediador será siempre un interno elegido por el mutuo consentimiento de las partes.
Desempeñará el rol de simple comunicador entre las mismas, situando correctamente la cuestión objeto del conflicto, no es árbitro ni juez, ya que no es él quien resuelve en definitiva, sino que lo hacen las partes implicadas", detalla el decreto.
Mediación Monterrey
Mediación Monterrey. Por una regia y pacífica solución. Creador/Coordinador: José Benito Pérez Sauceda. Mediación Monterrey desde 2008.